La fiscal reiteraba en su interrogatorio a los testigos, casi de manera machacona, quién de ambos ediles había acudido a la Junta de Gobierno motivo de la denuncia. Por la Sala de la Sección Primera de la Audiencia Provincial pasaron como testigos compañeros de ambos políticos, además del interventor y la secretaria de la roporación municipal. La fiscal estima en su escrito de conclusiones provisionales que salvo la presunta prevaricación administrativa de Silverio Matos y Antonio Ruiz, el resto de los miembros de ese órgano colegiado, no consta que que tuvieran conocimiento de su ilegalidad.
Los concejales José Antonio García Cubas, Aurelio Falcón Déniz, Francisco José García López y Ramón Ramos Rodríguez, participantes en esa reunión coinicidieron en responder que Inmacula Ramírez no acudió, pero sí Antonio Miguel Ruiz. Todo lo contrario expresó la hasta hace unos días secretaria municipal, quien en el acta de esa Junta de Gobierno Local señalaba que había sido la edila y no Ruiz el asistente. Un tema nada baladí si se tiene en cuenta que la fiscal considera que el acuerdo entre Ayuntamiento y empresas se realizó sin respetar la legislación que regula los contratos públicos al no garantizar el interés público y "de los demás ciudadanos la concurrencia pública de más y mejores ofertas para la corporación local".
La propia Inmaculada Ramírez aseguró que no asistió a esa reunión por una cuestión moral porque su marido era gerente de una de las empresas del convenio y que no estuvo ese día porque no disponía de la jornada completa en el Ayuntamiento.
La exsecretaria de la corporación derivó al acta firmada por ella en 2005 para ratificar que había acudido Ramírez y no Ruiz. La fiscal expresó su extrañeza porque nadie advirtiera del error en la redacción del acta y se aprobara en la siguiente sesión sin objeciones.
Tres guardias civiles fueron llamados a declarar sobre las escuchas realizadas durante la investigación. Uno de los agentes indicó que investigaron un tráfico de infuencias, mientras que otro reconoció que en las cuentas investigadas del exalcalde no habían encontrado nada. Su abogado recordó que las escuchas son de 2007, no del periodo que se juzga.
