Primero fue, en 2015, el Plan General de San Bartolomé de Tirajana. Y ahora le toca a Mogán. Los residentes en bungalós ubicados en complejos turísticos en el municipio de Mogán recelan del nuevo Plan General de Ordenación Supletorio de esta localidad porque plantea la prohibición del uso residencial en las áreas consideradas turísticas, un impedimento que abre la puerta a que los pequeños propietarios tengan que abandonar sus inmuebles en favor de una empresa que explote todo el complejo. «El uso residencial, con carácter general estará prohibido, salvo aquellas áreas que hayan sido especializadas al uso residencial por un Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la competitividad», recoge el documento. El texto está en fase de exposición pública y período de alegaciones. El Plan General moganero se adapta así a la Ley 2/2013 de renovación y modernización turística de Canarias, una normativa que establece que si el planeamiento señala un área como exclusivamente turística, los residentes deben abandonarla en favor de ese uso, bajo sanciones de hasta 300.000 euros si se resisten.
Esta situación afecta ahora a miles de pequeños propietarios que en las últimas décadas han comprado bungalós y apartamentos ubicados en núcleos como Playa de Mogán, Playa del Cura, Puerto Rico, Patalavaca y Arguineguín. «Este Plan General es un atropello para todos aquellos propietarios que tienen allí su primera o segunda residencia, o alquilan su apartamento por temporadas», reclama Blas Padrón, presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística. Consultado por esta situación, el Ayuntamiento declinó ayer hacer declaraciones y remitió a una convocatoria de prensa prevista para hoy en la cual la alcaldesa, Onalia Bueno, aclarará la confrontación entre el uso turístico y residencial.
«Es un atropello para los propietarios con primera o segunda residencia», sostiene Blas Padrón
El colectivo ha iniciado una campaña para que los propietarios presenten todas las alegaciones posibles a fin de paralizar la tramitación de este planeamiento y que puedan seguir residiendo en sus apartamentos. La plataforma prevé una lluvia de reclamaciones contra el Ayuntamiento. En San Bartolomé de Tirajana la plataforma presentó 17.000 alegaciones que, recuerda Padrón, aún no han sido resueltas. «Recurrimos al Diputado del Común, que presentó al Gobierno de Canarias una resolución en la cual instó a corregir esta situación porque atenta contra el derecho a la propiedad privada y una vivienda digna, pero como no tiene carácter ejecutivo, el Gobierno se lo ha saltado a la torera y no han resuelto ninguna», señala.
Entre los propietarios hay miles de afectados. Uno de ellos es Pedro González, dueño de un apartamento en Don Paco. Veraneaba allí desde los cinco años y hace 11 que compró el inmueble donde había estado todos su veranos. «Siempre hemos sabido convivir con el uso mixto», reclama. «En 1987, las Normas Subsidiarias establecieron el Don Paco como suelo turístico, pero convivían ambos usos sin problema, y el Ayuntamiento permitió que incluso se empadronasen vecinos», relata González, «ahora el Plan General obliga a cumplir la ley de 2013 pero no dice que hay parcelas donde coexisten los dos usos, con el residencial ya más que consolidado».
Para este residente, el plan general en tramitación «te despoja de tu propiedad» y sitúa a los propietarios de los bungalós y apartamentos «a acogerse a una empresa explotadora y a no poder entrar al apartamento, salvo bajo precio».
El Don Paco es un complejo de 300 apartamentos donde todos son pequeños propietarios, la mitad de ellos personas extranjeras que vienen a Gran Canaria por temporadas, y están en la misma situación.
