La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicitó cuatro años de prisión para el alcalde de Artenara, Jesús Luján Díaz, el concejal de Obras, Samuel González, y el técnico de prevención de una empresa contratada por el Ayuntamiento, Benito Rodríguez por la muerte de un trabajador en 2017.
El escrito de acusación reveló que el edil de Obras Públicas, era el encargado de "supervisar, controlar y dirigir las tareas de mantenimiento" del colegio donde sucedió el accidente, siendo el alcalde "el máximo responsable".
El 15 de noviembre de 2017 sobre las 10.25 horas, el trabajador Aventino Medina de 56 años, en su condición de trabajador dependiente del Ayuntamiento de Artenara "se subió a una de las cubiertas no transitables con el fin de pintar el borde del frontal que une los dos edificios" del colegio público. Tras esto, se precipitó al suelo a desde 4,30 metros de altura por lo que falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico con destrucción de centros vitales.
El Ministerio Fiscal destacó que no se había dispuesto un equipo de protección para la realización de este tipo de trabajo de altura de forma colectiva, ni individual. También reflejó que no existía un procedimiento a seguir para las tareas de pintura por lo tanto los trabajadores "lo improvisaban".
El hoy fallecido no tenía botas de seguridad antideslizantes, además la escalera para acceder al centro no era la reglamentaria, tampoco fue sometido a un reconocimiento médico perceptivo, ni él ni el resto de los trabajadores tenían conocimientos de prevención por lo que existió, a juicio del fiscal, "una ausencia total de planificación y coordinación" de las labores a realizar.
De igual forma, en el colegio no se evidenció la existencia de prevención de riesgos asociados a labores de mantenimiento, ni para los trabajos de pintura.
El fiscal alegó que tanto el alcalde como el concejal consintieron todas las deficiencias a pesar de conocer los pormenores de los servicios, equipos y medidas preventivas que debían utilizar los trabajadores. Y señaló que el edil no tenía preparación alguna para desarrollar el cargo que le fue designado.
La empresa PREVIS prestaba los servicios de prevención para el Ayuntamiento, siendo el acusado Benito Rodríguez el técnico de prevención, este "elaboró un documento de evaluación de riesgos y prevención" el 16 de marzo de 2016 sobre el colegio pero no planificó medidas en cuanto a tareas de mantenimiento, reparación y pintura "con riesgo a caídas a distinto nivel" a pesar de ser "previsible la realización de trabajos de altura".
Tampoco, según el fiscal, se diseñó una "evaluación de riesgos laborales con respecto al cargo de peón de obras públicas para el centro educativo, ni facilitó información y formación preventiva al accidentado".
Por ello, solicitó para Jesús Díaz, Samuel González y Benito Rodríguez, una pena de cuatro años de prisión por un delito contra los derechos a los trabajadores en concurso ideal con uno de homicidio por imprudencia grave.
El alcalde y el concejal se enfrentan también a la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de empresas relacionado con tareas de mantenimiento durante cinco años, mientra que el técnico de prevención de PREVIS, a la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de técnico de prevención por cinco años.
En concepto de responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a los hijos del trabajado fallecido por la cantidad de 278.900 euros con responsabilidad civil directa la empresa aseguradora MAPFRE y subsidiaria el Ayuntamiento de Artenara.
Negociación
Los hijos de la víctima revelaron que se está manejando una negociación con el Ayuntamiento. "Estamos llegando a un acuerdo por cerrar este capítulo tan doloroso", relataron.
Los tres hijos de la víctima afirmaron que no han recibido ningún tipo de ayuda por parte del Consistorio. "Ni siquiera declararon días de luto por el fallecimiento de mi padre ni nos han preguntado si estamos bien o necesitamos algo", aseguraron.
"He recibido hostigamiento por parte del Consistorio. El estar en litigio con ellos me ha costado que no me adjudiquen el mantenimiento de la piscina municipal, que vengo haciendo desde el 2015 y hasta 2017 cuando murió mi padre", señaló uno de ellos.
