El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que declaraba la inejecución de la sentencia previa de la demolición del centro comercial Las Rotondas. Ante este fallo judicial, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario asegura que no se procederá a la demolición del citado establecimiento.
Este conflicto se remonta a abril de 2002 cuando el Consistorio capitalino otorgó la licencia para la construcción de la superficie comercial que contaba con el informe técnico favorable. Un año más tarde la denuncia de un empresario majorero provocó que la Justicia declarara nula la licencia de construcción al ampararse en un estudio de detalle contrario al Plan General y a la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias. La sentencia dejó claro también que el proyecto ofrece una ordenación distinta de la prevista en el PGOU y un importante exceso de edificabilidad de 32.723 metros cuadrados cuando la normativa solo permitía el aprovechamiento de 14.700 metros cuadrados. Desde entonces este asunto se ha estado de litigio por los Juzgados.
El Consistorio capitalino pretendió en 2014 salvar la situación del mencionado centro comercial intentando darle cobertura legal en la revisión del PGOU y que los propietarios compensasen el exceso edificado, bien en metálico o bien en suelo dotacional.
El Ayuntamiento portuense aseguró ayer en un comunicado que con esta actuación del Tribunal Supremo finaliza el proceso de la demolición del Centro Comercial Las Rotondas «por falta de fundamentación suficiente». Además, añade que «no se demolerá dicho centro comercial y se mantendrá la actividad económica y el empleo que esta gran infraestructura suscitaba, plenamente integrada en la ciudad e interiorizada entre la ciudadanía no solo de Puerto del Rosario, sino de toda la isla». Tras ello, desde la corporación se procederá a ejecutar el convenio al efecto del Plan General en el que se cederán los espacios comunes de la parte sur al Ayuntamiento capitalino para servicios ciudadanos por parte de los promotores del recinto.
El Ayuntamiento presentó en su momento a los tribunales toda la documentación requerida y planteando las alternativas para evitar el derribo, que supondría «un daño económico inasumible para las arcas municipales al tener que hacer frente a posibles indemnizaciones, además del coste de las obras de demolición, y por otro lado, evitar la pérdida de puestos de trabajo».
