El Cabildo de Gran Canaria ocultó hasta ahora documentos sobre la compra de Amurga, entre ellos el de la propuesta de adquisición de las tres fincas por un precio total de 4,44 millones de euros en agosto de 2016, un año antes de iniciarse el procedimiento para crear una Bolsa de Fincas Rústicas para reforestación y de la convocatoria pública por la que el gobierno insular de Antonio Morales acordó pagar 4,06 millones de euros por esos terrenos. Entre los propietarios de las parcelas, situadas en San Bartolomé de Tirajana, figuran la esposa y cinco cuñados de Román Rodríguez, exvicepresidente del Cabildo y líder de Nueva Canarias.
Este documento de la Consejería de Hacienda y Presidencia, firmado el 4 de agosto de 2016 y entregado ahora por los funcionarios del Cabildo, había sido requerido por los grupos de la oposición desde hace dos meses al no estar incluido en el expediente administrativo para la compra de las tierras de Amurga.
No obstante, se tenía conocimiento de su existencia por el contenido de un correo interno entre dos departamentos del Cabildo que sí había salido a la luz. En ese email se reconocía que había un folio con "tachaduras" realizadas durante una reunión con el responsable de Economía y Hacienda, Pedro Justo.
A raíz de esta nueva documentación, el consejero de Unidos, Daniel Reyes, solicitará una copia de estos papeles para incorporarlos al recurso que ha interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 6 de Las Palmas de Gran Canaria para anular la compraventa.
Reyes entiende que se trata de una información "clave" para demostrar que el procedimiento posterior ha sido "un traje a medida" para acabar comprando las tres fincas de Amurga por más de cuatro millones de euros.
En los nuevos papeles hay una propuesta del Servicio de Patrimonio en la que se plantea la adquisición directa de siete fincas rústicas, en las que figuran la denominación, el término municipal en el que se encuentra, la superficie y el precio.
Las tres parcelas de los familiares de Román Rodríguez aparecen recuadradas respecto a las otras cuatro y sus precios subrayados, con un número de orden de la más cara a la más barata. También se incluye un comentario a bolígrafo que señala textualmente: "Ya hemos adquirido alguna, creo que la denominada Amurga I. Por favor, actualizar datos para comprar".
La Consejería que dirige Pedro Justo, siempre según ese documento, proponía adquirir la finca Amurga I (Umbría de Fataga) por 393.422 euros, la Amurga II por 3.852.883 euros y la Amurga III (Lomo Gordo) por 199.602 euros. En total, 4.445.853 euros.
Tras una convocatoria pública a la que se presentaron 87 propietarios, y que en opinión de los cuatro grupos de la oposición -PP, Unidos, Podemos y CC- está "plagada de irregularidades" para favorecer a unos determinados vendedores, el consejo de gobierno del Cabildo acordó el 28 de diciembre de 2018 la adquisición de esas tres fincas por un total de 4.068.640 euros, divididos en 382.170 por Amurga I, 3.463.965 euros por Amurga II y 222.505 euros por Amurga III.Valoraciones
Por tanto, el departamento de Pedro Justo ya estaba dispuesto a pagar 4,44 millones de euros en el año 2016, unos 377.000 euros más de los que se fijaron dos años después como valor económico de los terrenos, aunque entre ambas fechas y propuestas de compra cambió la superficie de las tres fincas.
Así, Amurga I aparece con 485.647 metros cuadrados en el documento conocido ahora, mientras que en el expediente de la compra figuran 525.067 metros. En Amurga II esa diferencia es de 4.409.100 metros frente a 3.884.024 metros, respectivamente, mientras que en Amurga III sí aparece una superficie semejante, 255.900 metros frente a 255.919 metros. Por tanto, en la propuesta de compra del año 2016 las tres fincas sumaban 5.150.647 metros cuadrados y en el acuerdo del consejo de gobierno de 2018 se redujeron a 4.665.010 metros cuadrados.
Los precios fijados por el Cabildo en ambas fechas contrastan con las valoraciones de los terrenos que hicieron los propios familiares de Román Rodríguez. Así, el 27 de febrero de 2018, al presentar la solicitud a la Bolsa Insular de Fincas Rústicas, el representante de los vendedores, José Victoriano González Rodríguez, exinterventor del Ayuntamiento de Santa Lucía y cuñado del líder de NC, ofreció un "precio indicativo" de 0,35 euros por metro cuadrado, es decir, 1,63 millones de euros por la totalidad de los terrenos.
Tres semanas después, el 22 de marzo de 2018, José Victoriano González registró en el Cabildo un escrito en el que se quejaba de los "estrictos y rigurosos límites" del Anexo IV de las Bases Reguladoras del procedimiento para crear la Bolsa de Fincas Rústicas, por lo que propuso que incluyeran otros elementos de valoración, con los que el precio de sus terrenos alcanzaría los 0,78 euros por metro cuadrado. En total, 3,63 millones de euros, justo dos millones más del "precio indicativo" que había puesto al presentar su oferta.
A juicio del cuñado de Román Rodríguez, "los límites del citado Anexo IV de las Bases impidieron a los ofertantes matizar el precio final de la venta de sus fincas", en el sentido de que "tienen unas características y unos elementos anexos que conllevan la necesidad de su determinación y debida valoración aparte, a los efectos de que su precio final se ajuste en todo lo posible a su valor real".
En tres escritos dirigido al presidente Antonio Morales, uno por cada parcela, José Victoriano González señala que "dentro de las fincas ofertadas hay pistas forestales, aljibes, cuevas, tuberías, manantiales de agua y otros elementos que son susceptibles de valoración diferenciada" a la oferta indicativa. Igualmente, añade, se debe aumentar el precio porque los terrenos de Amurga "se hallan situados en Espacio Natural Protegido, en zona estratégica y forman parte de la Reserva de la Biosfera".
Sospechas
De ahí nace una de las principales sospechas sobre la compraventa de los terrenos de Amurga. ¿Por qué el cuñado de Román Rodríguez habla de "estrictos y rigurosos límites" en el precio indicativo si en las Bases de la convocatoria pública para ofrecer las fincas rústicas no se establece a los vendedores ningún tope máximo ni mínimo en el precio que pueden ofertar?
De hecho, el Anexo IV publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 7 de febrero de 2018 es solo una ficha para que los vendedores indiquen el precio ofertado por metro cuadrado. En esas bases publicadas en el BOP tampoco se citan las siete comarcas preferentes, sino que se incluyeron con posterioridad en la web del Cabildo para excluir a los terrenos que no estuvieran en esas siete zonas. La mayoría de las ofertas quedaron fuera.
No fue hasta cuatro meses después del escrito de José Victoriano González a Antonio Morales, el 31 de julio de 2018, con la aprobación de las Bases del Procedimiento Restringido para la compra de suelo rústico, cuando el Cabildo establece en el BOP las siete comarcas (Corredor Pinar de Tirajana y Amurga, Entorno de la Finca de Osorio, Medianías de Gáldar y Santa María de Guía, Corredor Los Tiles de Moya-Barranco Oscuro, Corredor Inagua-Roque Nublo, Medianías de Telde-Ingenio-Agüimes-Santa Lucía y Cuenca Alta del Barranco de La Mina), fija un precio máximo de 0,50 euros por metro cuadrado e incluye en el pago final la denominada Valoración de Criterios Complementarios e Infraestructuras Anexas, similar a la que había reclamado previamente el familiar de Román Rodríguez.
Tras pasar la primera selección en base a las siete comarcas, en la que solo quedaron las tres fincas de Amurga y otras cuatro, José Victoriano González ofertó 0,45 euros por metro cuadrado, lo que suponía un precio total de 2,09 millones de euros por las tres parcelas.
Tras valorarse aparte los demás elementos, el gobierno insular de NC-PSOE aprobó la compra de esos terrenos por casi el doble, 4,06 millones de euros, con el consiguiente rechazo de todos los grupos de oposición. Ese precio final equivale a una media de 0,87 euros por metro cuadrado, superior incluso a los 0,78 euros en que habían valorado las fincas sus propios dueños.
Los socialistas, al conocer el nombre de los vendedores y los detalles del procedimiento, han advertido a sus socios de NC que no apoyarán esa compraventa si se vuelve a plantear en un consejo de gobierno.
La operación está paralizada por el propia Consejería de Hacienda y Presidencia a la espera de un informe sobre los deslindes de los terrenos públicos, que no se había realizado pese a que era obligatorio.
Al tener conocimiento de esta nueva documentación, el consejero Daniel Reyes, que en enero interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del gobierno de Morales, va a requerir que esa propuesta de compra del año 2016 se incorpore al expediente que ya ha sido entregado por el Cabildo al Juzgado.
A su juicio, la mejor alternativa que tiene el pacto NC-PSOE para resolver esta polémica, que incluso podría llevar a la vía penal si el gobierno sigue adelante con la adquisición, es realizar una revisión de oficio por no haberse tenido en cuenta los deslindes y anular todo el procedimiento. En caso de no hacer nada, los propietarios podrían reclamar indemnizaciones al Cabildo por no cumplir el acuerdo de compra del pasado 28 de diciembre, en un consejo de gobierno urgente y extraordinario.
