La polémica por la compra de las mascarillas a la diseñadora Ogadenia Díaz volvió a romper ayer el consenso y el buen entendimiento político en el Pleno del Cabildo de Gran Canaria, en el que fueron aprobadas por unanimidad casi todas las medidas del gobierno tripartito para paliar los efectos del coronavirus. Incluso se aceptó una moción de los tres grupos opositores para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que se eliminen las reglas de gasto que impiden gastar el dinero que la corporación insular tiene en los bancos.
Las felicitaciones de todos los partidos a la consejera de Política Social, Isabel Mena, por la "buena gestión" en los centros de atención sociosanitarios del Cabildo durante estos primeros meses de la pandemia, se tornaron en bronca cuando se abordó la adjudicación de un contrato de 120.000 euros a la empresa de la firma Moda Cálida para suministrar unas 20.000 mascarillas higiénicas.
Ante las reiteradas preguntas sobre ese contrato del portavoz de Ciudadanos, Ruymán Santana, el presidente del gobierno insular, Antonio Morales, tachó de "irresponsables" a los que "siembran dudas" sobre esa diseñadora e insinuó que los grupos opositores (PP, Unidos-CC y Ciudadanos) pretenden trasladar al Cabildo la crispación que existe en la política nacional.
Por su parte, los grupos de la oposición volvieron a cuestionar el procedimiento de emergencia utilizado en el caso de Ogadenia, en vez de la tramitación de urgencia con libre concurrencia de otras entidades, y aseguraron que sus críticas no van dirigidas contra la empresaria textil, sino contra los departamentos del gobierno insular que idearon esa operación, en concreto las de la propia Presidencia y la Consejería de Industria y Comercio.
En el turno de preguntas, el portavoz de Ciudadanos interrogó a Mena sobre esa compra y sobre si ya están siendo utilizadas, a lo que la consejera respondió que las mascarillas aún no habían llegado al Cabildo, pues la previsión es que se entregaran "a finales de mayo o principios de junio". La oposición recordó que el propio gobierno insular informó el 21 de abril que se empezarían a producir a final de ese mes.
Mena puntualizó que ese material se va a usar en los centros de mayores de estancia diurna y personas dependientes, que no abrirán hasta mediados de junio, por lo que no se necesitarán esas mascarillas hasta el 15 de junio. "Esperamos que estén en ese momento", añadió.
Ante esa respuesta, Santana le preguntó qué necesidad tenía entonces de adjudicar esa compra por la vía de emergencia, pues ni siquiera estaban fabricadas. Mena defendió ese procedimiento y aseguró que la situación de los centros sociosanitarios el 16 de abril "era terrible en lo que se refiere al suministro de mascarillas" y reveló que hubo "más de diez procedimientos de emergencia para adquirir material", así como pedir a otras áreas del Cabildo (Mataderos, Medio Ambiente), el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Sanidad. "Ha sido la situación más difícil de mi trayectoria vital", admitió la consejera.
"Visto ahora desde la distancia", añadió Mena, "sobre si se debía seguir o no el procedimiento de urgencia, yo no podía saber el 16 de abril que ahora el mercado estaría abierto y se podían comprar en Mercadona o en Carrefur; hay poca conciencia de los mal que lo hemos pasado en las primeras semanas de la crisis sanitaria".
Tras otra réplica del portavoz de Ciudadanos, en la que sugirió que la adjudicación se realizó sin concurrencia competitiva porque "han querido favorecer a una determinada persona", Mena fue informada por el presidente de que en ese momento acaban de llegar las primeras mascarillas de Ogadenia al Cabildo, aunque no especificó el número de ellas.
Ruymán Santana dijo que no tiene dudas de que Mena no conocía a la empresaria, pero sí otros responsables del Cabildo, que han actuado como "comercializadores" de Ogadenia. "Si querían favorecer a la industria textil tenían que hacer un procedimiento competitivo en el que todos puedan participar, aquí lo que hay es otra cosa y ya llegaremos otro día".
Frente a esas acusaciones, el presidente Morales se hizo preguntar por la consejera Sara Ramírez, por tavoz de Podemos ayer, para responder a la oposición y dijo que es una "absoluta irresponsabilidad sembrar dudas sobre la institución y sobre el honor de una empresaria con un amplio respeto en el mundo del diseño".
Tras hacer un repaso a las fechas de la propuesta y adjudicación, Morales aseguró que "se ha seguido un procedimiento exquisito y escrupuloso", por lo que opinó que "se está intentando hacer daño a una persona que ha conseguido levantar el ERTE en tres empresas, ha creado una empresa nueva y tiene a 35 personas fabricando mascarillas higiénicas". "No sé a quien vota, solo veo en ella a una persona emprendedora y que arriesga", dijo el presidente.
