Frente a la idea del Ejecutivo regional de volver a plantear en la nueva legislatura demandas en las políticas estatales en materias claves para el Archipiélago, el nuevo Gobierno que presidirá Mariano Rajoy se encuentra en las antípodas, contrario a revisar al alza la política territorial, e imposibilitado por la crisis de asumir demandas que generen más gasto público.

Canarias aspira a una serie de reformas y ayudas estatales que sirvan de trampolín para impulsar la economía y salir fortalecida de la crisis, pero el PP está en la dinámica opuesta, no sólo obligado a producir un recorte de más de 41.000 millones en dos años para mantener el objetivo de déficit, sino ideológicamente regresivo en su política territorial.

Cuatro son las materias fundamentales que Canarias va a plantear al nuevo Gobierno central para reajustar su anclaje en el Estado y dotarse de mecanismos de desarrollo económico: la reforma del REF; la reforma del Estatuto de Autonomía con más y nuevas competencias; una nueva financiación autonómica que suponga más recursos para las Islas; y el desarrollo efectivo de la ley de espacios marítimos (aguas canarias) a efectos jurídicos y de aplicación práctica.

Además, los anunciados recortes en materia de inversiones y de ayudas y subvenciones en los próximos presupuestos estatales podrían afectar tanto a los convenios de infraestructuras, como a medidas económicas como la prórroga de las bonificaciones en las tasas aéreas y aeroportuarias en las Islas.

El papel irrelevante en el que ha quedado CC en el Congreso y la circunstancia de un gobierno regional en el que, de nuevo, no está integrado el partido que gobierna en Madrid, en este caso el PP, puede abocar a un nuevo escenario de enfrentamiento entre Canarias y el Estado similar o mayor al que se vivió con el Gobierno socialista en los años 2007 a 2009. La frase puesta a circular por el presidente Rivero, en los inicios de la pasada campaña electoral resume muy bien el escenario que se avecina: "Si Canarias no es un asunto de Estado en la próxima legislatura, será un problema de Estado".