La fiscal Azucena Otis rebajó ayer de diez a a un año y un mes la condena de prisión que solicitó para el jefe de la Policía Local de Pájara, tras retirar los cargos de delito continuado de cohecho y aplicar la atenuante de dilaciones indebidas a su acusación de falsear certificados de residencia para legalizar la situación de inmigrantes en territorio nacional.
En la segunda y última jornada del juicio celebrado en la Audiencia de Las Palmas contra el jefe de la Policía Local de Pájara, Esteban Hernández, y el acusado Ahmed C. S. la fiscal, según la información recogida por Efe, modificó su escrito de acusación tras reconocer que no ha podido probar el delito de cohecho por el que pedía cinco años de cárcel para cada uno de los procesados, que se enfrentaban inicialmente a penas totales de diez años de reclusión, más seis meses más para el ciudadano marroquí.
El procesado Ahmed C. S. se conformó con la nueva pena re-clamada por la fiscal, quien pro- pone para él condenas que suman un año de prisión por delitos de estafa y falsedad, unos cargos por los que hasta ahora reclamaba cinco años y medio de cárcel. Además, pidió que se le imponga una multa de 2.486 euros y que indemnice con 4.500 euros a dos inmigrantes a los que engañó dicién-doles que podía conseguir documentos para regularizar su estancia en España.
En el caso del jefe de Policía Local de Pájara, la fiscal ha reclamado que se le imponga una multa de 2.486 euros y que sea inhabilitado durante un año y un día.
El letrado de Esteban Hernández, el prestigioso abogado José Gerardo Ruiz-Pasquau, defendió ante el Tribunal en sus conclusiones finales que, ante la prueba practicada y las declaraciones de testigos propuestos por el fiscal, "el jefe de la Policía Local de Pájara actuaba conforme a la metodología aplicada en el Ayuntamiento, en relación con los certificados de residencia".
Este hecho fue ratificado también por el exsecretario del Consistorio majorero, Antonio Muñeca, que declaró en el juicio en calidad de testigo, y que también fue detenido en el marco de la operación Maxorata. "Había un modelo normalizado y los agentes de la Policía Local no podían consultar los datos del padrón municipal de habitantes", señaló en la sala, Muñecas.
Ruiz-Pasquau expuso ante los magistrados de la Audiencia que su defendido "se limitaba a firmar los certificados y los informes que redactaban otros policías, sin poder contrastar su contenido". Por ello, aludió a la jurisprudencia existente, en el sentido de que en determinados ámbitos administrativos opera el principio de confianza en los escalones previos. Además, argumentó que para el delito de falsedad debe existir el dolo, es decir, intención, y ello, en el caso de su defendido, es imposible.
Esteban Hernández hizo uso de su última palabra para volver a reiterar su inocencia negando las acusaciones que se vierten contra su persona. Sin embargo, en fuentes jurídicas ha causado extrañeza que a Hernández, imputado por un delito de falsedad documental, no se le hayan mostrado tanto durante la fase de instrucción como en el juicio los polémicos documentos falsificados.