La situación del Servicio de Urgencias del Hospital 'Virgen de la Peña' ha llegado a la Justicia. Intersindical Canaria (IC) ha presentado una demanda penal contra Brigida Mendoza, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, contra los responsables de la gestión del citado centro sanitario y el Servicio Canario de Salud, ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Puerto del Rosario, por una presunta imprudencia temeraria y negligencia al proceder al traslado de los enfermos a otras dependencias sin aplicar el reglamento de protocolo asistencial y sin adoptar las mínimas garantías de espacio, seguridad, salubridad y seguridad.
La directora general del SCS, Juana María Reyes, que ayer visitó el hospital, no sólo negó las irregularidades denunciadas por trabajadores, usuarios y familiares, sino que lanzó un mensaje de tranquilidad a la población al asegurar que la prestación en Urgencias está garantizada y que hoy se procederá a la apertura de una nueva sala de Exploración con 15 puestos de atención sanitaria.
La polémica del Servicio de Urgencias se remonta a 2003 cuando el Gobierno canario decide instalar dichas dependencias en unos barracones por las obras de ampliación del Hospital general. Con el paso del tiempo dichas instalaciones se fueron deteriorando hasta que el pasado jueves la borrasca caída en la isla, provocó la inundación que originó la evacuación de los enfermos y el cierre del Servicio. Esta situación originó también el desprendimiento de una parte del techo, lesionando al menos a una trabajadora, según Intersindical Canaria.
El sindicato nacionalista relata al juez que la evacuación de los enfermos del Servicio de Urgencias a la zona de Radiología "se produjo en un peligroso contexto de cortocircuitos, medicación y aparataje mojado". Además, añade, que "en un segundo traslado a la zona de Diálisis han depositado a los pacientes en los pasillos y en la sala de espera de la referida Unidad sin ningún tipo de garantías".
Más contundente se muestra Carmelo Gil, representante de los trabajadores del Hospital majorero y miembro de la Junta de Personal del SCS, al comunicar al juez que ante la situación creada con el Servicio de Urgencias, "la Gerencia ha inhabilitado el espacio previsto para posibles casos de ébola, motivo por el cual no existe protocolo ni instalación alguna para atender un posible caso de este enfermedad".
La gerente del Hospital majorero, Susana Barbosa, desmanteló las acusaciones de los sindicatos respecto a la ausencia de medios materiales en la zona donde se ubican los pacientes de Urgencias. "Habían dos cuartos de paradas, seis tomas de oxígeno y se ha mantenido la asistencia. En momentos puntuales pueden haber pacientes en el pasillo como en cualquier otro hospital". También, anunció, que "hasta el momento no hemos recibido ninguna denuncia ni de usuarios ni de familiares".