La denuncia que investigan el Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria y la Fiscalía Anticorrupción sostiene que las presuntas irregularidades en las contrataciones de la Consejería de Política Territorial se repiten en el Cabildo de Gran Canaria desde hace varias décadas, pero los funcionarios que han desvelado esas prácticas han sido perseguidos y defenestrados, entre ellos el propio denunciante en esta ocasión, R.R.F, según se relata en la parte final de su escrito al Juzgado.
«Los hechos hasta ahora descritos no son nuevos en absoluto; al menos desde el año 1993 de la pasada centuria la tantas veces citada empresa mercantil Imaco 89, propiedad de la esposa del Interventor General del Cabildo, José Juan Sánchez Arencibia, ha venido contratando directamente, sin necesidad de testaferros, en infinidad de ocasiones con el Cabildo, con luz, taquígrafo y con el conocimiento de todos en esta institución», señala el funcionario en su denuncia.
A su juicio, «la inmensa mayoría» de las contrataciones han sido empleando el método descrito, «por el mero procedimiento de a dedo», sin reparar en la cuantía presupuestaria de los múltiples contratos efectuados ni el «descarado» fraccionamiento realizado en el objeto de los mismos, con el ánimo de burlar los principios y reglas básicas de la contratación administrativa.
«Tal fraudulenta y descarada práctica», continúa el denunciante, «aparentemente terminó de forma brusca cuando decidí ponerlo en conocimiento de su superior jerárquico el 27 de febrero de 2012, la entonces consejera de Presidencia y Hacienda del Cabildo, doña Rosa Rodríguez, con el fin de que iniciara la correspondiente investigación en orden a corroborar las clamorosas y gravísimas faltas disciplinarias cometidas por aquél y los presuntos delitos que tales acciones pudieran entrañar».
Apartado
«Pero para mi sorpresa, asombro y desdicha, la citada consejera no solo no hizo absolutamente nada en orden a investigar los hechos denunciados, sino que protegió al Interventor General, metió mi denuncia en un cajón, me denostó y me arrebató finalmente mi puesto de trabajo, del que he estado apartado durante ocho largos años, hasta que lo he vuelto a recuperar por sentencia de 16 de noviembre de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias», subraya el denunciante.
Al respecto, asegura que la entonces consejera Rosa Rodríguez «sí tuvo la deferencia de trasladarle la denuncia al propio José Juan Sánchez Arencibia, que era el denunciado, para que «éste se despachara contra mí en un escrito de 19 de marzo de 2012 insultándome y acusándome de conductas delictivas pues, según él, incurría en injurias y calumnias a su persona, afirmando éste, entre otras muchas cosas, y anunciando, para su desdicha, los métodos que ahora emplea».
Según este funcionario, el interventor le envió un escrito con el siguiente texto: “Me atrevo a indicar que si durante casi 20 años, como narra en su escrito el Sr. [R.R.H] existiese esa trama para favorecer a la empresa Imaco 89, ésta, lo mínimo que hubiese podido hacer, era ocultar su personalidad y la de sus administradores, cuestión que no hizo, lo que demuestra que en estas contrataciones no existió dolo ni mala fe (sic)».
Según expresa en su denuncia, que también remitió a la Fiscalía Anticorrupción y por eso se abrieron dos investigaciones paralelas hasta que toda la instrucción ha quedado en manos del Juzgado, «la voracidad de estos señores con lo que no es de ellos, el presupuesto del Cabildo, no tiene límites, siendo siempre el eje central, pieza clave, de estas prácticas su Interventor General, quien ni pestañea a la hora de conculcar los innumerables preceptos» de varias leyes.
«Y no acaban aquí sus inmensos intereses. Tres décadas dan para mucho y la impunidad de la que ha disfrutado ha sido tan fructífera para él como angustiosa para los funcionarios a los que les gusta hacer bien su trabajo», concluye el denunciante.
