El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria investiga las conexiones con Lanzarote y Fuerteventura de una supuesta trama delictiva especializada en la falsificación de expedientes para adquirir fincas rústicas que el miércoles se saldó con tres detenidos.
Entre los investigados figuran un funcionario del Catastro y el propietario de Carbonell Fernández Gestión Catastral, que es una de las gestorías más importantes de Gran Canaria en esa materia y está ubicada frente a la Gerencia Regional del Catastro de Canarias, en la Avenida Primero de Mayo de la capital grancanaria. Su dueño, José María Carbonell, es funcionario en excedencia del Catastro, además de amigo y excompañero del empleado público investigado. Ambos fueron detenidos el miércoles por la Guardia Civil junto a un abogado que tiene su despacho en la gestoría. Sin embargo, el miércoles solo trascendió una detención, que se sumaba a otras tres efectuadas la semana pasada en el marco del mismo caso.
Los arrestos se realizaron por orden del magistrado Rafael Passaro para registrar las oficinas del Catastro y la gestoría, de donde se llevaron expedientes y varios ordenadores. Ninguno pasó la noche en los calabozos. Al finalizar la tarde, cuando terminó la diligencia de entrada y registro, los detenidos fueron trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, donde se acogieron a su derecho a no declarar y quedaron en libertad.
Los tres denunciados, que fueron asistidos por el abogado Mariano Mesa, entre otros, optaron por no responder a las preguntas de los agentes al estar la causa secreta y desconocer los hechos que se les atribuyen.
Las fuentes judiciales consultadas aclararan que los detenidos serán citados por el juez en una fase posterior de la investigación, cuando se analice la documentación intervenida, siempre y cuando se encuentren indicios sólidos para ponerlos a disposición judicial. Passaro indaga una trama delictiva más amplia, con conexiones en Lanzarote y Fuerteventura, que supuestamente se dedica a falsificar expedientes de dominio para adquirir fincas rústicas.
En Gran Canaria, otro municipio al que se extiende la investigación, es Telde, donde al parecer están radicadas empresas relacionadas con los investigados que se dedican a la promoción inmobiliaria.
Las fuentes consultadas explican que la investigación no sólo se inició por una denuncia, sino que son varios los afectados por la venta ilegal de sus propiedades. Las tres primeras detenciones, de hecho, se produjeron la semana pasada en Fuerteventura y atañen a tres promotores inmobiliarios con importantes bolsas de terreno en el municipio de La Oliva. Uno de ellos, R. M. M., arrastra antecedentes penales: fue condenado recientemente por la Audiencia de Las Palmas al falsear un contrato privado de compraventa para hacerse de manera ilegítima con dos fincas, cuyas extensiones eran de 19.353 metros cuadrados y de 4.000 metros cuadrados. Esos tres detenidos, igual que los de la capital grancanaria, se encuentran en libertad.
El Juzgado de Instrucción numero 2, en colaboración con la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Las Palmas, ha abierto diligencias de investigación por siete delitos: estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y pertenencia a organización criminal.
Los registros practicados ayer en la capital grancanaria han causado sorpresa en el sector judicial al afectar a un letrado que ejerce habitualmente el turno de oficio en el Colegio de Abogados de Las Palmas. El investigado no es trabajador de Carbonell Fernández Gestión Catastral, sino que tiene allí su despacho y lleva como autónomo asuntos de la gestoría. Desde su entorno niegan que se haya colaborado con actividades ilegales para agenciarse suelo rústico, más allá de tramitar la documentación que presentan los clientes para solicitar el cambio de titularidad de las propiedades. Unos expedientes, como los de dominio, que pasan por filtros como el registro de la propiedad, el notario o los juzgados cuando existe una disputa por la posesión de la finca.
José María Carbonell fundó la gestoría en 1995, tras obtener la excedencia como funcionario técnico del Catastro de Las Palmas. En la actualidad trabajan en el negocio un abogado, dos ingenieros técnicos, dos topógrafos, un licenciado en geografía y dos expertos en aplicaciones, según su página web. Entre sus clientes, además de particulares, figuran municipios que necesitan colaboraciones para ejecutar convenios urbanísticos.
