Cabildo de Gran Canaria: 140; Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: 0. Ese es el resultado comparativo de las irregularidades administrativas que figuran en los informes de Intervención de las cuentas de 2017 en las dos principales instituciones de la Isla, ambas gobernadas por las mismas siglas, NC, PSOE y grupos en la órbita de Podemos.
Nadie cuestiona que la buena gestión en una institución pública se mide, entre otros baremos, por el número de reparos suspensivos de los interventores que luego tienen que ser levantados por los políticos para poder pagar las facturas a los contratistas. Y en ese recuento se constata que en el Cabildo han aumentado en los últimos años y en el Consistorio capitalino se han reducido hasta llegar a cero.
El incremento de los reparos levantados por el gobierno insular de Antonio Morales en 2017 y la cuantía total de esas 140 anomalías, más de 26 millones de euros, ha recibido críticas de todos los grupos de la oposición y ha generado un enfrentamiento por la gestión en algunos departamentos de la institución, como los de Deportes, Menores, Aguas o Transportes.
Según el informe de la Intervención General del Cabildo, dado a conocer en el Pleno del pasado 4 de julio, en esas áreas se cometen las irregularidades más numerosas y graves, como el fraccionamiento de contratos o los pagos sin ningún procedimiento de contratación. Además, se repiten de un año a otro, lo que significa que los responsables de esas consejerías desoyen las advertencias y recomendaciones de los interventores.
En el otro extremo de una correcta gestión, dado que el levantamiento de reparos es algo habitual en la mayoría de las administraciones locales, se sitúa el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Según el informe de la liquidación del presupuesto de 2017, elevado al Pleno municipal el pasado 5 de junio, "no consta ninguna resolución" adoptada por el alcalde, Augusto Hidalgo, contraria a los reparos efectuados por la Intervención.
Por primera vez en el Ayuntamiento capitalino, todas las objeciones fueron corregidas en los términos solicitados por los interventores, por lo que no hubo que recurrir a la firma del alcalde para pagar las obligaciones contraídas por los distintos concejales, según explicó David Gómez, coordinador de Economía y Hacienda del gobierno municipal.
"No es malo que de vez en cuando hay alguna discrepancia entre los interventores y los órganos gestores, pero en este mandato hemos ido reduciendo el número de levantamientos de reparos y el año pasado ya no hubo ninguno", apuntó Gómez. En 2014, último año completo del alcalde Juan José Cardona (PP), hubo 100 resoluciones contrarias a reparos, por valor de 13,99 millones, mientras que en 2015, año de transición entre Cardona e Hidalgo, la cifra de levantamientos se elevó a 105, pero bajó la cuantía a 3,52 millones.
Frente a esa drástica reducción en el Ayuntamiento capitalino, en el Cabildo han aumentado durante el gobierno de NC y PSOE, ahora con dos escindidos de Podemos tras la ruptura del pacto con el partido morado de Pablo Iglesias. En 2014, el último año completo de gobierno de José Miguel Bravo de Laguna (PP), se levantaron 63 reparos, por un total de 4,5 millones de euros. En 2015, con medio año de Bravo de Laguna y el otro medio de Morales, subieron a 80 y también aumentó la cuantía a 12 millones de euros.
Fiscalización
Esos son los últimos datos certificados por la Audiencia de Cuentas de Canarias, que figuran en un informe de 2017 sobre el cumplimiento de la instrucción del Tribunal de Cuentas sobre los reparos de los interventores. En el año 2016 se registraron 35, sin contabilizar los de los organismos autónomos, y volvió a subir el importe, hasta 18,51 millones de euros.
Los informes de la Audiencia de Cuentas y del interventor, a falta de datos definitivos de 2016, revelan que el mayor número de irregularidades se registra en el Instituto Insular de Deportes. Así, en el año 2014, con Lucas Bravo de Laguna (PP) de consejero del área, hubo 26 levantamientos de reparos por 743.965 euros. En 2015, con medio año de gestión compartida con el socialista Ángel Víctor Torres, se contabilizaron 17 y el importe subió a 800.919 euros. El año pasado se formalizaron 27 reparos suspensivos y la cuantía bajó a 671.041 euros.
El mayor incremento de reparos de Intervención respecto al anterior mandato se produjo en el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), pues de los 9 registrados en 2014 se pasaron a los 34 de 2017. La mayor parte de ellos están relacionados con la atención en los centros de menores y hogares de acogida, según sostuvo en el Pleno el consejero insular de Hacienda, Pedro Justo, quien precisó que son problemas que se arrastran desde hace años por el aumento impredecible de número de menores en desamparo, una situación que, según Justo, "se está empezando a arreglar ahora".
Otro organismo público con un alto número de objeciones del interventor es el Consejo Insular de Aguas, con 8, 24 y 11 en esos años fiscalizados, los dos primeros con cantidades superiores a los 1,3 millones y 505.818 euros en 2017.
La propia administración del Cabildo también ha registrado un incremento de anomalías en los contratos públicos, pues mientras Bravo de Laguna o el Pleno tuvieron que levantar 19 reparos en el año 2014 y Morales otros 22 en 2015, el año pasado hubo 33. De ellos, 29 fueron solventados por el presidente, aquellos referidos a las facturas que fueron rechazadas por el interventor por "omisión de requisitos o trámites esenciales en el expediente". Los otros 4 reparos, por "insuficiencia o inadecuación del crédito", se elevaron al Pleno de la corporación.
Audiencia de Cuentas
Los últimos informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre los cabildos y ayuntamientos reflejan abismales diferencias en los números de gastos cuestionados por los interventores, desde las instituciones que superan el millar de irregularidades en un solo año, como el consistorio tinerfeño de Puerto de la Cruz (1.287 en el ejercicio de 2014), hasta una cuarenta de instituciones que remitieron una certificación negativa de reparos, es decir, que corrigieron todas las anomalías detectadas por los interventores en los procedimientos de contratación y abonos de las facturas.
El dictamen sobre los siete cabildos especifica que en el ejercicio del año 2014 se levantaron 1.154 reparos, por una cuantía total de 105,4 millones de euros, y que en 2015, año de elecciones, aumentaron a 1.374 y por un valor de 290,5 euros. El Cabildo de Gran Canaria, en esos dos años, pudo presumir de una mejor gestión que Tenerife, La Palma, Lanzarote y El Hierro, aunque peor que Fuerteventura y La Gomera. De hecho, esta última isla no registró ningún levantamiento en esos dos ejercicios.
El peor balance lo registró el Cabildo de Tenerife, con 525 reparos levantados en el año 2014 (82,3 millones de euros) y 751 en 2015 (261,6 millones). En ese ranking negativo le siguió Lanzarote, con 221 y 266, respectivamente, y La Palma, con 140 y 132.
Las diferencias entre los ayuntamientos también fueron notorias en esos dos años fiscalizados por la Audiencia de Cuentas. Aparte de Puerto de la Cruz, que acumuló 2002 irregularidades en esos ejercicios, los municipios con mayores incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Públicos fueron Arona, Güímar, Haría, La Orotava, La Laguna, Santiago del Teide, Tazacorte y Valverde.
Los ayuntamientos grancanarios que remitieron reparos a la Audiencia de Cuentas en esos dos años fueron Agaete (9), Arucas (65), Firgas (141), Ingenio (15), Las Palmas de Gran Canaria (205), Santa Brígida (26), Santa Lucía de Tirajana (10), San Mateo (10) y Mogán (1). Los otros 12 ayuntamientos realizaron una correcta gestión de los contratos y servicios públicos.
Alcaldes e interventores consultados por este periódico explicaron que el levantamiento de reparos es una práctica que se ha convertido en habitual en algunos ayuntamientos, sobre todo los más poblados. Los regidores de municipios pequeños le tienen más respeto a los dictámenes negativos, como recordó el alcalde de Moya, Hipólito Suárez. "Si alguna actuación tiene un informe desfavorable, ordeno que se corrija el expediente o que se anule", afirmó.
Suárez comentó que hasta ahora no había levantado ningún reparo, pero en las últimas semanas ha tenido que firmar dos, relativos a servicios de agua y alumbrado en barrios de Moya, porque los ayuntamientos pequeños están teniendo dificultades para adaptarse a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado mes de marzo.
Francisco Perera, alcalde de Tejeda, opinó lo mismo. "Desde que un interventor pone una pega a algo, damos marcha atrás y buscamos la forma de corregirlo", declaró. Coincidió en que la nueva normativa supone un quebradero de cabeza para los ayuntamientos que no disponen de medios informáticos, pues hasta las compras más pequeñas requieren un expediente y su tramitación por vía electrónica.
La nueva ley, según los interventores consultados, impedirá que se repitan algunas de las irregularidades recogidas en las cuentas del Cabildo de 2017.
