La escasez de funcionarios con la categoría de habilitado nacional ha obligado a los ayuntamientos de Tejeda y Valleseco a recurrir a sus agentes de la policía local para que ejerzan también como secretarios e interventores municipales, con responsabilidades que requieren unos conocimientos jurídicos o contables muy específicos y que suplen con el apoyo del resto de la corporación.
Aunque son casos extremos, en Tejeda y Valleseco se reflejan las dificultades de los consistorios pequeños para cubrir la plaza de secretario-interventor y también la de tesorero. Situaciones similares se repiten en otros municipios de Gran Canaria, como Artenara o Agaete, donde se ocupan esos puestos de forma provisional desde hace años o la persona elegida tiene que renovarlo mes a mes.
Es otra consecuencia de lo que llaman la España vaciada y en Canarias afecta a numerosos municipios, sobre todo a los rurales y a los de las islas no capitalinas. Los alcaldes aseguran que llevan años reclamando ese personal especializado al Ministerio de Administraciones Públicas y al Gobierno de Canarias, pero las soluciones no llegan y se mantiene la improvisación con los pocos funcionarios disponibles.
Los funcionarios buscan las plazas de las ciudades porque el salario es casi el doble
El único guardia municipal de Tejeda tomó posesión como secretario-interventor el pasado 18 de mayo, después de que rechazaran el ofrecimiento los otros tres funcionarios de carrera que trabajan en el Ayuntamiento, unos por motivos personales y otros por razones laborales, porque no todo el personal está dispuesto a conjugar ambas funciones o a asumir ese tipo de responsabilidades.
Acumulación
El alcalde de Tejeda, Francisco Perera, que precisamente fue secretario del Ayuntamiento antes de regidor, sostiene que «el problema es la falta de habilitados nacionales y en algún momento ha afectado a los 21 ayuntamientos de Gran Canaria». Con la antigua ley uno de esos funcionarios podía acumular esos puestos en cinco o seis ayuntamientos, pero la actual normativa solo permite ocupar la plaza oficial y simultanear otra.
En los municipios de menos de 5.000 habitantes las plazas de secretario e interventor van unidas, pero el tesorero debe ser otra persona. En Tejeda tampoco hay habilitado nacional para llevar la Tesorería, por lo que la labor recae en otro de sus únicos cuatro funcionarios de carrera.
Sin ninguno aceptara -porque es voluntario- y el Gobierno autónomo no designara a nadie de forma inmediata, habría que recurrir a los trabajadores interinos, algo que la ley solo permite en casos excepcionales, explica Perera. «En nuestro caso, el policía local es funcionario de carrera y ha aceptado, aunque el trabajo de la Secretaría General lo hacen entre todos los compañeros», apunta.
Entre otras responsabilidades, un secretario municipal debe acudir a los Plenos y levantar acta, velar por la corrección de todas las actuaciones del Ayuntamiento y firmar la mayor parte de los documentos que se emiten. Incluso, si hubiera discrepancias entre los grupos políticos en la interpretación del reglamento del Pleno, tendría que intervenir para imponer la legalidad.
Aparte de la escasez de funcionarios, un problema añadido es que los pocos habilitados nacionales disponibles quieren trabajar en los cabildos, en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes o en las localidades costeras, pues están más cerca de la capital y cobran casi el doble que en los pueblos. El sueldo bruto del secretario-interventor en un municipio rural ronda los 47.000 euros, mientras que en una ciudad puede superar los 70.000 euros.
En el caso de Valleseco, el guardia local que ejerce de forma provisional sigue cobrando su salario de policía, aunque con un complemento específico por realizar esas funciones, explica su alcalde, Dámaso Arencibia, quien relata que desde la jubilación del secretario, hace cuatro años, han pasado varias personas por ese puesto.
De hecho, el gobierno local de Valleseco consiguió que viniera una persona desde la Península y ocupara el puesto de forma accidental, pero se enteró de su presencia uno de los grandes ayuntamientos de la Isla y le ofreció una plaza mejor remunerada. Tejeda también ha ofertado sus vacantes a habilitados de otras comunidades autónomas, pero sin respuestas por ahora.
Respaldo legal
Arencibia asegura que la falta de ese personal especializado no supone un problema insalvable para esos consistorios, pues los policías locales tienen conocimientos legales y el respaldo de los demás trabajadores municipales. «En nuestro caso la secretaria interina está de baja médica desde hace un año y la única opción es cubrir el puesto con un policía local, pero se sigue funcionando con los servicios técnicos municipales; no tiene por qué haber problemas, pues el resto de los técnicos tienen cualificación para resolver los expedientes; peor sería que solo tuviéramos un secretario y no esos otros trabajadores», comenta el regidor.
Agaete amenaza con cerrar el Ayuntamiento y entregar las llaves a Función Pública
Arencibia, paradógicamente, es alcalde de Valleseco y trabaja en el Ayuntamiento de Tejeda como técnico de la administración general. Si el policía local hubiese declinado el ofrecimiento, sería uno de los primeros en ser propuestos para secretario-interventor del consistorio cumbrero, aunque al ser interino habría que buscar primero la aceptación del Gobierno canario. Los alcaldes no designan a los sustitutos de los habilitados, solo los proponen a la Dirección General de la Función Pública de la Comunidad Autónoma, que es quien los nombra.
María del Carmen Rosario Godoy, alcaldesa de Agaete, confiesa que los municipios pequeños están tan «desesperados» que ella misma ha amenazado a los responsables de Función Pública con llevarle las llaves del Ayuntamiento para que lo gestionen ellos, pues en ocasiones no hay nadie con competencias para firmar las nóminas de los trabajadores.
Rosario Godoy considera que «los tres pilares de un ayuntamiento» son precisamente el secretario, el interventor y el tesorero, pero cuando accedió a la Alcaldía en este mandato se encontró con las tres plazas vacías. Convocó una oposición para interventor y logró que Función Pública nombrara al ganador, una persona que vino desde Tenerife. Sin embargo, Agaete sigue dos años después sin secretario-interventor, un trabajo que realiza un funcionario y que se nombra mes a mes.
