Los propietarios de los apartamentos Puerto Bello, situados en Puerto Rico, Mogán, reclaman a la Comunidad Autónoma cerca de un millón de euros por los daños causados en sus instalaciones durante el tiempo que funcionaron como centro de acogida de menores migrantes. Por ello, han decido apartarse como acusación particular del procedimiento que se sigue contra un marroquí que ocasionó daños en el complejo y cuyo juicio debió celebrarse ayer.
Así lo ha informado el letrado de la acusación particular que representa a Hermanos Medina La Herradura SL (propietarios Puerto Bello), Álvaro Campanario. Además, ha matizado que la parte económica de esta causa la reclamarán en un procedimiento aparte que se seguirá por el ámbito contencioso administrativo. Y es que, detalló, que ellos reclaman a la Comunidad Autónoma todos los desperfectos causados durante el tiempo que duró el contrato que se extinguió en julio de 2021 ya que las pérdidas han sido superiores a los beneficios obtenidos puesto que la tasación de los mismos asciende al millón de euros.
El complejo de apartamentos Puerto Bello estuvo gestionado por la ONG Respuesta Social ya que fue un establecimiento tutelado por el Gobierno de Canarias en el que se acogía a menores extranjeros no acompañados llegados en pateras.
En lo que respecta al procedimiento penal por los hechos ocurridos el pasado 8 de febrero de 2021 en el que figura como investigado Ahmed H., natural de Marruecos, la Fiscalía continúa con su solicitud de cinco años de prisión por el delito de desórdenes públicos en concurso ideal con atentado. Según el ministerio público, el acusado sobre las 22.30 horas de ese día «con ánimo de perturbar de forma grave la paz y tranquilidad del resto de los residentes del centro y de los trabajadores», así como con la intención de «menoscabar el patrimonio ajeno» de los apartamentos utilizó una pata de madera arrancada de una cama para iniciar una revuelta. El procesado estuvo acompañado de otros cuatro menores quienes portaban palos de madera, cadenas y/o cristales con los que «amedrentaban a los residentes» que no se sumaban al motín.
Los cinco involucrados, reseña la Fiscalía, provocaron una «alteración multitudinaria» en el recinto e instaron a los demás ocupantes a sumarse a ella, por lo que consiguieron ser seguidos por unos veinte menores. Así, estos causaron «destrozos» en todas las plantas del complejo que consistieron en rotura de los cristales de las puertas y de las ventanas, rotura de todo tipo de muebles y electrodomésticos e incluso tomas de luz. También «lanzaron diversos objetos como microondas, sillas o mesas por los balcones de las habitaciones de las plantas superiores hacia las inferiores».
A causa de esto, los educadores que se encontraban en ese momento en las instalaciones tuvieron que «esconderse por el temor causado» en una habitación de la planta inferior para evitar ser lesionados a la espera de la llegada de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Los agentes al llegar se encontraron con barricadas construidas con sillas, microondas y cristales en el suelo que, además, se tenían derramadas encima agua y jabón. para «impedir» el acceso de los funcionarios al interior.
Ahmed H. «lejos de deponer su actitud» y cuando supo que los agentes habían entrado al recinto provistos de cascos, defensas y escudos «ante el estado de agresividad, alteración y nerviosismo del grupo», resolvió lanzar, junto a sus seguidores, diferentes objetos a los funcionarios como garrafas de agua llena o pequeños electrodomésticos, que pusieron en riesgo la vida de los agentes. Finalmente, tras varias horas de actuación policial pudieron detener al encausado.
En este caso, los desperfectos causados fueron tasados en 10.092,42 euros que reclama el ministerio público como indemnización para los propietarios del complejo. Además, de los cinco años de prisión la Fiscalía interesa que se le imponga una multa de 7.200 euros y que, en el caso de ser condenado, se proceda a la expulsión de Ahmed H. del territorio nacional una vez se le conceda (si procede) la libertad condicional. Este juicio fue suspendido por el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial debido a que no fueron citados los testigos del caso.
