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Los trabajadores acusan al alcalde de Gáldar de fomentar la crispación

UGT convoca para mañana una concentración de repulsa ante los 141 despidos que planea Teodoro Sosa

El ambiente de crispación crece por momentos en el Ayuntamiento de Gáldar ante la pretensión del actual pacto de ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que, de prosperar, supondría el despido de 141 miembros de su plantilla, 54 de ellos de forma definitiva. Ayer fueron los propios afectados los que mantuvieron una reunión informativa en la asociación de vecinos de Barrial y en la que, entre otras cosas, acusaron al alcalde Teodoro Sosa de fomentar las peleas entre ellos por los modos y maneras de dar a conocer el listado de los trabajadores que se quedarían en el paro.

En el encuentro, que contó con las intervenciones de Eduardo Mederos, presidente del comité de empresa y secretario general de UGT en Gáldar, y de Gema Mendoza, del sindicato SI-Canarias, se anunció que la Delegación del Gobierno ya ha dado su consentimiento para la celebración de una manifestación, mañana a mediodía, ante las oficinas municipales.

Mederos y Mendoza quisieron lanzar un mensaje de tranquilidad a los asistentes. El primero acusó al alcalde Teodoro Sosa de fomentar la crispación y el enfrentamiento tras recordar ante los medios que ya en 2009 se comprometió a dotar de estabilidad laboral a una plantilla que había aceptado reducirse el sueldo en unos porcentajes en algunos casos próximos al 20%.

Mederos dijo tener claro que el ERE "no va a ser aprobado por la autoridad laboral", pero ello no fue óbice para que comunicase su pretensión de plantar cara a una iniciativa "que creemos que no es justo porque no se corresponde con los datos reales. Vamos a poner medidas para intentar parar la cantidad de disparates que se le han ocurrido a este alcalde", espetó al comienzo de una sesión que se prolongó por espacio de una hora ante la gran cantidad de dudas que surgieron entre el público.

El delegado sindical también advirtió de que el recorte en la plantilla implicará una merma en la prestación de los servicios básicos, como son los Servicios Sociales, y aseguró que los criterios seguidos por el grupo de gobierno para elegir a los componentes de la ya denominada como lista negra son "inventados". Ambas partes se verán las caras el próximo día 19.

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