La Delegación del Gobierno declara nulos los acuerdos de Sergio Lloret

La Delegación del Gobierno en Canarias ha emitido un informe vinculante en la que declara nulos de pleno derecho todos los acuerdos adoptados por Sergio Lloret y Juan Nicolás Cabrera en el Consejo de Gobierno desde el pasado 30 de diciembre, fecha en que gobiernan en solitario el Cabildo de Fuerteventura después de la destitución de los consejeros nacionalistas y el abandono voluntario de los conservadores del gobierno insular. Desde entonces, de los 23 consejeros que tiene la corporación insular, el gobierno se encuentra en manos de dos.

La Delegación del Gobierno obliga a Lloret en un plazo de un mes a anular los acuerdos adoptados, al considerar que « infrigen el ordenamiento jurídico, el Reglamento Orgánico del propio Cabildo majorero, por lo que incurre en nulidad de pleno derecho y en inseguridad jurídica.

El informe de la Administración Territorial considera: «No resulta posible que la corporación insular deje de aplicar, de forma voluntaria y unilateral, su propio Reglamento Orgánico, dado que, por un lado, se trata de una norma jurídica publicada y en vigor, a cuyo cumplimiento está sometida la Administración, y, por otra parte, se trata de una norma aprobada por el Pleno insular, por lo que su anulación o derogación, previa tramitación del procedimiento que fuese aplicable, correspondería al mismo órgano, y no a una decisión de otro órgano del propio Cabildo insular».

Además, añade que «la constitución, celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos del Consejo de Gobierno Insular requiere, de conformidad con lo expuesto, un mínimo de tres integrantes y que los acuerdos adoptados en los Consejos de Gobierno del Cabildo Insular de Fuerteventura, celebrados a partir de la sesión celebrada el 30 de diciembre de 2022, han sido adoptados solo por dos personas, esta Administración entiende que dichos acuerdos han sido adoptados con infracción del ordenamiento jurídico, sin someterse a las normas legalmente aplicables , así como de su propio Reglamento Orgánico, incurriendo en nulidad de pleno derecho y en inseguridad jurídica».

Tribunales

El presidente del Cabildo majorero, Sergio Lloret, manifestó a Efe que la «única interpretación que cabe es la de lo tribunales».

Lloret sale así al paso tras conocer un informe de la Delegación del Gobierno que obliga a anular en un plazo de un mes los acuerdos tomados en Consejo de Gobierno después de que estos se celebraran sin el quórum mínimo de tres que obliga el Reglamento Orgánico del Cabildo de Fuerteventura (ROF).

«Se ha actuado con tranquilidad y trasparencia y no se oculta nada», ha insistido Lloret tras ser preguntado por la prensa ayer a los que ha explicado que pidió un informe a la asesoría jurídica del Cabildo, que «me dice la ley que tengo que pedir y en base a ello hemos seguido actuando».

Lloret insistió en que su decisión está amparada en el fundamento jurídico y ha recordado que existen tres sentencias del Tribunal Supremo que «avalaban la toma de acuerdos con órganos similares que daban el visto bueno con dos miembros». Además, anunció que «se lo aclararemos a la Delegación del Gobierno y respetamos cualquier interpretación que quiera hacerse», pero ha insistido en que «la única que cabe es la de los Tribunales, que ya lo ha hecho el Tribunal Supremo».

CC: la corporación, en peligro

Por su parte, la portavoz de Coalición Canaria, Lola García, señaló que «esta es una situación sin precedentes que pone en peligro el funcionamiento de la institución insular, su personal y acarrea grandes consecuencias para toda la población majorera».

Además, añaden los nacionalistas que desde el pasado enero García solicitó amparo por escrito al Gobierno de Canarias y al delegado del Gobierno en Canarias. «Afortunadamente, este último nos ha dado la razón y concluye la nulidad de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno a partir de la sesión celebrada el 30 de diciembre.

En opinión de García, «lo peligroso aquí es que el desgobierno en minoría de Lloret ha tomado acuerdos de temas que son de máxima prioridad para Fuerteventura, como la atención de la dependencia o el contrato millonario para carreteras. A pesar de que le advertimos que estaba gobernando al margen de la legalidad, Lloret hizo oídos sordos sin tener en cuenta el riesgo de resultar nulos».

Por su parte, Yessica de León, señaló que «el PP exigirá que se diriman todas las responsabilidades políticas necesarias ante una acción grave y continuada que ha llevado a la Institución insular a adoptar decisiones bajo un procedimiento ilegal». También, agregó que «el presidente, aun habiendo sido advertido a través de un informe emitido por la Secretaría General del Pleno, ha ignorado dicho informe para continuar tomando una serie de acuerdos que, tras confirmarse que son nulos de pleno derecho, pueden costar caro a las arcas insulares. Y es que en estos últimos tres meses se han sacado a licitación contratos por más de 35 millones de euros; pero, al ser nulos, las personas físicas o jurídicas adjudicatarias están en su derecho de reclamar las correspondientes indemnizaciones».