El Ayuntamiento de Mogán ha pedido «valentía» al Parlamento de Canarias para que ponga en marcha una mesa de trabajo e inicie un debate serio sobre la regularización de las segundas residencias en los suelos de uso turístico. «Hasta ahora todas las administraciones supramunicipales competentes han rehuido ese debate», señala la alcaldesa de la localidad, Onalia Bueno, «han pasado muchos años y a día de hoy éstas no han entrado con valentía a regularizar esa situación, o por lo menos a crear una mesa de trabajo donde tengan voz todas las partes y alcanzar una solución factible». La regidora ha reclamado a la Cámara que dé un paso al frente en el marco de la tramitación del Plan General de Ordenación (PGO) de la localidad, que ha puesto en pie de guerra a los pequeños propietarios de bungalós y apartamentos puesto que el documento plantea la prohibición del uso residencial en las áreas consideradas turísticas. Bueno insta a las plataformas de afectados a ir de la mano. «No se puede dar la espalda a esta realidad», señala.
En una rueda de prensa celebrada este jueves en Puerto Rico en la que Bueno estuvo acompañada por el concejal de Urbanismo, Mencey Navarro, y la jefa del área en el Consistorio moganero, Pilar Sánchez, la alcaldesa explicó que esa prohibición, que obligaría a los propietarios a ceder su uso a una empresa explotadora, no responde a una norma o capricho de su Corporación en el PGO, sino que este documento solo se adapta a normativas de rango superior.«El Ayuntamiento nunca va a ir contra los residentes que ya tienen derechos consolidados», destacó, y es intención de la Corporación conservar en la ordenación urbana las zonas residencializadas ya consolidadas en suelo turístico.
Durante la comparencia pública, el edil de Urbanismo, Mencey Navarro, explicó que el PGO se enmarca tanto en el Plan Insular de Ordenación (PIO) como en el Plan Territorial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria (PTEOTI-GC) y éstos a las leyes 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias y 7/1995 de Ordenación del Turismo en Canarias. Ésta última establece que los PIO «se posicionan jerárquicamente sobre cualquier otra figura de planeamiento municipal, que se debe adaptar necesariamente a ellos». El problema está, explicó, en las segundas residencias: aquellas que sus propietarios alquilan durante una temporada y la disfrutan durante la otra. «Éstas no están contempladas en las leyes ni planes de ordenación a los cuales está supeditado el PGOde Mogán y por tanto no tienen cobertura jurídica», señaló.
Bueno trasladará la problemática a la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias
Bueno, por su parte, anunció que llevará este asunto a Junta de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, de la cual es vicepresidenta, dado que una problemática que se inició en 2015 en San Bartolomé de Tirajana y que ahora ha alcanzado a Mogán se va a replicar en otros municipios turísticos del Archipiélago que pongan en marcha la redacción de un plan general.
La alcaldesa calificó esta situación como un «fracaso» de todas las administraciones porque la «maraña de leyes» y los Planes Generales que tardan décadas en aprobarse impiden la creación de bolsas de suelo para construir viviendas al fin de «aliviar la carga residencial en las áreas turísticas».
El Ayuntamiento, explicó Bueno, no dispone todavía de datos sobre cuántos propietarios podrían verse afectados en todo el municipio, valora la posibilidad de estudiar que todo un complejo pueda solicitar el cambio de uso de turístico a residencial y aseguró que no existe riesgo de que se bloquee el PGO en caso de una avalancha de alegaciones.
El Ayuntamiento no expropiará a los residentes aunque en un futuro tenga la potestad de hacerlo para garantiar el uso turístico
La alcaldesa apostó por «buscar un equilibrio» cuando el PGO se aborde de forma pormenorizada, parcela a parcela, ya que ahora se estudian de forma estructural los distintos usos de los suelos y para eso aplicará el artículo 25 de la ley 2/2013, que permite establecer en cada complejo el uso turístico, residencial o combinado.
Bueno y Navarro han hecho un llamamiento a la calma porque, aseguraron, aunque en un futuro pueda el Ayuntamiento tener la potestad para sancionar los incumplimientos en el uso turístico de los complejos, no expropiará a los residentes aunque si velará para que no aumenten.
Paralelamente, en este escenario de debate sobre la residencialización en zonas turísticas, el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (AEAT)de Las Palmas, Tom Smulders, censuró a los propietarios de apartamentos «que se saltan la normativa desarrollando un alquiler ilegal y una competencia desleal». «Esta situación debilita nuestra posición ante los turoperadores», dice Smulders, «que se niegan a trabajar con nosotros cuando observan que en un complejo se desarrolla la competencia desleal junto al uso turístico».