Una treintena de perjudicados por el incendio que arrasó Gran Canaria en julio de 2007 han podido cobrar unos trescientos cincuenta mil euros de más en concepto de ayudas que no les correspondían. Según se recoge en el peritaje oficial que el juzgado instructor encargó a la empresa RG10, existe un desfase de 351.846 euros en relación con unas treinta personas, a las que la administración pública entregó adelantos en concepto de ayudas cuya cuantía es superior a la que, según la pericia encargada por el juzgado, le corresponde por el total de los conceptos derivados del devastador incendio.

El Gobierno estatal, el Cabildo de Gran Canaria y el Ejecutivo regional, a través de sus consejerías de Agricultura, Vivienda e Industria, han adelantado cantidades de dinero en concepto de ayudas a las personas que lo requerían según las necesidades. Concretamente, entre las tres administraciones se adelantaron un total de 2.488.377 euros, pero más de trescientos cincuenta mil han podido ser entregados sin que las personas que los percibieron tuvieran perjuicios que justificaran la entrega.

Los datos aparecen ahora, al contrastarse la pericial de la empresa designada por el juzgado para valorar los daños, RG10, que realizó un examen minucioso de los perjuicios sufridos por los 137 perjudicados. En algunos casos se han podido entregar cantidades de dinero superiores a los treinta mil euros que, al parecer, no correspondían.

Significativos son algunos casos. Por ejemplo, uno de los perjudicados que responde a las iniciales de P.B.T., recibió una ayuda de 13.643 euros del Gobierno Central, otra de 2.500 del Cabildo de Gran Canaria, otra más de 8.500 euros del Gobierno regional y dos ayudas más de 321 euros y 46.569 de las consejerías de Agricultura y Vivienda, respectivamente. En total, recibió ayudas por valor de 71.534 euros, pero ahora el peritaje de RG10 refleja que sufrió perjuicios por valor de 35.203 euros. Es decir, que en su conjunto las tres administraciones públicas que adelantaron ayudas le han podido pagar 36.331 euros de más.

Otro caso significativo es el de P.P.A., que recibió ayudas por valor de 32.577 euros entre las tres administraciones públicas implicadas y el peritaje oficial del juzgado recoge que el valor del perjuicio causado por el incendio sobre sus bienes asciende a sólo 3.550 euros. Esta persona, según los peritos judiciales, sufrió daños relacionados con sus cultivos; sin embargo, recibió una ayuda de 4.500 euros del Gobierno de Canarias, otra de 16.077 de Agricultura y otra más de 12.000 euros de la Consejería de Vivienda.

También entre los casos llamativos está el de M.P.P., en el que los peritos oficiales dicen que sufrió daños por valor de 5.586 euros en una edificación, y sin embargo recibió ayudas de la Consejería de Agricultura por valor de 33.871 euros, esto es, 28.285 euros que supuestamente no le correspondían.

En total, según se desprende de la valoración oficial de los daños encargada por el juzgado, unos treinta afectados de los 137 que reclaman daños en la causa judicial han podido cobrar unos 350.000 euros que no les correspondían.