El balance de un acuerdo tardío: 145 millones de euros y siete meses perdidos
La repetición electoral supuso un gasto de 136 millones y los partidos se llevaron hasta 8,2 millones en subvenciones por el gasto en el aparataje electoral del 10N
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En poco más de día y medio tras las elecciones del 10N, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han alcanzado un acuerdo preelectoral: han conseguido lo que fueron incapaces de hacer en siete meses. Enhorabuena. La relación entre ambos líderes debería basarse en las necesidades y el futuro de este país.
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Pero encallaba por cuestiones personales, por el choque de egos y por los cálculos partidistas basados en estrategias de expertos en marketing que evalúan la captación de votos como si vendieran productos por internet.
En definitiva, el acuerdo de los dos líderes de la izquierda nos ha costado a todos tiempo y dinero. A ellos, unos cuantos escaños, y al sosiego de este país, la expansión de un partido de la derecha extrema cuyas consecuencias aún no podemos evaluar bien.
Vamos a hacer algunas cuentas. El operativo para las elecciones generales del pasado domingo 10 de noviembre ha supuesto para las arcas públicas un total de 136 millones de euros: 60 los gastaron las administraciones públicas; 13 se destinaron a la logística electoral (papeletas y urnas, entre otras cosas); ocho millones a la difusión del escrutinio y más de 54 millones a las comunicaciones por correo. Además, cada partido recibe como subvención por los gastos electorales una cuantía que alcanza los 14.800 euros por escaño obtenido en el Congreso y el Senado.
Sí, es algo menos que lo que consiguieron en abril, pero el 10N se eligieron 558 parlamentarios, lo que supone unas subvenciones que rondan los 8,2 millones de euros. Suma y sigue: los parlamentarios han tenido la opción de cobrar hasta 4.500 euros por la disolución de las Cortes, y los que ahora han perdido su acta pueden percibir hasta un mes por año en el que han ocupado escaño, con un máximo del equivalente a dos años de sueldo.
¿Y el tiempo suspendido? ¿Y el reajuste del mapa político? ¿Y la preocupante polarización ideológica? ¿Cómo se cuantifica eso? ¿Quién paga toda esta factura para que dos líderes hicieran lo que ellos y todos nosotros ya sabíamos que debían haber hecho en el pasado mes de abril?
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