Los agricultores de Canarias sacan los tractores a la calle: en busca de una marca única para el plátano canario

Precios a años luz de lo que se abona al productor a pie de surco con respecto al que aparecen en los lineales del supermercado; un creciente coste de los insumos por crisis y conflictos bélicos; una competencia que llega a las plazas europeas exenta de las medidas fitosanitarias que se exigen en el continente, o con unos salarios a los trabajadores muy por debajo de los que se pagan en España son solo algunos de los retales que han motivado una protesta que también afecta al agro de Canarias, como explica Ricardo Díaz.

Díaz es presidente de la Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria, centenaria asociación que agrupa a 230 profesionales con unos registros de 10 millones de kilos de plátano y 2,5 millones de kilos de hortalizas y frutas como el mango, la papaya, el aguacate y la naranja, entre otros.

Para el presidente del también conocido como Sindicato Amarillo, «la principal queja del sector primario es la enorme diferencia entre lo que se le liquida al agricultor por sus productos y los precios finales al consumidor».

En este sentido abunda en que «llama la atención constatar que desde hace muchos meses y en un momento en el que los consumidores se quejan y con razón de los elevados precios, al agricultor sus liquidaciones malamente le cubren sus gastos de producción, cuando lo hacen», para cuestionarse el «dónde se encuentra ese diferencial».

Todo ello mientras paralelamente se van abriendo nuevas rutas comerciales, algunas impensables hace pocos años, como el de un cada vez más surtido catálogo de países terceros, como ocurre con las ciruelas de Camboya o las fresas y pimientos de otros mercados, cuyos precios, a pesar de las distancias, desafían al sentido común: Mercalaspalmas queda del centro de la capital camboyana Phnom Penh a 12.235 kilómetros en línea recta.

Sueldos dignos

Ese gigantesco trayecto esconde algo más que una cifra, ya que para lograr colocar esa fruta con éxito en el mercado nacional o isleño, denota por sí misma unos salarios y gastos de producción irrisorios para que sea posible su rentabilidad, de ahí que Díaz sentencie que sea necesario «replantearse todos esos acuerdos comerciales con terceros países y exigirles, al menos, lo mismo que se exige al agricultor español».

Abunda en que es perentorio que esos países adopten idénticas medidas fitosanitarias y medioambientales, en un momento «en el que cada vez tenemos más dificultades para combatir las plagas, precisamente por las reducciones a la baja que preconiza la Unión Europea», en un mixturado que se complementa con los pagos a los trabajadores, «con unos sueldos que son cada vez más dignos, y así deben ser», subraya, pero diametralmente a la baja «en Marruecos, resto de África, Sudamérica y Centroamérica, que son los puntos que producen la fruta que compite con la nuestra». Todo esto para una Canarias que además tiene que hacer frente a unos precios del agua que también se sitúan muy por encima que el de la mayoría de las producciones foráneas.

Redondea esta suerte de tormenta perfecta, según el presidente de la Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria, el «notable incremento del control sobre nuestros agricultores en cuanto al aumento y complejización del papeleo y burocracia. Ni que decir tiene», añade, «que todo esto, además de la prevención de riesgos, la agenda digital, los salarios y seguridad social digna a los trabajadores, no existe ni por asomo en esos países con los que se pretende que compita nuestra agricultura con sus costes».

Esta situación dibuja un panorama que, según su criterio, «no facilita el relevo generacional: «¿cómo animar a los jóvenes a interesarse por este maltrecho sector, cuando ven a sus mayores con todas estas dificultades, sin poder vivir dignamente, tras durísimas jornadas de trabajo?»

Una pica de veinte millones de kilos

«La edad media de los agricultores españoles es elevadísima", según asevera, "al punto que un 65 por ciento de los agricultores tienen más de 60 años, algo lamentable y algo a corregir, y entre otras, para ello el agricultor debe recibir un precio digno de los productos fruto de su trabajo».

Hablar de agricultura en Canarias es hablar del plátano, de lejos el cultivo más potente de la Comunidad Autónoma, con producciones de hasta más de 430 millones de kilos anuales, como la registrada en el año 2020, y cuyas dificultades son proporcionales a este volumen.

Así, para Ricardo Díaz, «a todos estos problemas, que afectan al sector agrícola en general, Plátano de Canarias lleva todo el año 2023 y lo que va de 2024 con un exceso de producción importante, a pesar de haber hecho una retirada de fruta (pica) superior a los veinte millones de kilos».

Ilustra que el sector en las islas ha logrado vender en ese ejercicio más de 440 millones de kilos, «pero a muy bajo precio, con lo que el agricultor no puede cubrir sus costes». Son liquidaciones de hasta 0,35 euros en la mejor categoría, mientras que en las grandes superficies y lineales el precio no ha bajado en esa misma proporción, «y a veces», indica, «ni siquiera ha bajado, situándose entre los 1,99 y los 2,20 euros por kilo de plátano».

Punto de inflexión

De lo que se deduce de que esa destrucción de más de 20 millones de kilos, «necesaria coyunturalmente en algunos momentos puntuales pero ahora continua durante este tiempo, no ha dado el resultado esperado y no ha podido evitar los malos precios al agricultor. Se ha mostrado ineficiente e incapaz de colaborar a colocar la fruta a un precio digno en el mercado». Lo que influye para que ya «seamos muchos los que pensamos que tenemos una estructura agotadora que nos obliga a competir entre nosotros y que hay que abortar».

 Se trata pues, de un punto de inflexión, o el momento de «convertir esta crisis profunda en una oportunidad para cambiar la forma de hacer las cosas, y en nuestra opinión, el sector debería tener como objetivos, que sabemos que no es sencillo, el reducir empaquetados, homogeneizar las categorías, crear una marca única, Plátano de Canarias, y comercializarla conjuntamente».

 Mientras se fija esas metas defiende  ir adoptando «las medidas que se han hablado con la Consejería de Agricultura, como el análisis y control de la pica por parte de la consejería, el tope en el número de hectáreas con derecho a ayuda, el control exhaustivo del mercado local para evitar picarescas», como el llamado plátano de papel, «y añadir la superficie cultivada por cada uno cuando se publican las cantidades de referencia». Para sentenciar que de «sostenerla y no enmendarla llevará a la ruina a la mayoría».

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