Hay múltiples maneras de leer un periódico. Algunas veces, una cierta mirada a sus páginas nos abre una realidad cuyos horizontes apenas se perciben en la lectura primaria. Tras esas páginas puede traslucirse un paisaje de la historia que no coincide con el propósito concreto de lo publicado en ellas. Puede ocurrir con un simple anuncio. Su objeto es informar a los lectores de alguna oferta o proponer la venta de algún producto. Pero algunos poseen también un efecto reflejo. Sin perseguirlo adrede, expresan una clase de información parecida a lo que la cibernética denomina hoy realidad aumentada.
Podemos comprobarlo con una muestra sacada del primer ejemplar del periódico LA PROVINCIA, publicado el 1 de mayo de 1911. La página 2 recoge distintos anuncios, principalmente de navieras y consignatarias tanto españolas como extranjeras. Vale la pena detenerse un momento en ellos. En una sola hoja de papel, el lector de aquel año podía comprobar como su isla estaba conectada al mundo. A lejanas ciudades de Europa, América, África, Asia y Australia. Rutas que iban y llegaban desde Gran Bretaña, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Portugal, Italia, Río de Oro en el Sahara, Cabo Verde, Guinea, Sudáfrica, África Oriental, Egipto, Tánger, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos. Con la Península las conexiones principales llegaban a Cádiz, Almería, Barcelona, Galicia y, por supuesto, podemos ver las líneas de trayectos interinsulares en Canarias.
Aquella página nos revela lo que trajo al Archipiélago la vuelta del siglo XIX al XX. De nuevo lo colocó la Historia en un cruce de las rutas mundiales. Pero aquella hoja del periódico insular nos abre la ventana para contemplar una bahía que formaba parte de un devenir del tiempo en que se cruzaron procesos de gran calado. Si los consideramos desde el lado de la historia española y canaria estos procesos incluyen lo que podemos resumir de la manera siguiente: las consecuencias del 98 y los cambios en la estructura territorial de España; las insuficiencias del sistema político español de la Constitución de 1876 y los problemas territoriales (nacionalismos y regionalismos) a principios del siglo XX; los profundos cambios en los sistemas y en las relaciones internacionales, con los nuevos conflictos y el nuevo marco de potencias, el expansionismo y la redistribución colonial así como las enormes alteraciones en los mapas del mundo. Un camino que desembocará en las catástrofes bélicas de la primera mitad del siglo XX; la nueva proyección internacional de España y la nueva delimitación del área de intereses y conflictos más relevante, la llamada región del Estrecho cuya línea se marca al noreste (Baleares) y al suroeste (Canarias). En adelante buena parte de la política española quedó condicionada al devenir de esa área; finalmente, la creciente importancia de Canarias en el plano internacional y en el conjunto de la política nacional.
¿Todo eso reflejado en una simple página de anuncios de un periódico en su primera tirada? Vamos a verlo más de cerca escogiendo algunos de aquellos procesos. Imaginemos a alguna persona en aquel año que se acercase a la orilla de las Alcaravaneras. En primer plano, desde aquella parte del istmo de la principal ciudad grancanaria, podría ver la ingente cantidad de barcos de vapor que sustituían a los veleros de distinta clase. Más velocidad, más capacidad para carga de mercancías y viajeros aceleraron los viajes y multiplicaron los destinos. En 1910, el número de buques y el tonelaje que entraba y salía del Puerto de La Luz duplicaba las cifras de los inicios de la centuria. Aquel año operaron en esa estación portuaria 6.170 barcos, 4.423 de los cuales eran vapores. Una cantidad que situaba a ese puerto en la cima de los españoles. Bilbao, Barcelona y Valencia alcanzaban solo 4.200, 3.700 y 3.000 barcos según los datos que recoge en aquella fecha la publicación en Madrid de Donnet y Pareja Los Puertos de España. Por ese año, hacía más de 20 que el de La Luz se había convertido en el principal de Canarias, duplicando en número de naves al de la capital de la provincia, Santa Cruz de Tenerife.
Lo que estaba viendo desde aquella bahía aquel habitante de la ciudad -que aún se denominaba Las Palmas- era la forma en que estas islas se insertaban en un proceso extraordinario de la historia. Era el de la acelerada mundialización impulsada por los cambios de la revolución industrial en todos los terrenos y por la expansión de las potencias de entonces que, en el caso de las europeas, abarcó sobremanera muchos territorios a los que se llegaba desde las riberas del Atlántico. Una expansión que terminó de colonizar las tierras que aún quedaban vírgenes, pero que también enfrentó en muchas disputas a quienes pugnaban por redistribuir los espacios entre viejas y nuevas metrópolis. En latitudes cercanas a Canarias, en África, se sucedieron muchos episodios de aquel proceso. En pocos años el Archipiélago se convirtió en una puerta principal de acceso que comunicaba a ese continente con los encontrados intereses de los países occidentales. Le sucedió al poco de haber adquirido la condición de última frontera española en el sur. Frontera en todo el amplio sentido de la palabra. Límite de un país pero también área clave para evitar la merma de su territorio y, al contrario, servir de palanca para ampliarlo. Frontera también como lugar de posible colisión, si de la vecindad con territorios próximos surgían litigios que derivasen en enfrentamientos.
Tras la pérdida de las posesiones en Cuba, Puerto Rico y Filipinas a finales del siglo XIX, el nuevo siglo otorgó aquella condición fronteriza a las Islas Canarias. De esta manera, si para España el Archipiélago cobró nueva e inusitada importancia, para las potencias europeas que dominaban aquella época conocida como la de «la expansión del imperialismo capitalista», estas islas volvieron a situarse en un lugar central de la geopolítica atlántica. Un cercano ejemplo a la geografía isleña por aquellas fechas lo encontramos en las crisis marroquíes entre 1904 y 1911. Un área importante para Gran Bretaña, al abrirle el paso hacia el Mediterráneo y el Atlántico; para Francia, con intereses también en ambos lados; para España y para nuevos actores que, como ocurre con Alemania, buscaban un lugar en el reparto de territorios y colonias. Este último país entre 1904 y 1907 intervino en el área con especial empeño. El káiser buscaba asentamientos territoriales en la costa occidental de Marruecos. Tal pretensión chocó con la oposición española. La razón la resumió con nitidez el presidente de su Gobierno, Segismundo Moret. Afirmó que se trataba de «un punto donde España no podía verlos establecer porque es la llave de Canarias». Toda una declaración que ponía de manifiesto aquella condición principal del Archipiélago para el juego español en el tablero de fuerzas internacional.
Aquel proceso expansivo trajo también para Canarias otras muchas consecuencias. En realidad, fueron decisivas en el proceso de transformación moderna de la sociedad insular. Se inició un ciclo de crecimiento económico basado en la estrategia librecambista que proporcionaba la reforma de los puertos francos de 1900 y que privilegiaba la producción del plátano, el tomate y las papas. En esta ocasión el negocio atrajo la inversión extranjera que se asoció al capital insular, limitando riesgos para la exportación y optimizando el transporte en los retornos de las naves que surcaban las Islas en ruta hacia los destinos europeos. Aquella extraversión económica -que incluyó la inversión de capital foráneo en las Islas- y la apertura al asentamiento en Canarias de los negocios extranjeros para la libre circulación de sus naves, contribuyó también a despejar los riesgos que, para la soberanía sobre las Islas, podía entrañar la colisión entre potencias en la zona. Por el contrario, esa estrategia -que combinaba la soberanía española con la presencia y actividad extranjera- fue la baza que se jugó para lograr que España creciera territorialmente, al quedar bajo su dominio en los repartos de aquel tiempo el Sahara occidental. Gran Bretaña y Francia preferían la administración de una potencia venida a menos, y que no amenazaba sus respectivos intereses, al enfrentamiento mutuo por el control de esas tierras africanas.
Otro impacto nada desdeñable de la nueva posición canaria fue el de su crecimiento en todos los órdenes. De entrada, en el número de sus habitantes. La ciudad de Las Palmas pasó de 44.517 a 62.886 entre 1900 y 1910. Más de un 41%. Cifra que cobra mayor relieve si la contrastamos con la de la década siguiente, cuando, pese a seguir creciendo en habitantes, el ritmo descendió sensiblemente por los efectos de la I Guerra Mundial (un 6,5%). Ese auge lo integraba un importante contingente de inmigrantes, procedentes muchos de ellos de las islas periféricas que elevaron los saldos migratorios hacia cifras positivas. En su mayoría, gentes que venían a cubrir la demanda creciente de las labores portuarias y muchas mujeres que engrosarían las filas del servicio doméstico. La ciudad crecía y el planeamiento urbano provocó que se cuadruplicase desde fines del XIX el suelo disponible para la edificación y se pusieran las bases de las modernas infraestructuras urbanas en todos los ámbitos. Las estructuras sociales también se diversificaban. Se amplían las clases medias y surge un proletariado urbano en torno a las tareas portuarias. A principios del siglo, en 1901, la Asociación Gremial de Obreros de Gran Canaria había organizado la primera huelga obrera en la Isla y en 1911, los sucesos del 15 de noviembre, en los que seis trabajadores mueren por tres descargas de la Guardia Civil sobre los concentrados en las proximidades del colegio electoral de Molino de Viento, marcan un hito trágico en la historia del movimiento obrero canario. Por aquellos días se celebraban comicios para elegir a los cargos municipales. El partido Liberal Canario vencía en la mayoría de las mesas de la ciudad. En aquel colegio las opciones de los candidatos republicanos se veían aún abiertas. Entre rumores de pucherazos y tensiones en los alrededores corrió la falsa noticia de la detención del dirigente republicano federal, Franchy Roca. Un contingente de trabajadores del puerto acudió al lugar y posteriormente, unas piedras lanzadas cuya autoría no fue demostrada provocaron los disparos de los guardias y la tragedia. Tras los entierros, una numerosa manifestación recorrió las calles de la ciudad, se hicieron suscripciones para allegar recursos a los familiares de los fallecidos, se abrió expediente al oficial que mandaba a los guardias concluyendo para éstos sin mayores consecuencias.
La prensa se hizo eco de lo sucedido con versiones dispares. Para el oficialista Diario de Las Palmas, portavoz del partido de León y Castillo, la responsabilidad se hizo recaer en los dirigentes republicanos y obreros por haber intentado ganar en aquel colegio presionando con las manifestaciones. El Diario lo tildaría de «caciquismo de las minorías sobre las mayorías». Muy diferentes informaciones se publicaron en la prensa republicana, aludiendo al caciquismo insular y a sus abusos. LA PROVINCIA, que no dejó de resaltar como responsables morales a quienes habían engañado a los trabajadores, aludiendo a las falsas noticias sobre Franchy, mantuvo no obstante una posición más matizada que Diario de Las Palmas. El día 17, bajo el título «¡15 de noviembre! Día de execración» afirmaba refiriéndose a los vencedores en las elecciones que «nunca creímos que el poder local fuera tan antipolítico como ha sido, por lo cual tienen gran parte de responsabilidad». Al día siguiente insistía también en la atribución de esa doble responsabilidad en citar de nuevo al partido dominante: «Son culpables los que, disponiendo de la fuerza y el poder, por su irreductible tesón de sacar a toda costa triunfante un candidato más, no han sabido usar de la templanza, en evitación de los tristes acontecimientos que todos lloramos». Esta posición del periódico que apenas contaba con siete meses de existencia, fue combatida y criticada por Diario de Las Palmas en un artículo cuyo encabezado se titulaba «A LA PROVINCIA. Sinceridad y buena fe». En su contenido descalificaba el que ese periódico atribuyera también la responsabilidad a los partidarios del «leonismo». Es muy posible que la posición de LA PROVINCIA en este caso influyera en los motivos del cese de su primer director, Prudencio Morales, aunque volvería posteriormente a ocupar el puesto. Tras las diferencias entre ambos periódicos se escondían los intereses enfrentados que existían en el propio seno de las clases dirigentes de la Isla. Desde hacía años, el hegemónico partido leonino se dividió en distintas fracciones. Tales discrepancias no responden a motivos ideológicos. Las pugnas por el liderazgo y los cargos políticos o el destino de las concesiones administrativas, como ocurre con la gestión de los puertos francos, eran causas de mayor peso, puesto que ahí se jugaba con los beneficios de los distintos grupos económicos. Estos procuraron influir ante la opinión pública auspiciando distintos medios. El Diario y LA PROVINCIA representaban en ese momento distintos intereses de esas clases dirigentes. Dos cabeceras que andando el tiempo se unieron en una sola empresa, aunque en aquellos momentos, como viene ocurriendo en las Islas con harta frecuencia, sostenían una pugna editorial tras la cual subyacían conflictos de intereses entre quienes conformaban la burguesía isleña.
Con todo, preocupaban a ambos medios las repercusiones externas de aquellos sucesos. No solo porque podían mermar el prestigio en Madrid del principal dirigente político insular, Fernando León y Castillo, sino porque podía ser utilizado por los rivales de Tenerife para poner de manifiesto ante las esferas gubernamentales cómo operaba el que denominaban cacique grancanario y con ello denostar las aspiraciones de esta isla para dividir la provincia de Canarias en dos distintas. El mismo texto en que LA PROVINCIA comentaba las responsabilidades concluía con párrafos donde desvelaba el motivo principal de su crítica: «En los mismos momentos en que tenemos pendiente en Madrid el pleito de nuestra independencia local, cuando nuestros adversarios de Tenerife están cansados de vociferar con pérfida intención que la división es cosa del capricho de un cacique y ante el esfuerzo heroico del Sr. León y Castillo por remover todos los obstáculos y vencer todas las dificultades, caen en la vida pública, bajo el plomo de los máuser, hombres apasionados en una lucha a la cual no se hizo lo que se debió por parte de todos». Como tantas veces en la historia canaria, el pleito insular encubría las raíces de las desigualdades sociales.
El contencioso canario por la división provincial venía del siglo anterior pero, a comienzos del XX la pugna se había recrudecido. Los dirigentes grancanarios habían logrado situar el tema entre las preocupaciones de los sucesivos gobiernos, de tal manera que el conflicto interno entre islas, y la frecuente aparición de una publicística sobre el mismo en Madrid, contribuían a las inquietudes que suscitaba la inestabilidad general en el área que comentamos anteriormente. Con motivo del viaje del rey Alfonso XIII a las Islas en 1906 (cuyo objeto central buscaba rearfirmar ante las potencias la soberanía española), el ministro que le acompañaba, Romanones, redactó una Memoria en la que postulaba la necesidad de cambiar el régimen administrativo de Canarias, creyendo inadecuada la centralización de la provincia. A partir de esa fecha se sucedieron distintas fases en las que el contencioso entre la unidad y la división provincial pasaron por diferentes propuestas. A la altura de 1911, la opción divisionista parecía ganar terreno y en aquel contexto y en la defensa de aquella causa principal inició su andadura LA PROVINCIA. Así puede leerse en la primera de sus editoriales y también en los posteriores ejemplares hasta 1927 en que la Dictadura de Primo de Rivera creó las dos provincias segregadas en el Archipiélago.
Entre los años 1910 y 1912, los acontecimientos se multiplicaron. Al conflicto entre las dos islas centrales se había añadido la aspiración de los dirigentes de las islas periféricas para obtener instituciones propias y una directa interlocución con el gobierno a través de representantes elegidos desde aquéllas directamente. En febrero de 1911 se celebró en Las Palmas una importante manifestación en apoyo de la división provincial, con gran asistencia y representación de las tres islas orientales. La causa divisionista era objeto compartido, pero también se utilizaba por las fracciones políticas para allegar apoyos a sus respectivas opciones. LA PROVINCIA publica su primer número el mismo mes en que el Gobierno remite a las Cortes el Proyecto de Ley sobre organización administrativa y representación en Cortes de las Islas Canarias. En el texto se dividía en dos provincias a las Islas. Su debate se prolongó hasta julio del año siguiente en que se estableció una fórmula de compromiso: la Ley de Cabildos. Una tregua relativa para el conflicto insular al que sin embargo no pondría término aquella Ley. El periódico cuya cabecera hizo suya la reivindicación divisionista no cejaría en tal empeño e influyó de forma considerable en la consecución del objetivo provincial en 1927. Paradójicamente, tras la siguiente dictadura en España y en las primeras fases de la transición a la democracia iba a desempeñar un papel muy distinto. Sería un apoyo notable para la causa autonomista que gestó el Estatuto de 1982. Un nuevo e inédito marco político que buscó unir el autogobierno con la democracia y la integración de las Islas.
