El Ayuntamiento de Gáldar acordó ayer por unanimidad en un pleno extraordinario cerrar un acuerdo con Aqualia, empresa gestora del servicio municipal de aguas, para evitar la judicialización de las disputas entre ambas partes, que podría haber supuesto indemnizaciones millonarias. El alcalde, Teodoro Sosa, manifestó durante la sesión que el pacto “beneficia a las dos partes”, ya que el municipio se enfrentaba al riesgo de tener que afrontar pagos globales por valor de 13 millones de euros, mientras que le reclamaba a la compañía en los juzgados sin saber si tendría éxito 14 millones.
“Aunque pueda considerarlo una derrota personal, es una victoria general del pueblo, porque no nos podíamos permitir un patinazo por no llegar a un acuerdo”. Teodoro Sosa reconoció que meterse en líos judiciales podía haber hipotecado durante años al Ayuntamiento de Gáldar, “y yo no me lo hubiera perdonado”.
El pacto contempla la paralización del rescate, que se había ya quedado sobre la mesa en el anterior pleno celebrado el 10 de diciembre, tras una petición en el última hora de la empresa para sentarse nuevamente a negociar. Y se le reconoce el ingreso de 3.250.000 euros, que se cobrará en 13 años de la depuración de aguas.
Y a su vez, la empresa retira las denuncias que tenía contra el municipio reclamando más de siete millones, y renunciando a la petición de nuevas demandas económicas por resultados de explotación. A esto se suma una serie de inversiones para aminorar las fugas en la red por el Ayuntamiento, por una cantidad de 200.000 euros, y otra inversión de 300.000 de la empresa.
La concejala de Hacienda, Valeria Guerra, detalló que las discrepancias se remontaban a 2014, cuando la concesionaria le reclamaba una serie de compensaciones por criterios de desequilibrios de explotación año tras año, con los que no estaba de acuerdo el grupo de gobierno, porque era un criterio que no estaba dentro de los pliegos del contratos. Según detalló, aceptarlo hubiera supuesto un coste añadido en estos años de un 140% más, que podría llegar al 300% al final de la concesión, prevista para el año 2032. Además, hubieran tenido que subir las tarifas a los usuarios.
Desde 2009 hasta el año pasado Aqualia habían interpuesto tres reclamaciones. En una de las sentencias se le reconoce la indemnización 3.250.000 euros. El caso estaba pendiente de un recurso al Tribunal Supremo.
La concejala y el alcalde criticaron que toda esta disputa se había traducido en la prestación de un mal servicio, entre los cuales citaron casos de averías que se podían solucionar en horas y que se alargaban días.
La clave, asegura, para que la empresa se sentara a dialogar es un reciente informe del Consejo Consultivo que dio el respaldo a una posible decisión de rescate, que era la opción por la que habían optado. Este paso, según apuntaron en el pleno, podría haber supuesto un desembolso de 13 millones de las arcas municipales, que podría haber puesto en crisis la salud financiera local. Mientras, el Ayuntamiento reclamaba en conjunto 14 millones por incumplimientos, pero que todo hubiese quedado en manos de la decisión de los jueces.
El portavoz de Coalición Canaria, Blas Díaz, resaltó que a partir de ahora es el momento “de pasar página”. Por un lado, porque no se puede hipotecar en el municipio. Y, por otro, dio un voto de confianza a la compañía.
Un crédito para toxicomanías
El Ayuntamiento de Gáldar tramita la concesión de un crédito extraordinario con una entidad financiera por 200.000 euros, para solventar los actuales problemas de liquidez del Instituto Municipal de Toxicomanías. La operación de tesorería será de 12 meses. El alcalde, Teodoro Sosa, ya anunció este mes tras una reunión con el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, que había encontrado “soluciones a problemas que se encontraban estancados en el tiempo, como es la ampliación en un 10% más en el presupuesto del Instituto Municipal de Toxicomanías”, “después de solicitarse desde hace más de seis años que se actualizara la subvención para poder hacer frente a la subida del IPC de sus empleados, más el coste que supone el aumento en un 30% de pacientes de este servicio comarcal”.
