Ante el juez, a la puerta de un supermercado. La Justicia en un centro comercial. Así está Puerto del Rosario. La diputada majorera por Nueva Canarias (NC) Sandra Domínguez urgió ayer al consejero de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, a reconducir las importantes deficiencias de la sede judicial de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. La portavoz en la materia del grupo nacionalista progresista defendió una modificación de la ley para que los contratos públicos sean más transparentes al mismo tiempo que abogó por políticas eficaces en materia de inmigración, que conlleven protocolos interadministrativos entre los departamentos de Justicia y Seguridad.
Estas propuestas fueron defendidas por Sandra Domínguez en la comparecencia de Julio Pérez, en comisión parlamentaria, para explicar las líneas y objetivos del Gobierno de Canarias en esta materia. La parlamentaria del grupo nacionalista progresista confió en la sensiblidad de Pérez para "limar las asperezas" del ámbito judicial con el fin de que llegue a la ciudadanía.
La portavoz por NC invitó al responsable gubernamental a comprobar "in situ" la sede judicial de Puerto del Rosario con el fin de "reconducir" las múltiples carencias existentes para contar, en un futuro "no muy lejano", tal y como puntualizó, con edificios adaptados a un nuevo modelo organizativo.
Con respecto a los objetivos del plan sobre la estrategia de modernización de la administración judicial en las islas de 2017 a 2019, Domínguez dudó de que, en la X Legislatura, se pueda concluir el palacio de justicia de Puerto del Rosario, como expuso Pérez, ya que "aún no se ha iniciado" el edificio.
Después de referir las complejidades y dificultades de un proceso que comenzó hace diez años, Domínguez preguntó si es posible plantear una nueva ubicación del citado palacio que haga "más inmediata" la ejecución dadas las complicaciones urbanísticas actuales.
La diputada por NC adujo la dispersión de las dependencias judiciales en Fuerteventura en varios inmuebles, como muestra de las dificultades para que jueces y fiscales desarrollen su labor, la existencia de instalaciones inadecuadas al estar ubicadas en un proyecto de un centro comercial y la "paradoja" de que los detenidos accedan a varias sedes judiciales a través de la misma puerta de entrada a un supermercado. Además, el acceso a los calabozos de las sedes de Majada Marcial se efectúa por los pasillos del centro comercial.
Tras incidir en el "hacinamiento" de la plantilla en espacios "reducidos" y la falta de medios como denunció el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, la diputada se interesó por la creación de una oficina de proyecto que apoye los servicios de modernización, las relaciones laborales, la organización y la contratación, previsto para la isla en el plan de infraestructuras canario. También se interesó por el plazo medio para el abono de los turnos de servicios de asistencia jurídica gratuita.
"Hace falta una modificación del marco normativo para dar más transparencia a la contratación pública y para extender la obligatoriedad de la publicación de más documentos relevantes" detalló la majorera.
Asimismo, con respecto a la seguridad, Domínguez apeló a la necesidad de practicar políticas "eficaces" en inmigración y al establecimiento de protocolos interadministrativos desde las áreas de Justicia y Seguridad.
