Unos 2 millones de eurosSan Bartolomé de Tirajana y otros 2,5 millonesMogán, ese es el dinero que tienen que destinar los ayuntamientos de este municipio para tener socorristas en todas las playas y cumplir así con el decreto del Gobierno sobre seguridad en las zonas de baño. A esto hay que sumar la inversión que tienen que hacer entre torres de vigilancia, lanchas y coches, según explican desde estos ayuntamientos.
San Bartolomé de Tirajana ya destina 700.000 euros en mantener el servicio de salvamento en Maspalomas, Inglés, Meloneras, San Agustín, y Las Burras, y tendría que implantarlo en la cala y piscinas naturales del Castillo del Romeral, en la Playa del Águila, Bahía Feliz, Pasito Blanco, Pasito Bea, Las Carpinteras, Triana y El Pajar, es decir en ocho zonas más de baño. Por su parte, Mogán ya dispone de vigilancia en Mogán, Taurito, Playa del Cura, Patalavaca, Las Marañuelas, Puerto Rico, Anfi y Amadores y tendría que implantarlo en las de Veneguera, Tiritaña, Medio Almud, Los Frailes y Tauro, es decir en otras cinco calas más.
En el caso de San Bartolomé de Tirajana, tal y como señaló ayer el edil del Litoral, Samuel Henríquez, aunque aún no se sabe si el Gobierno canario retrasa la aplicación de este decreto, ya se han previsto en los presupuestos municipales unos 2 millones de euros para hacer frente a las nóminas de los socorristas de todas las playas. La aplicación de la nueva normativa obligará a incrementar en 40 la actual plantilla de vigilantes en San Bartolomé de Tirajana, un trabajo del que se encarga ahora el personal de Cruz Roja.
Aunque está por concretar el plan de emergencia que hay que cumplir en cada playa, que varía en función del tamaño, Henriquez insistió en que van a tener que disponer de más medios humanos y materiales para dar cobertura a este servicio en todas las playas del municipio.
Por su parte, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, informó ayer que en total van a tener que contar con 108 socorristas para atender todas las playas porque aunque con 83 estaría cubierto el servicio hay que contemplar los turnos de vacaciones y libranzas. Para la regidora el problema de aplicar el decreto de seguridad va más allá del problema que supone encontrar a tanto socorrista formado, y del gasto «desproporcionado» que supone para el ayuntamiento puesto que se ha hecho una normativa que en Baleares solo se aplicará por tres meses y en Canarias es para todo el año, y además no se han tenido en cuenta las especificidades de cada isla. «Las playas de Gran Canaria no son iguales que las de El Hierro, por lo que se pueden imponer las mismas obligaciones», destacó. Asimismo, añadió que tener una zodiac solo para una pequeña playa como Tiritaña o un jefe de socorrista «es algo desproporcionado». También cuestionó los criterios para elaborar las estadísticas de ahogamientos en las playas porque un fallecido por infarto compunta como ahogado, y dijo que «muchos casos se producen por imprudencia del bañista».