El consejo rector de Valora, el organismo autónomo del Cabildo de Gran Canaria para la gestión tributaria, ha sancionado a dos trabajadores por consultar de forma irregular los datos fiscales de políticos y empresarios, entre ellos el coordinador de Economía y Hacienda del gobierno insular, Máximo Bautista, y el director de la propia entidad, Félix Rivero Rieckers. En el listado de las búsquedas tributarias sin justificar también aparecen la Unión Deportiva Las Palmas y varias empresas vinculadas a Miguel Ángel Ramírez, presidente de la entidad amarilla.
Los dos empleados públicos de Valora, José Antonio Perdomo Gil y Juan Antonio Santana Ramos, han sido suspendidos de empleo y sueldo durante dos meses por una falta muy grave, según se recoge en el expediente disciplinario instruido por dos funcionarias del propio Cabildo. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, señala que "no se ha causado un daño importante al interés público, pero sí se puede apreciar una conducta negligente" de ambos.
Los hechos se remontan al 9 de junio de 2014, cuando el recaudador de la entidad puso en conocimiento del director Félix Rivero que en una revisión de las consultas realizadas en la página web Informa, una herramienta a disposición de siete empleados de Valora para obtener información adicional de empresas con fines recaudatorios, se detectó que algunas consultas realizadas por estos dos trabajadores no tenían "justificación alguna desde el punto de vista tributario".
El 17 de junio, la responsable de Recursos Humanos de Valora concluyó que la actuación de estos dos empleados podría constituir una falta muy grave tipificada en el artículo 95.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, en concreto "la publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función", por lo que propuso incoar un expediente disciplinario.
Investigación
El presidente de Valora, un cargo que recae por estatutos en el jefe del gobierno insular, José Miguel Bravo de Laguna, dictó un decreto el 25 de junio para emprender una investigación interna, que se inició a mediados de julio con la declaración de los dos trabajadores. Además de ofrecer sus explicaciones, ambos empleados presentaron alegaciones a finales de agosto. También el comité de empresa de Valora salió en defensa de los dos trabajadores y pidió que se hicieran públicos "los listados completos de las consultas efectuadas en la página web Informa por todo el personal" del organismo. En el periodo investigado se realizaron casi 2.000 consultas y en los listados aparecen cargos políticos y numerosos empresarios.
En el caso de José Antonio Perdomo Gil, la instrucción del Cabildo determina que siete de las 14 consultas realizadas "no tienen justificación alguna desde el punto de vista de la gestión recaudatoria". Se trata de la información sobre Máximo Bautista, también vicepresidente de Valora, el director Félix Rivero y otro empleado del organismo, así como las empresas Oasis International Air Lines Handling, Limpiecan, Publicidad Alicantina y la Unión Deportiva Guía. En su declaración, el trabajador respondió que realizó esas consultas "sin ninguna animosidad, con el fin de 'ensayar', no aportando en ningún momento ninguna razón objetiva relacionada con sus tareas profesionales", señala la propuesta definitiva para aplicar la sanción.
Juan Antonio Santana Ramos hizo 70 consultas, de las que diez no tienen justificación y cinco se realizaron fuera del horario laboral del trabajador, desde su propio domicilio. Las búsquedas irregulares fueron a la UD Las Palmas, Estrategia y Gestión Pública SL, Miguel González Valerón, José Pablo Hernández Romano, Marmotor, Plaza de las Flores Gestión Cultural, Promotora Microvin SL, Miguel Ángel Ramírez, José Enrique Santana Miranda y Viajes Vegueta SA.
Al ser interrogado, alegó que buscó esas informaciones "por motivos personales, reconociendo expresamente que nada tuvieron que ver con el desarrollo de sus funciones en el ámbito laboral", apunta la instructora del expediente disciplinario.
La suspensión de empleo y sueldo, que fue aprobada el pasado 15 de diciembre con los votos a favor de los consejeros del PP y rechazo de los representantes de PSOE, NC y CC, argumenta que ambos trabajadores han cometido "un acto de deslealtad con la empresa a la que presta sus servicios, Valora, puesto que la misma le ha facilitado un acceso a una herramienta de búsqueda de empresas/particulares, con información en casos sensibles, habiéndola utilizado para realizar consultas sobre trabajadores, responsables de Valora e incluso proveedores, lo que supone un abuso de confianza".
