El Ayuntamiento de Santa Brígida no ha tenido tiempo aún de valorar las ofertas económicas de las cuatro empresas que han concurrido al concurso para hacerse con el contrato del servicio de recogida de basuras para los próximos cinco años. Unos cinco meses después de que se cerrara el plazo para presentar las ofertas, el grupo de gobierno solo ha tenido tiempo de mirar los criterios técnicos presentados por cada una de las empresas aspirantes: Ayagaures- Medio Ambiente y Fontanería y Materiales de Construcción Las Casillas; Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente; Grúas Gran Canaria; y Urbaser. La empresa que resulte adjudicataria gestionará la recogida de residuos sólidos, la limpieza de las calles y el mantenimiento de los contenedores subterráneos del municipio por un montante de 8,2 millones.
La explicación que da el alcalde Miguel Jorge Blanco es que la Ley de Contratos del Estado establece que primero hay que valorar la parte técnica, y es una vez que se conoce ese informe es cuando se convoca a la mesa de contratación para conocer los respectivos sobres que contienen las distintas ofertas económicas de los aspirantes. El regidor de Santa Brígida dijo ayer que confiaba que a partir de la próxima semana se pueda convocar ya la mesa para evaluar el cuadro con todos los datos económicos para después poder decidir finalmente qué empresa es la que más cumple con los requisitos para realizar este servicio, que sigue llevando FCC debido a que se ha ido prorrogando estos años.
El servicio se licita por 1,6 millones al año, lo que suman unos 8,2 millones en los cinco años
Precisamente el retraso de la adjudicación de este servicio, que caducó en 2016 y que se ha ido prorrogando desde entonces a la última empresa concesionaria, hizo que el representante del grupo mixto, Antonio Cabrera, preguntara en el último pleno celebrado el mes de septiembre al grupo de gobierno que cómo era posible que no se hubiera resuelto el contrato de la recogida de basura cinco meses después de que se presentaran las ofertas.
Servicio con carencias
En cuanto a la respuesta obtenida por el concejal de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Limpieza, Martín Sosa, que aludió a la complejidad del concurso, el edil de la oposición expuso ayer que es cierto que hay que ver muchos parámetros técnicos y medioambientales porque se trata un servicio en el que confluyen muchos aspectos, pero advirtió que «esto no podía ser una excusa» cuando se trata de un servicio tan importante para el municipio. «La empresa que está no va a invertir en contenedores ni en nada porque no sabe si va a continuar, y es precisamente ese hecho de que el contrato esté vencido lo que ha provocado que se estén produciendo muchas carencias en el servicio”, destacó.
Por su parte, Avelina Fernández, edil de Ando Sataute, partido que gobernó en el pasado mandato cuando precisamente venció el contrato con FCC, señaló ayer que durante el tiempo que gobernaron el municipio prepararon el pliego de condiciones y el equipo que lidera Miguel Jorge, conformado por el PP, Unidos, Plataforma por Santa Brígida y Ciudadanos, ha tardado casi dos años en sacar el mismo texto y aún ni se ha resuelto el concurso. “No han puesto fecha de cuando tienen previsto resolverlo, lo que quiere decir que ni ellos mismos lo saben”, añadió.
El servicio lse ha prorrogado a FCC desde 2016 por la falta del pliego y ahora la valoración
Según recoge el pliego de condiciones, el presupuesto anual de la licitación de este servicio público se eleva a 1,6 millones de euros por cada ejercicio, lo que hace que en el cómputo de todo el periodo de la adjudicación el desembolso que hace el Ayuntamiento es de unos 8,2 millones de euros.
Entre los principales aspectos que se han exigido a las empresas aspirantes es la sustitución de todos los contenedores de residuos sólidos que existen actualmente en el municipio de forma progresiva, de tal forma que cada año deberán reponer el 5% de estos contenedores ampliará el número de los diversos tipos de contenedores de residuos. El municipio cuenta con 835 depósitos de basura orgánica repartidos entre lo que es el casco y los barrios, y de lo que sólo 18 están soterrados pese a que la normativa exige que todos estén bajo tierra. Además hay 188 recipientes para depositar envases y cartón, y 111 papeleras.
Aunque en principio el Ayuntamiento intentó sacar en dos lotes este servicio para que pudieran optar las pequeñas y medianas empresas, finalmente los servicios jurídicos consideraron que se podría restringir la competencia, y a la vez vieron que desde el punto de vista técnico el hecho de que fueran dos las empresas las que prestaran el servicio podría dificultar el cumplimiento del contrato. Asimismo, entendieron que con una única empresa se reducen los costes de personal y se necesitan menos instalaciones para estacionar los vehículos.
