La falta de protección del casco antiguo de Puerto Cabras llega a la Fiscalía. Ahora, después de que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario eliminara del Plan General de Ordenación (PGOU), aprobado el pasado año, cualquier nivel de protección de los inmuebles históricos, los promotores de salvar los restos del casco antiguo estudian poner en conocimiento de la Justicia el incumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico.
Con este afán, los miembros de la plataforma Salvar Puerto Cabras han comenzado a recopilar información de los políticos, técnicos y funcionarios públicos que han tenido algún tipo de responsabilidad con la desprotección de la antigua capital. De momento, las primeras miradas giran hacia la actual Corporación capitalina, aunque tampoco descartan extender sus pesquisas al Cabildo de Fuerteventura. El municipio capitalino tampoco dispone de un Catálogo Arquitectónico Municipal, tal y como establece la Ley de Patrimonio.
El PGOU de Puerto del Rosario, aprobado por unanimidad en 1989, contemplaba dos figuras de protección -el Plan Especial de Protección y el Plan de Reforma Interior en el frente marítimo- con el objetivo de salvaguardar el casco antiguo de Puerto Cabras. Sin embargo, jamás llegaron a desarrollarse, permitiendo que las piquetas acabaran con algunas viviendas de alto valor histórico.
Sin embargo, el nuevo Plan General, que entró en vigor en febrero de 2017, incumple de forma flagrante la Ley de Patrimonio, dado que no delimita un Plan Especial de Protección ni siquiera incluye un Catálogo Arquitectónico Municipal. "Al contrario, lo que hace es eliminar cualquier figura de protección y conservación del patrimonio histórico que había hasta entonces", apunta uno de los promotores de la recién creada plataforma Salvar Puerto Cabras. Además, añade, que tanto el Cabildo majorero como el Gobierno de Canarias "podrían haber actuado de oficio ante el incumplimiento del Ayuntamiento".
Los promotores de poner en conocimiento de la Justicia la situación de desprotección del patrimonio histórico de la antigua capital majorera, aclaran que consideran que "existe una dejación de funciones por parte de políticos y técnicos". "Lo que haremos es poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía y será ésta quien actué en caso de considerar que se haya producido algún delito", explican, al tiempo que añaden que cumplen con su "obligación de ciudadanos y defensores de nuestra historia".
Una de las iniciativas que proponen desde el mencionado colectivo es solicitar un estudio al Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) o a las universidades canarias para realizar un estudio sobre los inmuebles que son susceptibles de proteger de acuerdo con su valor arquitectónico, etnográfico, histórico y patrimonial. Y a partir de su resolución trabajar sobre aquellos inmuebles que deban ser conservados.
