El fallo de la Audiencia Provincial establece también que el acusado Juan Antonio Navarro Armas, como responsable civil directo, y la entidad Gesplan, y por tanto al Gobierno canario que participa en esta empresa, así como el Cabildo de Gran Canaria, como responsables civiles subsidiarios deberán indemnizar a unas setenta y siete personas. Este incendio forestal que se extendió de Tejeda a San Bartolomé de Tirjaana, San Nicolás de Tolentino, Mogán, Moya, Valleseco, Santa Brígida y Teror, supuso la mayor tragedia medioambiental producida en Canarias no sólo por afectar a una superficie de considerable importancia por alterar específicamente las condiciones de vida animal y vegetal, y ocasionar daños en un Espacio Natural Protegido.
Entre los afectados figuran Ignacio Jiménez, con 4.386 euros cantidad que ya le fue abonada en su día; mientras que los herederos de María Teresa Jiménez deben recibir 66.292 euros. Entre las personas que menos reciben está Wenceslao Álamo con 120 euros, mientras que Ricardo Ramos le deben aportar unos 802 euros. Y entre los que son indemnizados con partidas más elevadas están Antonio Ramírez Sáurez con 57.794 euros, Teresa Jesús Léon Rodríguez con 52.541 euros, y Andrés López Gopar con 51.818 euros.
