Las restricciones del nivel 3 están siendo demoledoras para el sector de la restauración. En Arucas un buen número de empresarios solicitan el uso del suelo de las plazas de aparcamiento para instalar terrazas, aunque en muchos casos ya se han adelantado colocando mesas y sillas en las aceras.
“Tenemos que hacer lo que podamos para mantener nuestros negocios”, expresan convencidos los empresarios del sector hostelero del municipio de Arucas, especialmente aquellos que en estos días se han visto en la necesidad de replantear sus servicios e incluso instalaciones para adecuarse a las nuevas medidas de seguridad impuestas tras el paso de la Isla al nivel 3 de alarma para paliar el aumento de contagios por covid-19.
La prohibición de servir comidas y bebidas en el interior de los locales de restauración ha perjudicado especialmente a los negocios que carecen de terrazas, incluso llevando al cierre a aquellos que no han sido capaces de acondicionar el espacio exterior a sus intereses. Los que afortunadamente han podido sobrevivir a las restricciones, han tenido que tomar decisiones por su propia cuenta para evitar la paralización de su actividad.
Los restauradores que poseen negocios situados en las calles paralelas al casco histórico han debido improvisar terrazas en los espacios libres de las aceras, ya que no se les tiene permitido colocar mesas y sillas en las plazas de aparcamiento que tienen frente a sus establecimientos. Limitar parte de la calzada que usualmente está destinada al estacionamiento para que los hosteleros puedan continuar sirviendo a sus clientes es una medida que se ha tomado en diferentes municipios de la Isla de forma temporal, pero en Arucas no es posible llevarla a cabo debido a que la mayor parte está vinculada a zona azul.
El alcalde, Juan Jesús Facundo, aclara que en localidades como la capital se ha podido gestionar este asunto porque la empresa concesionaria es de titularidad pública. “Nosotros tenemos una adjudicataria privada; si les quitamos plazas tendríamos que dárselas por otro lado, no es fácil y aunque aunque podemos negociar tampoco hay tiempo”, explica el mandatario, que añade que el Consistorio está llevando a cabo otras medidas para facilitar el servicio a los restauradores, además de “que hemos suspendido desde el año pasado el cobro de las tasas por las terrazas”, destaca.
“Lo que hicimos desde que se anunciaron las nuevas restricciones fue pedir a los empresarios que nos presenten por escrito sus solicitudes para poner sus mesas en la calle”, asegura el alcalde, que añade que se está colaborando con la Policía Local para esclarecer qué negocios pueden poner sus mesas en la acera según la normativa. Asimismo, promete que mientras se cumplan con las medidas de seguridad, como el distanciamiento de dos metros entre cada mesa y el uso de mascarillas mientras no se consume, y se permita la buena circulación de los ciudadanos por la vía peatonal, no habrá problema en que los propietarios de cafeterías, bares y restaurantes diseñen nuevas terrazas en estos espacios públicos. “Ahora mismo quitar plazas de la zona azul no es una opción porque la empresa nos puede pedir responsabilidad”, concluye.
La asociación de empresarios Adipymes expresa por su parte su desconcierto ante este asunto, ya que afirman que el suelo es público y por tanto la administración tiene la potestad de ordenar que su uso temporalmente sea para la instalación de terrazas. Los representantes del colectivo han solicitado una reunión con el concejal de Desarrollo Local para conocer de primera mano los trámites que se están llevando a cabo con respecto a la ampliación e instalación de las terrazas.
“A nosotros nos vendría perfecto, porque podríamos colocar dos mesas por cada plaza; ahora mismo hemos instalado siete, pero a lo largo de la calle y las de los extremos están demasiado alejadas”, explica Juan José Sosa, propietario de la panadería La miga. “Aunque el Ayuntamiento permite que coloquemos las mesas fuera, a nosotros no nos compensa; la gente no se acerca hasta el interior para ver los dulces cuando sabe que no se pueden consumir dentro”, confiesa resignado.
“Algo tenemos que hacer para sobrevivir”, sostiene por su parte Enmanuel Cangiano, encargado de la cafetería Cárdenes, ubicada en la avenida del Mirón, mientras observa su terraza improvisada. “Hemos sacado tres mesas fuera para poder atender, pero está siendo complicado”, asegura apurado, pues explica que la clientela ya estaba acostumbrada a consumir en el interior y los pedidos para llevar no triunfan porque “no se puede comer en la calle”.
Cangiano admite que los primeros días tras establecerse en nuevo nivel fueron muy difíciles. “Como mucho llegué a servir 15 cafés en todo el día; no vino ni el 5% de los clientes habituales”, asegura entristecido. Una circunstancia parecida vivieron desde la churrería Mis Juliette, situada en esta misma vía. Frente a las puertas de su negocio han instalado cinco mesas, aunque en principio sólo tenían permiso para dos. “Nos vemos obligados a hacerlo, porque sino tenemos que cerrar la actividad”, explica Jesé Rosales, el propietario, que critica además la lentitud del Consistorio para agilizar los permisos. Considera que no se ha establecido una normativa clara con respecto a las terrazas y esa vacilación ha incidido directamente en las ventas. “Lo único que teníamos claro era que no podíamos servir dentro, pero por el resto nos hemos tenido que buscar un poco la vida”, sostiene. Fernando Trujillo, propietario de Los Caracoles, señala que en su caso las nuevas medidas no han supuesto un desajuste económico tan considerable. “Nos han permitido añadir diez mesas en la terraza y está viniendo mucha gente”, expresa complacido, aunque admite que el resto de negocios no han tenido tanta suerte.
La mayoría de negocios han tenido que acogerse a los ERTE o incluso a los despidos para poder subsistir durante estos meses. Según los datos registrados, el número de desempleados en Arucas en el año 2020 se ha visto incrementado en un 18,2% con respecto al anterior. “La situación está siendo insostenible; si pinchan un poco más, no me va a extrañar que los empresarios hosteleros se rebelen”, declara Rosales, que asevera que un local puede llegar los 12.000 euros de gastos mensuales. “Lo único que nos ofrecen son ayudas de 1.000 euros; no nos dejan trabajar, ni nos están ayudando”, considera.
Sobre la posible prorrogación del nivel 3, los empresarios no pueden más que expresar incertidumbre. “Están diciendo incluso que podríamos subir al nivel 4, pero entonces me meten preso porque me sería imposible seguir pagando”, admite Himar Caballero, propietario de la vinoteca La Uvita, que abrió sus puertas dos días antes de proclamarse el estado de alarma en marzo del año pasado. “He estado un año luchando, casi sin cobrar porque los gastos no han cesado”, añade encogiéndose de hombros, puesto que lo único que queda es seguir resistiendo.
