El fiscal del denominado 'caso Brisán' elevó la solicitud de condena de diez a 12 años de inhabilitación especial para empelo o cargo público por el delito continuado de prevaricación para el exedil y los dos funcionarios acusados.
En concreto, el Ministerio Fiscal acusa al exconcejal del Ayuntamiento de Santa Brígida, Luis Troya, al empresario satauteño Pedro Morales y a dos funcionarios del Consistorio, Santiago Hernández y Jacinto Hernández por, presuntamente, fraguar una trama de corrupción para no llevar a concurso público la adquisición de suministros para el Ayuntamiento, de fraccionar las facturas para evitar la contratación y realizar las compras de forma directa entre la empresa Morales Ravelo e Hijos, S.L., propiedad del acusado Pedro Morales y el Consistorio. Además, la Fiscalía acusa al exedil de autocontratar la adquisición de los materiales de la corporación a través de su negocio, llamado Ferretería y Materiales de Construcción Las Casillas, S.L., con facturas de Morales, ya que por ser concejal no podía venderle.
En la última sesión del juicio por este procedimiento, denominado 'caso Brisán', el fiscal Miguel Pallarés elevó la solitud de condena por el delito de prevaricación para el exconcejal y los dos funcionarios del Ayuntamiento de Santa Brígida. Con respecto a los delitos de malversación y falsificación en documento mercantil continuado que se les imputan al exedil, al empresario y a los empleados públicos, la Fiscalía mantuvo la solicitud de pena de cinco años de cárcel para el exconcejal y los funcionarios y de dos años y seis meses de prisión para el empresario.
El fiscal considera que ha quedado probado en el juicio que los acusados fraguaron la trama de corrupción. "Si algo es inconcreto por parte del Ministerio Fiscal es la cuantificación del daño, el despropósito, el ánimo de ilícito enriquecimiento y el fraude a la Hacienda Pública por parte de los imputados", aseveró Pallarés. Las defensas no lo comparten y aseguran que no han quedado acreditados los hechos por los que se les acusa a sus clientes.
El técnico responsable del informe realizado por la Audien-cia de Cuentas reveló que encontró múltiples irregularidades e incumplimiento de la normativa vigente. Entre ellas, reseñó la adquisición de materiales de ferretería adquiridos en la empresa de Morales, que tenía un contrato de arrendamiento de negocio con Troya, por el cual quien gestionaba el negocio, desde su punto de vista, era Las Casillas S.L.
Por su parte, el diputado, exconcejal y exalcalde de Santa Brígida, Lucas Bravo de Laguna, que compareció como testigo de la defensa, aseguró ayer que "era habitual comprarle a la ferretería de Pedro Morales". El juicio quedó visto para sentencia.
