La gestión de las empresas registradas bajo el paraguas del Grupo Anfi sitúa a los hermanos Santiago y Manuel Santana Cazorla, socios empresariales, en una encrucijada. Santiago Santana Cazorla, a través de la mercantil Bodegas de Tirajana SLU, ha interpuesto una querella contra su hermano Manuel Santana Cazorla, y también contra sus más fieles colaboradores durante años Arturo Ramírez González, Manuel Fernández González y Martín Suárez Hernández, administradores de varias sociedades de la compañía, por la comisión de un presunto delito de administración desleal y otro de imposición de acuerdos abusivos.
En la querella, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana, y a la que ha tenido acceso este periódico, Santana Cazorla denuncia el pago injustificado de una indemnización de 781.000 euros al querellado Arturo Ramírez González, una decisión adoptada durante la reunión del Consejo de Administración del 10 de abril de 2018 y que Santiago Santana Cazorla considera "gravemente lesiva para el patrimonio de las empresas administradas".
El documento señala que Arturo Ramírez González prestó "supuestamente" servicios profesionales a Anfi Sales y Anfi Resorts desde el 29 de marzo de 2012 al 10 de abril de 2018, cobrando por su condición de Director General Institucional aunque, sostiene, ni existe un contrato que documente tal relación, ni se han encontrado trabajos realizados ni consta la prestación de servicios profesionales que justifiquen el cobro de 200.000 euros anuales. "Hasta el 29 de marzo de 2012 no existía el cargo de Director General Institucional en Anfi Sales y Anfi Resorts", recoge el documento, "cargo que fue creado ad hoc en virtud de un Pacto de Socios ese mismo día que, a su vez, fue redactado por el mismo querellado Arturo Ramírez".
Pactado
La denuncia recoge que los querellados se aprovecharon de su condición de consejeros de estas sociedades y prevaliéndose de su posición de control del órgano de administración para resolver un "contrato inexistente" e indemnizar con 781.000 euros a Ramírez González sin tener derecho a ello. "A pesar de que ambos tenían los poderes revocados", Manuel Santana Cazorla y Manuel Fernández González ordenaron al Banco Sabadell la transferencia con cargo a una cuenta a nombre de Anfi Sales. "Tras resolver el contrato inexistente, y ese mismo día 10 de abril de 2018, los querellados volvieron a contratar a Ramírez González en las mismas sociedades", figura en la denuncia.
El denunciante justifica la inexistencia del contrato de Ramírez González en los Pactos de Socios del 14 de junio de 2004 y 29 de marzo de 2012, documento que recoge que todos los contratos relacionados a la alta dirección "habrían de ser aprobados previamente por el Consejo de Administración de las sociedades", lo que, añade, "nunca tuvo lugar".
La querella señala además que el acuerdo de resolución fue "una simulación" con la que los querellados han querido "enmascarar el pago a Manuel Santana Cazorla y Martín Suárez como 'premio' por razón de la conducta desleal que están desplegando como personas físicas representantes de dos de los cuatro consejeros del grupo Santana Cazorla en perjuicio de ésta y en beneficio de Eustasio López", propietario de Lopesan y competidor directo de Santana Cazorla.
De hecho, el documento explica que durante ese Consejo de Administración, Arturo Ramírez entregó al resto de querellados una factura por la indemnización, "factura que aunque databa del día 10 de abril, lo cierto es que ya había sido elaborada con anterioridad a esa fecha". "Eso evidencia que todo estaba hablado y cerrado por los querellados", prosigue, "constituyendo tal Consejo de Administración del 10 de abril una mera apariencia con la que pretender legitimar el comportamiento delictivo".
"El solo hecho de resolver un contrato inexistente, abonar una indemnización millonaria a la que no se tiene derecho para, a reglón seguido, volver a contratar al mismo prestador de servicios, para las mismas sociedades", sostiene Santana Cazorla en la querella, "es, por sí solo, constitutivo de un delito de administración desleal".
En las diligencias previas, el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana ha solicitado a las sociedades mercantiles Anfi Resorts y Anfi Sales que remita documentación de las actas del Consejo de Administración celebrado el 10 de abril de este año donde se resolvió la indemnicación a Arturo Ramírez González, así como ha instado al Banco Sabadell a que justifique de igual forma la orden de transferencia desde una cuenta de la empresa Anfi Sales. El juzgado tomará declaración a los acusados durante el próximo mes de noviembre.
Esta querella forma parte de un conjunto de denuncias cruzadas entre los hermanos. Esta misma semana, ambos declararon ante una funcionaria de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana por una denuncia que, en este caso, interpuso Manuel contra Santiago, al que acusa de haberse apropiado de un barco propiedad del Grupo Anfi, y llevárselo a Marruecos. Según explicaron fuentes jurídicas, la embarcación figuraba como patrimonio del Grupo Anfi hasta hace un año, cuando Santiago decidió inscribirla a su nombre. En su defensa, el acusado asegura que el activo es de su propiedad, y además es él quien abona los gastos de atraque y mantenimiento. El barco, argumenta, fue adquirido por el denunciado en el año 2012 y registrado a nombre de Anfi como "parte del pago para condonar una deuda".