Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) busca en una docena de municipios grancanarios un total de 295 viviendas de promociones residenciales que están a medio construir, para su compra bajo la modalidad de «llave en mano», esto es, que los promotores las rematen, para luego destinarlas directamente a su arrendamiento a un precio «asequible». La empresa pública de la Comunidad Autónoma de Canarias invertirá en esas compras hasta 7.500.000 euros en la Isla, con una programación fijada para que puedan ser entregadas en la segunda mitad de 2024 bajo la categoría de Viviendas Protegidas de Promoción Privada.
Las grandes crisis económicas e inmobiliarias han dejado por las calles numerosos ‘esqueletos’ de edificaciones, causando un gran impacto paisajístico y ocasionando en muchas ocasiones un riesgo de seguridad, además de que también ha derivado en que una parte haya sido ocupadas por familias, pese a que están muy lejos de reunir las condiciones óptimas de habitabilidad. Mientras, las listas de búsqueda de viviendas sociales alcanzan niveles muy elevados, pese a que es un derecho constitucional.
Visocan ha aprobado dos partidas que suman 7.500.000 euros para hacer frente en Gran Canaria a ambos problemas, por un lado el de aumentar la oferta de la planta vivienda pública y, por otro lado, tratar de dar respuesta a la demanda social.
Edificaciones en altura
El programa de adquisición en régimen de compraventa, en modalidad “llave en mano” de promociones de viviendas, establece dos lotes en Gran Canaria. Uno de ellos abarca compras en Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Brígida, Arucas, Gáldar, Agaete y Guía, en la que se busca 185 viviendas en conjunto. Y, un segundo lote para los municipios turísticos y de su entorno, que se extiende a San Bartolomé, Mogán, Agüimes, Santa Lucía e Ingenio, con otra propuesta para hacerse con la titularidad de 110 viviendas.
En cualquier caso, el concurso establece que se aceptarán propuestas del resto de municipios, que se valorarán en un única lista de reserva común, por si no se cubriera en los citados municipios.
Los promotores adjudicatarios deben terminar las viviendas en su totalidad y las entregarán a Visocan bajo la fórmula de «llave en mano», por lo cual la empresa pública regional podrá alquilarlas de inmediato desde que tenga todos los papeles.
Para ello, el vendedor se obliga a finalizar las obras del edificio en un plazo 19 meses desde la firma del contrato, además de acordarse algunos meses más para el papeleo. De ahí que la previsión es que puedan estar disponibles en un plazo de algo más de dos años, teniendo en cuenta que la recepción de ofertas concluye el 1 de marzo y que se establecen otros periodos de tiempo menores para que se entregue la documentación oficial que requiere el promotor, además del propio proceso de valoración de las ofertas presentadas y de la adjudicación.
Los edificios responden a una tipología residencial colectiva (edificios en altura, salvo ausencia de ofertas validas en el lote ofertado). Y deberán disponer de licencia municipal de obras que legitimó su construcción y obtener, en su caso al estar paradas con un tiempo variable, la prórroga de licencia cuando pueda haber caducado.
Las promociones deben estar incluidas en promociones iniciadas y en situación de obras inacabadas, en curso o paralizadas. En este caso, el porcentaje de ejecución de las obras preexistentes deberá ser superior al 25%.
El precio de venta se fija a razón de un máximo de 1.497,04 euros por metro cuadrado útil para los municipios ‘más caros’ en el mercado inmobiliario. Para el resto de municipios, el valor máximo de referencia se establece en 1.412,30 euros por metro cuadrado útil.
La iniciativa se extiende al conjunto de Canarias. El presupuesto máximo derivado de la adquisición de los inmuebles por Visocan, la ejecución de las obras de terminación, así como el resto de prestaciones asciende a 30 millones de euros.
La partida se distribuyen en cantidades similares de 15 millones entre ambas provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
En Lanzarote abarca a Arrecife, Yaiza y Teguise (50 casas en total); y, en Fuerteventura, a Puerto del Rosario, Pájara y La Oliva (50 viviendas). Cada una de las islas dispone de una partida de 3.750.000 euros.
Las zonas metropolitanas y perimetrales de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Candelaria, El Rosario, Tegueste, Tacoronte, Puerto de la Cruz, La Orotava y Los Realejos, cuentan con cuatro millones (315 viviendas). Y los municipios turísticos y perimetrales tinerfeños de Arona, Adeje, Guía de Isora, Santiago del Teide, San Miguel de Abona y Granadilla de Abona disponen de 3,5 millones (200 viviendas). En total, Visocan prevé obtener 515 casas en Tenerife bajo este plan de actuación.
Para La Gomera (el tamaño del conjunto optimo es de 25 viviendas), El Hierro (15 viviendas), y las localidades de La Palma de Santa Cruz de La Palma y Los LLanos de Aridane (65 en conjunto) se han reservado unas asignaciones de 2,5 millones para cada isla.
De esa forma, Visocan trata de cumplir con una de sus funciones como es la promoción de viviendas de protección oficial, dando prioridad a las viviendas sociales o de calificación similar.
