Canarias recurrirá ante Europa la tasa a las emisiones de los barcos: "Hay navieras que estudian abandonar los puertos isleños"

La medida europea que obliga al transporte marítimo a pagar por sus emisiones de gases de efecto invernadero está encareciendo las mercancías que se importan y exportan desde el Archipiélago. Los buques que pasan por los puertos isleños llevan pagando por el 100% de sus emisiones desde el pasado 1 de enero, cuando entró en vigor el primer mercado mundial del carbono para el transporte marítimo (ETS o Emissions Trading System). Sin embargo, los barcos que parten desde países extracomunitarios y pasan por Canarias en su trayecto hacia el norte de Europa solo deben abonar la cuantía relativa al 50% de sus emisiones. Esta «desventaja» es lo que llevará al Gobierno regional a recurrir esta medida ante Bruselas, como anunció ayer su vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos Manuel Domínguez.

Para entender cómo afecta la entrada del Archipiélago en el ETS antes hay que conocer su dependencia económica con respecto al transporte marítimo, tanto por su lejanía con el resto de territorios como por su condición archipelágica. La mayoría de los alimentos que se consumen en las Islas entran por sus puertos. Y también sus exportaciones se realizan principalmente por la vía marítima. «Estamos preocupados porque el incremento de costes del transporte influye en la cesta de la compra y, por tanto, en el poder adquisitivo de los canarios», valoró Domínguez.

En este sentido, el consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos afirmó ser partidario de «todas las políticas orientadas a la protección medioambiental», pero apostilló  que como las tasas para garantizar el uso de determinados combustibles y reducir la contaminación solo se establecen en los puertos europeos, entre ellos los canarios, la norma resta competitividad con respecto a otros puertos tan cercanos como los africanos.

Navieras que avanzan su marcha de las Islas

De hecho, la nueva tasa está mermando tanto la competitividad marítima que el Ejecutivo canario ha recibido cartas de navieras que avanzan que se marcharán de los puertos isleños una vez que finalice el conflicto en el Mar Rojo –donde los ataques de los insurgentes hutíes del Yemen a navíos que navegan por la zona han llevado a cambiar su ruta a los transportistas–. Esta situación lleva favoreciendo de forma indirecta a las Islas desde octubre de 2023, con un aumento de la actividad portuaria que el Ejecutivo se ha propuesto «consolidar» tratando de conservar el atractivo de sus puertos de cara a las navieras. Pero el futuro de los puertos canarios no parece ahora mismo tan brillante como planean debido a la tasa que les grava en mayor medida que a su competencia.  

Ante este escenario, el Gobierno canario decidió reunir ayer en una mesa de trabajo al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero; al viceconsejero de Economía e Internacionalización, Gustavo González de Vega; al viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Afonso El Jaber; al viceconsejero Infraestructuras, Francisco Javier González Díaz; al viceconsejero del Sector Primario, Eduardo García; al director general de Promoción y Diversificación Económica, Alexis Oliva; y a los presidentes de las dos autoridades portuarias de las Islas, las cámaras de comercio de Canarias, las confederaciones de empresarios, capitanía marítima, el cluster marítimo y representantes de Asinca y Asuican, entre otros.

Los distintos agentes implicados en el transporte marítimo canario acordaron conformar dos comisiones de trabajo. La primera de estas comisiones servirá para analizar cómo la tasa a las emisiones encarece las importaciones y exportaciones a la vez que resta competitividad a los puertos canarios. A la misma se invitará a la Consejería de Transición Ecológica. Mientras tanto, la segunda comisión estudiará el incremento del coste del transporte pero separándolo del impuesto europeo. 

Contacto urgente con Europa

La intención del Gobierno isleño es convocar las dos comisiones «de forma urgente», sobre todo la relativa al mercado del carbono porque según el consejero de Economía, su entrada en vigor está haciendo a los puertos canarios «perder una clientela» que «puede que no recuperen». El Ejecutivo espera que los informes que resulten de estas dos comisiones, junto al trabajo común de todos los agentes implicados para visibilizar los efectos de la tasa en las Islas, sean suficientes para que Bruselas retroceda.

El próximo mes de junio se enviará un informe a Europa que fija en un 28,5% el incremento medio de los costes del transporte en las Islas desde 2019, y en el que el Gobierno pedirá que se ajusten las tarifas que se establecen para el Régimen Específico de Abastecimiento (REA) con el objetivo de aliviar este sobrecoste. «Es cierto que en julio de 2023 hicimos la modificación de balances e importes de las ayudas que no había hecho el Gobierno anterior y en enero de este año adelantamos de nuevo esa modificación con la intención de mitigar en la manera de lo posible esos sobrecostes, pero queremos que desde Europa se haga una reforma definitiva, ajustando las tarifas para dar cobertura a los incrementos que están afectando a la ficha financiera», matizó Domínguez.

El Ejecutivo canario juega con el tiempo en contra porque hasta 2026, Europa no permitirá cambios en la norma que grava las emisiones de gases de efecto invernadero. Aún así, Domínguez llamó a hacer un esfuerzo común para que, a partir de 2026, «Canarias quede exenta».

Suscríbete para seguir leyendo