El viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, deberá sentarse en el banquillo de los acusados en octubre de 2022 para responder a los delitos de administración desleal y de insolvencia punible. La Fiscalía solicita una condena de cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación especial para cargo público por el mismo tiempo por su gestión como administrador al frente de la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa), dependiente del Ayuntamiento de Pájara.
El secretario del Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario, David C. Vidal Domínguez, ha firmado una diligencia de ordenación señalando las fechas del juicio oral contra el líder del PSOE majorero. Serán dos sesiones los días 25 y 26 de octubre de 2022 a las 9.30 horas en la sala de vistas del citado juzgado. Contra esta diligencia judicial cabe recurso de reposición en el plazo de tres días.
Este juicio a Acosta por el llamado caso Gesturpa tiene su origen en una denuncia de Margarita Cabrera Martín, exconcejala del PSOE en el Ayuntamiento de Tuineje. Como acción popular se presenta el empresario Ramón Pérez Saavedra, vinculado a la empresa Fuertcan, compañía de los hermanos Pérez con intereses urbanísticos y turísticos en el municipio de Pájara, especialmente en la zona de Costa Calma. Inicialmente, se había adherido como acusación popular el grupo político Votemos Fuerteventura, pero posteriormente renunció.
El pasado febrero la jueza del Juzgado de Primera Instancia número 6 de la capital, Ana María Sanz López, dictó un auto solicitando la apertura de juicio oral contra Blas Acosta, tras la petición tanto de la Fiscalía como de la acción popular.
El fiscal Tomás Fernández enumera una serie de irregularidades cometidas por Acosta en 2012 que desencadenaron una deuda cifrada en casi dos millones de euros tres años después en 2015, cuando cesó al frente de Gesturpa.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, el hoy viceconsejero de Economía llevó a cabo una serie de «conductas ilícitas a pesar de que sabía que la empresa municipal incurría en causa legal de disolución y se encontraba en una situación de inminente insolvencia».
En concreto, Acosta «formuló y propuso la aprobación de las cuentas anuales de la empresa, propiedad al cien por cien del Ayuntamiento de Pájara, aun sabiendo que contenían constantes y graves irregularidades contables».
Gesturpa era una sociedad mercantil con capital exclusivo del Ayuntamiento de Pájara constituida por escritura pública el 31 de julio de 1996 con carácter indefinido. Blas Acosta fue administrador único desde el 21 de julio de 2011 hasta el 31 de julio de 2015, fecha en que fue cesado. Gesturpa fue disuelta en julio de 2016.
De esta manera, la empresa pública pasó de contar con 241.181 euros en 2011 a deber casi dos millones de euros en julio de 2015 cuando Acosta cesó. El fiscal sostiene que el 27 de marzo de 2012, Gesturpa concertó un préstamo con el Ayuntamiento de Pájara por más de 1,7 millones de euros, «con conocimiento de que nunca la entidad podría devolverlo dada su evidente falta de viabilidad económica».
Blas Acosta fue nombrado el pasado marzo viceconsejero de Economía días después de que él mismo renunciara a la candidatura a la vacante disponible de la formación socialista al Senado. Su renunica se produjo justo un día antes de que la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Canarias se reuniera para decidir quién ocuparía la plaza del Senado por designación autonómica, una decisión que estaba marcada por la causa contra Acosta y el Código Ético del PSOE. El viceconsejero deberá enfrentarse también ahora al Código Ético del PSOE, que establece que «cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria».
Este periódico intentó ayer de forma infructuosa contactar con Blas Acosta.
