La Asociación de Empresarios de Bungalows y Apartamentos Turísticos (Aebat) calcula que unos 300 complejos alojativos de la isla de Gran Canaria están actuando de forma ilegal y así lo ha denunciado ante todas las administraciones públicas, sin que hasta la fecha nadie haya tomado medidas contra los infractores. Aparte del intrusismo, la competencia desleal, las irregularidades en los alquileres o la falta de registros de entrada de visitantes, la Aebat considera que estas prácticas son las que impiden crear empleo en el sector turístico, pues cada diez camas ilegales suponen la pérdida de dos puestos de trabajo.
Luis Bravo de Laguna, presidente de la Aebat, criticó ayer el silencia de las autoridades y anunció que su organización denunciará al Gobierno de Canarias ante la Fiscalía, "por dejación de sus funciones", si no atiende sus reclamaciones antes del verano. Aunque no existen datos oficiales por la propia irregularidad de estas actividades, la isla de Gran Canaria estaría en cabeza de las llamadas viviendas de alquiler vacacional, una modalidad en auge desde que se inició la crisis económica en 2008.
La Aebat, que cuenta con medio centenar de asociados y se creó precisamente para luchar contra el intrusismo, inició sus denuncias en el mes de junio de 2013 y se ha dirigido, mediante instancias, a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, a la Delegación del Gobierno estatal, a la Delegación de Hacienda, al Patronato de Turismo de Gran Canaria, a la Guardia Civil, al Diputado del Común y a los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán.
En el último escrito de la asociación ante el Ejecutivo regional se denunciaron 146 complejos de apartamentos, aunque la cifra total de los que actúan al margen de las normas turísticas asciende a unos 300, explicó el presidente de Aebat, quien resaltó que algunos de esos establecimientos son "muy conocidos". Se dan casos en que los denunciantes son las comunidades de explotación de ese mismo complejo turístico o los socios que sí cumplen la normativa, pero también hay ejemplos de que el cien por cien de los apartamentos están fuera de ordenación.
"El mejor plan de empleo, en el que las administraciones no tendrían que poner dinero, es acabar con las ilegalidades, y solo hace falta un poco de empeño por parte de todos", dijo Bravo de Laguna.
