La titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 de Las Palmas, María del Carmen Monte Blanco, autorizó ayer la celebración del festival Fuerteventura en Música en aras del "interés general". Los conciertos han estado a punto de suspenderse tras la denuncia presentada contra el Cabildo y el Ayuntamiento de La Oliva por la propietaria de los terrenos, que reclamó la suspensión de la actividad al considerar que ambas instituciones invadían su propiedad "sin consentimiento y al margen de cualquier procedimiento".
De hecho, ante el recurso interpuesto por la perjudicada, la magistrada acordó el jueves la paralización de las obras de acondicionamiento, pero ayer, a escasas horas del inicio del festival, levantó dicha medida provisionalísima tras escuchar a las partes y dar la razón a los promotores de los conciertos, al menos en este trámite procesal, porque el fondo del asunto aún está pendiente de sentencia.
Ambas instituciones invocaron el interés general para solicitar el levantamiento de la prohibición, así como el "daño y el perjuicio económico" que la suspensión de los conciertos causaría a Fuerteventura. Los abogados también negaron la "ocupación de hecho" de los terrenos, y sostuvieron que tienen los permisos de los propietarios catastrales de las fincas.
La juez no entró en ese último argumento, sino que revocó su propia medida porque "causaría una perturbación grave a los intereses generales". Luego resaltó que la petición cautelar se formula dos días antes del festival, cuando "las administraciones demandadas ya han realizado un importante desembolso económico para su celebración". El presupuesto de los conciertos asciende a los 200.000 euros.
No lo vio así la abogada denunciante, Silvia Millán. "Ya no sabemos qué hacer. Todos los años ocupan la propiedad para hacer los conciertos sin autorización", sostuvo la letrada durante la vista. Y añadió: "El Ayuntamiento y el Cabildo son conscientes de que mi cliente es la propietaria de los terrenos".
La abogada se ratificó en los perjuicios causados por la "ocupación de hecho" de la finca, situada en primera línea de El Cotillo, y advirtió del riesgo que corre su patrocinada si ocurre cualquier accidente en la zona. "La pueden denunciar porque es la propietaria y nadie le ha pedido autorización".
