El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha celebrado este viernes que el inicio de las obras del Salto de Chira en el barranco de Arguineguín sea «inminente», tras la autorización del Consejo de Gobierno de Canarias de la ejecución del proyecto a Red Eléctrica de España. Según Morales, las obras podrían iniciarse a finales de este año 2021 o principios del siguiente, al ser preguntado por los periodistas tras la presentación del centro logístico de Aldi en la zona industrial de Arinaga.
Para el presidente, está claro que «en enero será una realidad el desarrollo de las obras de la desaladora, la primera de las piezas del proyecto» que empezará a construirse «para elevar las aguas entre Chira y Soria».
Por otro lado, la Plataforma Salvar Chira-Soria expresó su rechazo al decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de Canarias para la ejecución del proyecto. En un comunicado, la plataforma considera que la autorización otorgada al proyecto «es un acto de abuso de poder y violencia política» que alterará las condiciones de vida en el barranco. Según su portavoz, Pedro Hernández, «ese abuso de poder y violencia se materializará con 5.000 kilos de dinamita diarios y más de 200 camiones subiendo y bajando por las carreteras para sacar los escombros que tal y como dice el informe de salud pública; el lugar se convertirá en un infierno de ruido, polvo y vibraciones, haciendo imposible la vida humana, vegetal y animal en el barranco».
Desde la plataforma se sostiene que el proyecto de la central Chira-Soria es una obra civil «que carece de debate político y social entre la ciudadanía» y en la que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, se ha gastado 2,5 millones de euros de dinero público en propaganda, según denuncia.
«Salvar el barranco»
La plataforma informa de que «utilizará todas las herramientas a su alcance» para tratar del «salvar el barranco» y que espera que la sociedad civil se movilice en contra del proyecto que llevará a cabo Red Eléctrica de España.
Los Verdes también han rechazado la autorización al proyecto y han apelado a la movilización ciudadana para evitar su construcción. En un comunicado, Los Verdes señalan que los partidos que conforman el pacto de gobierno, PSOE, Nueva Canarias y Podemos, «han demostrado estar de espaldas al pueblo, a la democracia y al servicio de la multinacional Red Eléctrica de España (REE)».
Según el partido ecologista, el Gobierno canario «ni siquiera ha respetado la legalidad Unión europea que impide a REE ser titular de las obras y protege a los cinco espacios de la Red Natura 2000 afectados por las obras». Desde el citado partido se considera que «organizar candidaturas verdes en todos y cada uno de los ámbitos políticos es la respuesta más contundente junto a la movilización social» para lograr una alternativa basada en la «soberanía energética, alimentaria y política en Canarias».
