Ando Sataute y PSOE, los dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Santa Brígida, censuraron ayer la subasta que ha llevado a cabo el grupo de gobierno de un suelo municipal para que se instale un hipermercado de la empresa Dinosol. La reciente venta de la parcela de suelo urbano consolidado, de 953 metros cuadrados, situada en la Avenida el Galeón, en el mismo casco de este municipio, en la zona denominada El Palmeral, y al lado de otra que antes la cadena había adquirido a Maherma, ha supuesto al Ayuntamiento de Santa Brígida un ingreso de unos 1,1 millones.
El debate sobre la enajenación de este terreno municipal elevó el tono y hasta derivó hacia descalificaciones personales la sesión del Pleno extraordinario celebrado ayer tarde, en la Casa de la Cultura, precisamente a petición de estos partidos, para abordar la necesidad de poner en marcha un plan de vivienda con el fin de que en el municipio se disponga de suelo para impulsar las promociones públicas. Tanto la portavoz de Ando Sataute, Rosalía Rodríguez, como el del PSOE, Antonio Cabrera, centraron su intervención en criticar esta operación inmobiliaria por parte del grupo que lidera Miguel Jorge Blanco (PP), que ha justificado la operación en que «al estar cubiertas las necesidades de vivienda protegida en Santa Brígida era innecesario destinar esta parcela a este uso».
El Ayuntamiento destina 84.000 euros a pagar los complementos a 23 policías locales
Rodríguez recriminó al grupo de gobierno que en ese suelo se podían haber hecho unas 22 viviendas sociales pero «ha preferido seguir expulsando a los vecinos a vivir a otros municipios como San Mateo, Telde o Valsequillo, donde el suelo es más barato».
Por su parte, Cabrera echó en cara al grupo de gobierno que por un lado hable de buscar suelo en Pino Santo o en La Atalaya para vivienda pública, y por otro se desprenda un terreno en el mismo casco. De «trufada» calificó la subasta el portavoz del PSOE bajo el hecho de que solo se presentara una sola empresa, y se atrevió a decir que se negoció incluso esta ubicación con la cadena alimentaria, a lo que el concejal de Urbanismo Martín Sosa, respondió que era «mentira y falso», y que si seguía afirmando eso «emprendería acciones legales» contra el edil. Aprovechó Martín Sosa para recordar a Ando Sataute que fueron ellos los que gobernaron en el mandato anterior, que fue cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana, en el que se definen los suelos para viviendas, y también le sacó a relucir que dejaron el ayuntamiento «empantanado de expedientes».
Y así, la discusión se fue acalorando de tal forma que Cabrera que siguió cuestionado que no se buscara otra emplazamiento para el hipermercado le dijo a Martín Sosa que tenía «arranques de caballo y paradas de burro», a lo que el edil de Urbanismo le increpó que lo que él «tenía eran orejas para escuchar».
Cabrera dice al edil de Urbanismo que tiene «arranques de caballo y paradas de burro»
Con este cruce de acusaciones y nivel de debate, la idea inicial con la que llegaban al Pleno los miembros del gobierno de apoyar una enmienda del socio Unidos por Gran Canaria para instar al Gobierno canario y al Cabildo insular para que en cinco años se lleven cabo promociones de viviendas dentro del suelo recogido en el Plan General, terminó en una votación sobre si era necesario impulsar un plan de vivienda en el municipio, que se saldó con los 10 votos en contra del pacto, y cinco a favor que suman Ando Sataute y el PSOE. La tesis del gobierno de Miguel Jorge Blanco es que se trata de competencias que deben asumir el Instituto de la Vivienda y el Consorcio del Cabildo grancanario. En el Pleno ordinario, que se celebró después, el grupo de gobierno aprobó una modificación de crédito de 84.000 euros para abonar el complemento específico y de destino a la plantilla de 23 policías locales, que desde hace once años vienen reclamando. Ayer tomaron posesión los ediles de Ando, Sinforiano Quintana y María Sánchez-Fernaud.
