El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto un expediente disciplinario al juez del caso Yeremi por faltarle al respeto a un coronel de Guardia Civil y a los agentes que investigan la desaparición del menor. Las diligencias previas fueron archivadas la semana pasada al considerar el magistrado que no hay indicios para llevar a juicio a Antonio Ojeda Bordón, El Rubio, principal sospechoso de raptar al menor el 10 de marzo de 2007 en la localidad de Vecindario. Hasta 30 personas han sido investigadas sin éxito.
La Guardia Civil presentó la queja contra el magistrado hace más de dos meses, tras una serie de discusiones con Juan Manuel Hermo Costoya por la manera en la que los agentes llevaban las pesquisas policiales.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana se negó a recibir al equipo investigador y a un coronel de la UCO, con quien tuvo una fuerte discusión telefónica, molesto con la inconsistencia de los datos recabados por los investigadores para cerrar el caso y sentar al Rubio en el banquillo.
Tras la denuncia del coronel, el Promotor de la Acción Disciplinaria en el CGPJ, Ricardo Conde, abrió expediente informativo, pidió explicaciones a las dos partes y decidió seguir con el procedimiento sancionador contra Hermo.
Así lo recoge uno de los acuerdos adoptados por la Comisión Disciplinaria del CGPJ el pasado 16 octubre, donde todos sus miembros aceptan por unanimidad la apertura del expediente al ser informados por el promotor.
Ricardo Conde aprecia la comisión de una posible "falta leve o grave de consideración hacia miembros de Fuerzas y Cuerpo de Seguridad en funciones de Policía Judicial", recoge el acuerdo de la Comisión Disciplinaria.
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que a los jueces se les puede sancionar con faltas leves, graves o muy graves en el ejercicio de sus funciones. Las primeras llevan aparejadas una advertencia y multa de hasta 500 euros; las segundas una sanción económica de 6.000 euros como máximo, y las muy graves la suspensión, el traslado forzoso o la separación de la carrera judicial.
En este caso no existe aún una propuesta de sanción. El posible castigo, en todo caso, oscilará entre la advertencia y la multa. También puede ocurrir que no se imponga ninguna amonestación, pues el promotor tiene ahora seis meses para cerrar el expediente y se abre otro plazo de alegaciones para ejercer el derecho de defensa.
Exista o no sanción contra Hermo Costoya, lo cierto es que entre el juez y la Guardia Civil saltaron chispas desde que el año pasado se hizo cargo de la investigación, una de las mayores espinas que tienen clavadas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado junto a la desaparición de la también grancanaria Sara Morales. Ambos asuntos, tras más de diez años de pesquisas, siguen sin resolverse.
En el auto de sobreseimiento del caso Yeremi, Hermo afea a la Guardia Civil que haya presentado contra El Rubio meras conjeturas y valoraciones subjetivas que no llegan a la categoría de indicios, entre otros duros reproches. La resolución, de 45 folios, analiza los hitos más importantes del caso, con gran profusión de detalles y extensa fundamentación de los motivos por lo que acuerda el archivo.
