El Diputado del Común de Canarias, Rafael Yanes, investiga la utilización de fondos públicos por parte de la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria para promover la central hidroeléctrica Chira-Soria y atacar a los que se oponen a la destrucción del Barranco de Arguineguín, según informó ayer la Plataforma Salvar Chira-Soria, contraria al proyecto. En un comunicado, la organización explicó ha recibido la confirmación de que su queja ha sido aceptada y de que se ha iniciado la investigación. En ella se hacía mención a que se están destinando fondos públicos a promover una obra privada de Red Eléctrica de España y a atacar a los ciudadanos que no están de acuerdo con la construcción de la central.
La Plataforma señala que se ha recurrido al Diputado del Común ante la negativa al acceso al expediente de contratación de propaganda institucional informado para su licitación el 12 de agosto del pasado año consistente en entres lotes que suman más de dos millones de euros.
Explica el colectivo que laspartida forma parte del servicio de apoyo al gabinete de prensa del Cabildo por valor del contrato a cuatro años de 4,3 millones de euros y que entre las propuestas a financiar figura la divulgación del concepto de ecoisla centrado en la promoción de la central.
El colectivo denuncia que en una de las propuestas de la empresa 22 Grados destaca que “el esfuerzo de comunicación de la ecoisla ha de pivotar sobre el proyecto Chira Soria, puesto que es este proyecto el único dentro del concepto de ecoisla que presenta resistencia social” y que entre sus objetivos está “reducir la contestación de grupos contrarios al proyecto mediante la propuesta estratégica de reducir la contrainformación al proyecto y contratar prescriptores e influencers para orientar la percepción de la ciudadanía sobre el proyecto”.
Por ello considera que el presidente insular, Antonio Morales, “estaría empleando ingentes cantidades de dinero público en reducir la contrainformación generada por nuestra plataforma”. Así, tilda de “guerra sucia” que Morales “utilice recursos públicos contra una parte de la ciudadanía para promover una obra que destruirá el barranco”.
