La batalla iniciada por el Cabildo de Gran Canaria en el año 2016 para acabar con las vallas publicitarias que deterioran la imagen de isla no solo ha resultado «un estrepitoso fracaso», sino que el número de carteles ha aumentado en todas las carreteras y ahora se instalan donde antes no había. Ese es el análisis que realiza la Asociación para la Defensa del Árbol y del Paisaje (Adapa) y que puede comprobar cualquier ciudadano que transite por las autovías del Sur (GC-1) y del Norte (GC-2), donde arrancaron los planes para la eliminación total de las vallas.
La campaña para hacer cumplir las leyes de carreteras y despejar el horizonte de muros publicitarios dio resultados en los primeros años. Salvo en la parte de Telde, el principal punto negro de la degradación paisajística, en los demás municipios atravesados por la autopista del Sur se logró frenar la colocación de vallas mediante sanciones a los infractores.
Ayuntamientos como Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana empezaron a retirarlas a la fuerza y consiguieron erradicarlas casi por completo, pero sus terrenos junto a la carretera vuelven a llenarse de carteles. Ahora incluso con una fuerte iluminación, lo que aumenta el riesgo de accidentes, según denuncia la directiva de Adapa, que se muestra «totalmente decepcionada» con la actitud del Cabildo, los ayuntamientos, las empresas anunciantes y la propia sociedad civil, que no exige el cumplimiento de las leyes y no percibe el deterioro del paisaje como un problema.
Observatorio
Ante la proliferación de vallas en todas las carreteras y la inactividad del Observatorio del Paisaje de Gran Canaria, que al principio se reunía cada dos o tres meses y no se ha vuelto a convocar desde el inicio de la pandemia del Covid, Adapa ha encargado un informe jurídico de J. V. D. Abogados, firmado por Antonio Delgado Camprubí que concluye que el Cabildo de Gran Canaria también tiene competencias para retirar las vallas ilegales, algo que hasta ahora no ha intentado con el argumento de que la responsabilidad recae en los ayuntamientos.
De hecho, el gobierno insular de Antonio Morales ya ha concedido fondos públicos al Consistorio de Telde para aquellos casos en que los infractores se negaran a retirar las vallas de forma voluntaria y hubiera que acudir a los tribunales de justicia.
En sus tres conclusiones, el informe de Adapa explica en primer lugar que «en Canarias existe una prohibición general, fuera de los tramos urbanos, de instalar publicidad en las carreteras dirigida a los usuarios». Y añade que «los cabildos insulares y los ayuntamientos son, con carácter general, las administraciones competentes para velar por el cumplimiento de esta prohibición».
En segundo lugar, el dictamen jurídico sostiene que «los cabildos insulares tienen competencias administrativas sobre carreteras regionales e insulares, como la GC-1 y la GC-2, y los ayuntamientos tienen las mismas competencias respecto de carreteras municipales».
Como tercera conclusión, afirma que «la instalación de este tipo de publicidad constituye una infracción administrativa grave y muy grave en caso de reincidencia». En ese caso, subraya, «los cabildos y ayuntamientos titulares de la red viaria en Canarias cuentan con herramientas legales para sancionar estas infracciones y proceder a la retirada de la publicidad prohibida».
El informe analiza la normativa de la publicidad en las carreteras y especifica que tanto en la red viaria del Estado como en la de Canarias «la regulación establece (con literalidad casi idéntica) una prohibición general de publicidad fuera de los tramos urbanos, donde la velocidad máxima de los vehículos se reduce a 50 kilómetros por hora».
La prohibición viene establecida en ambas legislaciones por objetivos de seguridad viaria, a los que se debe supeditar la regulación del uso y explotación de las carreteras. Al respecto, recuerda que «la tensión entre seguridad vial y publicidad está reconocida desde hace tiempo por la jurisprudencia». Así, el Tribunal Supremo, en una sentencia del 9 de noviembre de 1998 estableció que «las vallas publicitarias están diseñadas por su dimensión, colores vivos, etcétera, para llamar la atención de los conductores, lo que puede provocar situaciones de peligro».
Factor de Riesgo
Tras recordar que el impacto de la publicidad en la conducción está reconocida como un factor de riesgo por la propia Dirección General de Tráfico (DGT), el dictamen jurídico de Adapa resalta que la prohibición general fuera de tramos urbanos también viene motivada por la defensa de la naturaleza y el paisaje.
En concreto, la Ley de Carreteras del Estado señala que «por razones medioambientales y de seguridad viaria se regula la implantación de publicidad, que en carreteras será posible únicamente en tramos urbanos». Esa norma añade que, como consecuencia de lo anterior, «se faculta al personal al servicio de las carreteras para la retirada inmediata de elementos no autorizados que se ubicasen en el dominio público de la carretera o en equipamientos de la misma».
La directiva del colectivo ciudadano Adapa, presidida por Rafael Molina Petit, encargó el informe jurídico ante la proliferación de vallas en las dos autovías de Gran Canaria y la pasividad del Cabildo y los ayuntamientos, que en algunos casos son también incumplidores de las leyes al poner anuncios en esos carteles.
Malos ejemplos
Adapa lamenta que algunas empresas del sector turístico o directamente relacionadas con esa actividad también se anuncien en esas vallas ilegales, cuando tendrían que ser las primeras en «dar ejemplo» en el cuidado del paisaje y el medioambiente para atraer más visitantes a la isla. La patronal turística y los grupos ecologistas sí han apoyado la erradicación de los carteles, pero hasta ahora ha servido de poco.
Adapa reclama que se siga el ejemplo de islas como Lanzarote o La Palma, donde no existe ese tipo de publicidad y tanto sus instituciones como su población tienen interiorizado que se debe proteger el medioambiente. Con ese objetivo se creó el 8 de agosto de 2016 el Observatorio del Paisaje de Gran Canaria, encabezado por Antonio Morales y varios consejeros del Cabildo -entre ellos el actual presidente regional Ángel Víctor Torres-, alcaldes, empresarios y representantes de Adapa.
Tras el acto de constitución, se anunció que el Cabildo se proponía desmantelar todas las vallas de la autovía del Sur antes de que acabara ese año 2016. Días después, el 20 de agosto, se dio a conocer el recuento de infracciones y se contabilizaron 149 vallas ilegales en la GC-1, la gran mayoría en Telde, un total de 107. El resto estaba en Agüimes (16), Santa Lucía de Tirajana (14), San Bartolomé (7) e Ingenio (5).
A finales de enero de 2017 se anunciaron los primeros resultados de la campaña y Morales detalló que los ayuntamientos estaban logrando frenar la instalación de carteles. El 14 de marzo de 2017 se informó que en Santa Lucía quedaban seis por retirar y en Agüimes solo una, pero también se constató el fracaso en Telde, donde habían aumentado en un 10%.
Intensificar la batalla
Ante ello, el 21 de junio de 2017 se acordó intensificar la batalla contra los infractores con una subvención al Ayuntamiento de Telde, de 93.000 euros, para que procediera a la retirada forzosa de las 100 vallas que aún quedaban. Se puso una nueva fecha para la erradicación total: a final de ese año.
En junio de 2018 se detectó una proliferación en la autovía del Norte y el Observatorio emplazó a los ayuntamientos de Agaete, Gáldar, Guía, Moya y Arucas a tomar medidas. Una semana después, el Plan de Regeneración de la GC-2 contabilizó 38 a retirar.
A principios de 2019, con la llegada de la campaña electoral, se constató que los propios alcaldes y varios partidos políticos utilizaron esas vallas para publicitarse, sobre todo los del mismo color político del gobierno insular. Desde entonces, según denuncia Adapa, el Cabildo dejó de interesarse en retirar las vallas y destinó los esfuerzos económicos a eliminar los grafitis. Actualmente hay muchas más que en 2016. A falta de medio año para los comicios, ya se empiezan a ver candidatos en ellas.
