La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar si la playa artificial que ha construido el Grupo Anfi en el barranco de Tauro se ajusta a la legalidad. Las pesquisas afectan de lleno a la concesión administrativa de Costas para ocupar esa franja del litoral moganero, según han confirmado fuentes de la investigación.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil trabaja en un atestado que revela irregularidades en la concesión del dominio público marítimo-terrestre, una autorización de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar que es imprescindible para ejecutar el proyecto presentado por el Grupo Anfi, cuya finalidad es transformar la cala de piedras en una playa de arena rubia traída del Sahara.
Anfi Tauro SA, que pertenece al Grupo Anfi, obtuvo en octubre una concesión administrativa de 50 años para ocupar la desembocadura del barranco de Tauro, una de las zonas con mayor proyección turística del sur de Gran Canaria. El promotor comenzó las obras en febrero y los trabajados para colocar la arena se dieron por finalizados a principios de esta semana, con 70.000 toneladas de áridos que casi duplican las dimensiones anteriores de la cala. Ahora tiene una longitud de 300 metros y una anchura de 50, capacidad para 2.000 personas y su inauguración está prevista para agosto, cuando se termine el paseo marítimo que la unirá con Amadores. La inversión asciende a seis millones de euros, según datos difundidos por Anfi. Luego, en sucesivas fases, se ampliará el paseo hasta la playa de El Cura, se levantará un muelle deportivo con 322 atraques y se promoverá la construcción de 7.500 camas en varias hoteles.
Anfi, que es propiedad de la familia Lyng y del Grupo Santana Cazorla, tiene todos los permisos para mejorar y ampliar la playa, pero el Seprona ha encontrado irregularidades en la tramitación de la autorización que habilita a la empresa para transformar esa franja del litoral. La investigación afecta al Ayuntamiento de Mogán, el Cabildo y, sobre todo, a la Demarcación de Costas en Canarias, que depende de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, el cual, por delegación del Ministerio de Medio Ambiente, resuelve finalmente las concesiones sobre dominio público marítimo terrestre.
Las anomalías más relevantes, por el momento, no parecen comprometer al promotor de la urbanización, que ha ido adecuando su proyecto a los reparos planteados por la administración y las alegaciones, sino a los propios responsables de Costas, quienes han podido hacer la vista gorda ante la obligación de exigir el cumplimiento de algunas condiciones previas al inicio de las obras.
Esos requisitos afectan, sobre todo, a la necesidad de acreditar la propiedad de todos los inmuebles ubicados en la desembocadura del barranco, pues antes de ceder el uso privativo del litoral es necesario que el beneficiario sea el propietario de esos terrenos.
La Guardia Civil lleva investigando la concesión desde que comenzaron los trabajos el pasado mes de febrero, tras recibir una denuncia de la Federación Ben Magec Ecologistas en Acción. El colectivo sostiene que Tauro está situado a escasos 300 metros de la Zona Especial de Conservación Franja Marina de Mogán, y ese espacio protegido ha podido resultar afectado por el movimiento y la aportación de áridos finos a la playa, con "extensas plumas de turbidez" que se extienden por la bahía y se adentran en los límites de la ZEC, explica la federación ecologista en su página web.
La asociación, que se hace eco de los vecinos de la zona, revela que en la ejecución de las obras no se han tomado medidas correctoras, tal y como obliga el Planeamiento en vigor (PTE-29), cuya memoria ambiental establece que para prevenir, reducir y contrarrestar cualquier efecto significativo sobre la calidad del agua se deben instalar "barreras flotantes antiturbidez", entre otras medidas.
Las pesquisas de la Guardia Civil, sin embargo, no se centra en ese posible daño medioambiental, sino en supuestas irregularidades de Costas al obviar informes que advertían de la necesidad de demostrar la titularidad de algunas propiedades ubicadas en la trasera de la playa, donde antaño vivían centenares de vecinos.