Por qué los agricultores españoles rechazan los acuerdos de libre comercio con Mercosur, Nueva Zelanda y Marruecos

Una de las peticiones que los agricultores españoles elevarán al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, es equilibrar la balanza de la competencia agraria entre los productores locales y los extracomunitarios. Así, las principales organizaciones agrarias de España -Asaja, COAG y UPA- reclaman la paralización de las negociaciones de acuerdos como el de Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y la paralización de negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia. Al mismo tiempo, reclaman un aumento de los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos importados de este país cumplen con las normativas internas de la Unión Europea y con la reglamentación incluida en el acuerdo de libre comercio. Para el sector, se trata de una exigencia "vital" para recuperar la preferencia comunitaria y "garantizar" la soberanía alimentaria de los Estados miembro. Sin embargo, todos los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y países terceros no son equiparables ni tampoco se pueden modificar de la misma manera. Según el nivel de ratificación de los acuerdos, es más factible o más complicado introducir modificaciones.

¿Qué piden los agricultores de Francia y el resto de Europa? Claves de las protestas

Mercosur, el acuerdo que no llega

Es el cuento de nunca acabar. La Unión Europea ya contaba con acuerdos comerciales de tercera generación a título individual con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pero hubo que esperar hasta el 15 de diciembre de 1995 para ver la firma del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur. Aunque el acuerdo marco entró en vigor el 1 de julio de 1999, la puesta en marcha de una zona de libre cambio para 580 millones de personas se atrasó. Veinte años después, varias polémicas políticas y cientos de negociaciones después, ambas partes firmaron un acuerdo de libre comercio en 2019 que ahora engloba a cerca de 800 millones de personas.

Es, precisamente, el ámbito agrícola el que frena la finalización de las negociaciones de este acuerdo. En él se incluye una apertura absoluta para los productos agroalimentarios de Mercosur, que solo deberán acogerse a garantías legales para proteger 357 indicaciones geográficas europeas, entre ellas el jamón de Jabugo español. El sector europeo se beneficiará, a su vez, de la reducción de los elevados aranceles del Mercosur sobre chocolates y confitería (20%), vinos (27%), licores (20% a 35%) y refrescos (20% a 35%) y proporcionará acceso sin aranceles y sujeto a cuotas a productos lácteos de la UE (actualmente con un arancel del 28%, especialmente los quesos. Mercosur genera el 10,4% de las exportaciones agroalimentarias mundiales y la Unión Europea es su segundo destino (13,2%). España es el segundo destino de los envíos agroalimentarios de Mercosur, con un 21,4% de las ventas a la Unión Europea.

La balanza comercial es deficitaria para los españoles: las exportaciones ascendieron a un total de 63.163 toneladas de productos hortofrutícola e importó 180.406 toneladas en 2022. España es el primer productor de la Unión Europea de frutas y hortalizas (25% de cuota) y el séptimo a nivel mundial, por lo que la llegada masiva de productos del otro lado del Atlántico perjudicaría al campo español. Los agricultores no confían en los posibles beneficios derivados de este acuerdo. Según un estudio de la Secretaría de Estado de Comercio, las exportaciones de España a Mercosur crecerán un 37% "cuando el acuerdo haya desplegado todos sus efectos" y generará una mayor producción (0,23% del PIB) y empleo (0,11%, equivalente a más de 22.000 empleos) en la mayor parte de sectores productivos españoles.

Tampoco convence a los franceses: el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió a la Comisión Europea de la imposibilidad de concluir las negociaciones con Mercosur tal y como están planteadas en la actualidad y el primer ministro del país, Gabriel Attal, reafirmó su oposición. Los agricultores piden al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación su paralización, puesto que "España es la 'avanzadilla' del acuerdo": "Es un acuerdo muy negativo para el sector agrario español", explica Andoni García, miembro ejecutivo de COAG y responsable de organización y acción sindical de la organización.

Nueva Zelanda, a falta de ratificación

Nueva Zelanda es uno de los tantos acuerdos de libre comercio que solo necesitan la ratificación de ambas partes para funcionar al 100%. Sus negociaciones comenzaron en junio de 2018, y tras la aprobación del Parlamento Europeo el pasado 22 de noviembre de 2023, falta la ratificación por parte de Nueva Zelanda. Este es uno de los acuerdos que los agricultores españoles desean paralizar y ajustar a las necesidades del sector. Según apuntan desde el Consejo Europeo, el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Nueva Zelanda (ALC) aumentará hasta un 30% el comercio bilateral y las exportaciones anuales de la Unión Europea podría alcanzar los 4.500 millones de euros. El acuerdo incluye la eliminación de aranceles sobre las exportaciones de alimentación y bebidas (en la actualidad llegan al 5%).

Una vez más, es deficitario para España. Las principales exportaciones de Nueva Zelanda a España son agroalimentarios, principalmente frutos rojos, kiwis y caquis (103,3 toneladas), moluscos (19,5 toneladas) y pescado congelado (12,9 toneladas), según el Informe Bilateral Nueva Zelanda 2022 elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En ese año, los datos de comercio exterior de España respecto a Nueva Zelanda muestran un saldo comercial negativo que ha aumentado un 7,4% en 2022. Ocurre algo parecido con el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá basado en el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), en vigor provisional desde 2016: "Pedimos que se paralice por el impacto en la ganadería", afirma García. En este sentido, los agricultores solicitan al ministerio la creación de "un observatorio sobre las importaciones" y que se refuerce la batalla en Bruselas para exigir reciprocidad "mediante cláusulas espejo" en todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio Unión Europea" para evitar la competencia desleal.

Marruecos, el vecino que no cumple

Existen otros acuerdos más difíciles de modificar por estar ya en vigor. El Acuerdo Euromediterráneo de Asociación UE-Marruecos creó una zona de libre comercio entre ambos en el 2000. Marruecos cuenta con un acuerdo preferencial con la Unión Europea por el que se liberalizan casi todos los productos, a excepción de algunos sujetos a contingentes (como las manzanas o las almendras dulces). Para el resto de países, los aranceles a la importación suelen ascender al 40%. Por su cercanía, España es el primer socio comercial de este país tanto en exportaciones como en importaciones (un 14,1% del total son españolas) con un saldo comercial positivo para la Península Ibérica.

Las importaciones de frutas y verduras marroquís se han multiplicado en la última década: pasaron de 130.700 a 496.000 toneladas de hortalizas entre 2012 y 2022, según datos recopilados por la Federación de Productores de Frutas y Hortalizas (Fepex). Destacan los tomates y las judías verdes (80.000 toneladas), el pimiento (74.000 toneladas), aguacates (18.000 toneladas) e incluso fresas (8.000 toneladas). Además del aumento de importaciones agroalimentarias del país vecino, el sector agrícola español pide que se apliquen los mismos criterios fitosanitarios, revisar el cumplimiento de la normativa europea para sus productos y controlar las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio. Piden que aumenten los controles, puesto que grandes empresas europeas, y también españolas, producen frutas y hortalizas en territorio marroquí a bajo coste y después lo venden en España con otra etiqueta, dañando así a los productores locales. "No negamos el comercio internacional, pero el resto de países deben cumplir unas normas", apunta García.