La nueva normativa de sanidad mortuoria ha dejado en situación irregular a casi la mitad de los tanatorios y velatorios de la isla de Gran Canaria, por lo que los ayuntamientos se verán abocados a cerrarlos si el Gobierno de Canarias no acepta la prórroga que ha pedido la Federación Canarias de Municipios (Fecam) para adaptar esas instalaciones. El decreto que regula los servicios funerarios y el tratamiento de los cadáveres se aprobó en diciembre de 2014 y entró en vigor el pasado 8 de julio, “sin tiempo para realizar las obras necesarias”, según la queja unánime de los alcaldes.
El nuevo reglamento de la Consejería de Sanidad impone requisitos urbanísticos y condiciones sanitarias que solo cumplen los tanatorios y velatorios de reciente construcción, pero todos han seguido en funcionamiento, unos a la espera de la prórroga para realizar las obras de adaptación y otros a la expectativa porque los ayuntamientos no disponen de fondos para realizar ese gasto.
El Consistorio de Mogán es el que afronta la situación más complicada, pues tiene cinco velatorios repartidos por el municipio y solo uno, el de la Playa de Mogán, cumple con la nueva normativa, según explica José Martín, concejal responsable de cementerios. En los otros cuatro -los del casco de Mogán, Arguineguín, Motor Grande de Puerto Rico y El Horno- ya se realizan o se proyectan obras para añadir salas de preparación de los difuntos, eliminar barreras arquitectónicas o construir dos accesos totalmente independientes, uno para el traslado de los cadáveres y otro para los familiares y allegados.
Nuevas condiciones
Estos tres requisitos son los que más se incumplen en los establecimientos municipales grancanarios, según aseguran los alcaldes y concejales consultados. San Bartolomé de Tirajana tiene un tanatorio -en San Fernando de Maspalomas- y cuatro velatorios -Castillo del Romeral, Aldea Blanca, Tunte y El Pajar- y en todos ellos se han tenido que realizar cambios para cumplir las nuevas condiciones de Sanidad. Puesto que la gestión de esos establecimientos está cedida a una sociedad funeraria, por concesión administrativa, es dicha empresa la que se encarga de adaptar las instalaciones, apunta Saida Valido, concejala de Cementerios.
Agüimes dispone de cuatro establecimientos funerarios y dos de ellos necesitan obras para poder seguir abiertos, el del casco urbano y el de Montaña Los Vélez. Sí cumplen los requisitos el tanatorio de la Playa de Arinaga y el crematorio del Sureste, situado en el Cruce de Arinaga, el único autorizado en la comarca para realizar incineraciones de difuntos.
“Ya hemos abordado este problema en el comité ejecutivo de la Fecam y en una reunión con el consejero de Sanidad, Jesús Morera, que se ha mostrado receptivo a conceder una prórroga a los ayuntamientos, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas”, comenta Óscar Hernández, alcalde de Agüimes.
La Fecam ha encargado un informe y busca una vía jurídico-administrativa para solicitar al Gobierno de Canarias una prórroga de dos años, probablemente a través de una iniciativa en el propio Parlamento autonómico, subraya Hernández. “Los ayuntamientos necesitan que al menos se amplíe el plazo para adaptar los tanatorios, porque tienen que buscar financiación, elaborar los proyectos e incluir las partidas económicas en los presupuestos del próximo año”, precisa el regidor de Agüimes.
Cooperación
Para los municipios pequeños supone un serio problema adecuar esos establecimientos al nuevo reglamento y proponen que sea el Gobierno de Canarias el que haga frente a esos gastos. O al menos a una parte de ellos. Otra alternativa es incluir esas obras en el Plan de Cooperación Municipal del Cabildo de Gran Canaria, pero eso significa detraer el dinero de actuaciones más urgentes en carreteras o red de alcantarillado.
¿Y cuánto cuesta adaptar un velatorio a los nuevos requisitos sanitarios? Las cifras oscilan en función del tamaño y de las obras a realizar. El Ayuntamiento de Arucas ha tenido que gastar unos 300.000 euros en la amplia reforma del velatorio municipal, actualmente cerrado para acometer ese trabajo. Eso está obligando a los vecinos de Arucas a velar a sus difuntos en los tanatorios privados de la capital o de los municipios vecinos de Teror o Firgas.
La reforma del velatorio de Valsequillo está aún en fase de proyecto y costará 44.000 euros, declara el alcalde Francisco Atta, que hace números para averiguar si el Ayuntamiento puede pagar esa cifra con fondos propios o debe buscar otra fórmula para poder realizar las obras con cargo a las cuentas de 2015. Como en tantos otros, hay que cambiar la estructura del edificio para habilitar dos entradas, separar salas y eliminar barreras arquitectónicas en los baños.
El tanatorio de Teror, situado junto al cementerio de Los Dolores, tampoco cumple la normativa pese a que el Consistorio ha ido realizando arreglos en función de la disponibilidad económica. La alcaldesa, Isabel Guerra, considera, no obstante, que la actual ubicación “no es adecuada” y debe construirse uno nuevo totalmente en otro lugar, preferiblemente dentro del pueblo.
Moya tiene sus tres velatorios, todos en situación irregular, y no tiene dinero para sufragar las obras. El que está abierto en el pueblo necesita una reforma interior total, pues para adaptarse al reglamento solo podrá conservar la estructura, señala Raúl Afonso, concejal de Urbanismo.
No todos los tanatorios incumplen. Unos porque son recientes y se construyeron de acuerdo a las nuevas directrices, como los de Firgas, Tejeda o San Mateo, y otros porque se han ido reformando en los últimos años, como los cuatro de Santa María de Guía (La Atalaya, Montaña Alta, Casas de Aguilar y el privado del casco de Guía), el de Gáldar (en el cementerio de San Isidro), los dos de La Aldea (el del pueblo y el de Tasarte), el de Santa Lucía (Vecindario) o el de Ingenio, según aseguran sus alcaldes.
El Ayuntamiento de Telde acaba de adaptar el tanatorio municipal del Parque Industrial de Melenara, antes Las Rubiesas, y descarta reabrir el de Lomo Cementerio, indica el concejal Agustín Arencibia.
