El Gobierno de Canarias dio ayer un impulso definitivo al proyecto energético de Chira-Soria al aprobar el decreto para la construcción de la central hidroeléctrica de bombeo entre ambas presas de la cumbre grancanaria, que supondrá una inversión de 400 millones de euros. El acuerdo también ordena la modificación del planeamiento insular y municipal en aquellos terrenos afectados por sus instalaciones, concretamente en San Bartolomé de Tirajana y Mogán.
El gabinete de Ángel Víctor Torres, a propuesta del consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, dio luz verde al decreto que acuerda la ejecución del reformado del proyecto de construcción, en su segundo Modificado, promovido por la empresa Red Eléctrica de España (REE), según informó el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, quien sostuvo que se trata de un paso «importante» porque «es el primer acuerdo para la construcción de la central hidroeléctrica de Chira-Soria, una obra que cuando se ejecute significará una inversión de 400 millones de euros y la generación de 3.500 puestos de trabajo».
El bombeo de agua desalada a la cumbre garantiza 700.000 metros cúbicos para el riego agrícola
Pérez subrayó que el salto de agua entre ambos embalses de las cuencas del Sur también supondrá un aumento en la proporción del uso de energías renovables en Canarias, un 36%, más de una tercera parte, y una reducción de la huella de carbono del 20%.
Al comentar la exposición que hizo Valbuena en la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz destacó que «es una instalación que es capaz de alimentar y producir energía para toda la isla durante ocho horas». No obstante, recordó que se tardarán varios años en la ejecución de la planta hidroeléctrica y el resto el resto de infraestructuras, pues primero habrá que elevar 40 millones de metros cúbicos de agua desalada hasta las dos presas para a partir de ahí originar la electricidad.
La Consejería de Valbuena recordó que «el proyecto se basa en la construcción de una infraestructura hidroeléctrica de almacenamiento y bombeo reversible cuyo fin es proporcionar flexibilidad y robustez al sistema eléctrico y mejorar la calidad de la frecuencia de la señal eléctrica en la red procedente de las energías renovables, que podrá ser más seguro ante perturbaciones».
Cambio climático
Se trata, añadió, «de un proyecto fundamental para el avance de las renovables en Gran Canaria, y en las islas en su conjunto, y para la consecución de los objetivos a corto y medio plazo fijados en la Declaración de Emergencia Climática y en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria».
La propuesta aprobada ayer contempla la construcción de una central de 200 Megavatios (que representa alrededor del 36% del pico de demanda energética de Gran Canaria) y 3,2 gigavatios/hora de almacenamiento, una estación desaladora en la costa de Arguineguín y las obras marinas asociadas, así como las instalaciones necesarias para su conexión a la red de transporte de la electricidad. Según la Consejería, esta infraestructura garantizará también la disponibilidad de 700.000 metros cúbicos para la agricultura y el riego de la zona.
El proyecto obliga a realizar cambios en el Plan Insular y en las normas de San Bartolomé y Mogán
Esta normativa, puntualizó, «afecta a los municipios San Bartolomé de Tirajana y Mogán, además del Cabildo de Gran Canaria, pues se ha constatado la disconformidad del proyecto con el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria, las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán, la Ordenanza Municipal provisional Zonas Libres del municipio de Mogán, así como la orden del consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad relativa al Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Macizo de Tauro II».
En consecuencia, el Ejecutivo regional también ha ordenado, de manera paralela, el inicio del procedimiento de modificación de los citados instrumentos de ordenación, en el plazo de seis meses desde la notificación del decreto, «respecto de todas aquellas determinaciones que resulten incompatibles con la ejecución del proyecto o bien no resulten suficientes para legitimar la ejecución del proyecto».
La construcción de la central arrancará con la creación de la desaladora en la desembocadura del barranco de Arguineguín, que se encargará de bombear agua de mar hasta llenar las dos presas. Se calcula que en esa operación se tardarán al menos dos años. La construcción de esa red de tuberías a lo largo del cauce del barranco es la que ha levantado más polémica medioambiental, al igual que la colocación de grandes torretas eléctricas en el Macizo de de Tauro o la bóveda que albergará la maquinaria.
Salto de Chira, el nombre con que ha rebautizado el Cabildo al proyecto iniciado hace más de una década, tiene como objetivo «garantizar una transición verde impulsada por una diversidad de avances tecnológicos y las energías renovables y así lograr una sociedad climáticamente neutra para 2050».
Red Eléctrica celebra el «paso decisivo»
El grupo Red Eléctrica Española (REE) celebró la aprobación del decreto y en un comunicado destacó la «vocación de servicio público» que ha dirigido el diseño del Salto de Chira, un recurso de almacenamiento al servicio del sistema eléctrico para la integración de todas las energías renovables, tanto las grandes instalaciones como las pequeñas para grandes empresas, familias o usuarios domésticos con autoconsumo. Salto de Chira aumentará un 37% la producción renovable sobre la que se generaría sin la existencia de la instalación, lo que elevaría la cobertura media anual de la demanda hasta el 51 % con generación renovable, que en momentos puntuales podrá ser mucho mayor. El paso dado por el Gobierno es «decisivo» para la obtención de las autorizaciones administrativas que permitirán acometer la construcción de la nueva infraestructura. | Efe
