La reparación del viaducto del Guiniguada se dispara a 11,2 millones al aparecer más defectos

El coste de las obras de emergencia para la reparación del viaducto del Guiniguada se ha disparado de los 400.000 euros presupuestados inicialmente hasta los 11,2 millones de euros, una cifra provisional y que aún podría aumentar más, tras haberse detectado también «graves defectos de ejecución relativos a la fase de construcción de la estructura». 

El incremento se justifica por la pretensión de «recuperar, en la medida de lo posible, la capacidad estructural prevista en el proyecto original» del viaducto y «corregir la expectativa de durabilidad, la cual se ha visto reducida».    

Así se recoge en un acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo, en su reunión del pasado lunes, que ratifica la declaración de emergencia emitida en julio de 2022 y que ordena la continuación de las obras en esos puentes de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria. El tráfico de vehículos de más de 3.500 kilógramos sigue prohibido en sentido norte-sur. 

A la vista de los últimos informes técnicos de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, los trabajos adjudicados a la empresa Freyssinet se elevarán a 11.199.537 euros, sin IGIC, un presupuesto que «puede sufrir variaciones según el avance de las obras y las características de las soluciones a adoptar». 

La propuesta de acuerdo fue elevada al gobierno insular el pasado jueves, 13 de julio, por el nuevo consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, con el objeto de dar cuenta de la contratación de las obras en ambas calzadas de la carretera GC-3, en el tramo que cruza el barranco del Guiniguada, y ratificar la emergencia de esas actuaciones, iniciadas desde hace más de un año. 

El gasto aún puede aumentar con el avance de las obras y las soluciones que se adopten

El documento recuerda que mediante una resolución del entonces vicepresidente primero del Cabildo y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad, Miguel Ángel Pérez del Pino, el 4 de julio de 2022 se declaró de emergencia la citada actuación, a la vista del informe del Servicio Técnico de Obras Públicas e Infraestructuras de ese mismo día, en el que «se señalaba la necesidad» de ejecutar las obras de reparación del viaducto «de forma inmediata», para «eliminar las situaciones que producían grave peligro a los usuarios de la GC-3, y con el fin de devolver el viaducto al uso público con total seguridad». 

En esa resolución se acordó adjudicar las obras a la empresa Freyssinet, S.A.U., «señalándose un presupuesto estimado y provisional de 400.000 euros». En esas fechas se calculó que los defectos encontrados en una revisión rutinaria de las columnas de los puentes se podrían reparar en unas semanas, a tiempo para las guaguas pudieran circular hacia el Campus de la Universidad en el inicio del curso.  

Valoraciones

Sin embargo, el 21 de septiembre de 2022, el Servicio Técnico de Obras Públicas e Infraestructuras emitió un nuevo informe sobre la valoración de las obras de emergencia, «indicando que el presupuesto de los trabajos correspondientes a la reparación del viaducto, que se encontraba sujeta a posibles ajustes, ascendía a 4.586.198 euros». 

Tres semanas después, el 10 de octubre de 2022, ese departamento del Cabildo emitió un informe complementario, en el que aclaró que «el presupuesto se corresponde con las obras que fueron declaradas de emergencia el 4 de julio de 2022», indicando asimismo que «la reparación estructural, en cuanto al pretensado exterior, ascendería a 4.586.198 euros».  

El 16 de mayo de 2023 se conoce otro informe en el que se pone de manifiesto «la situación de las estructuras E-14 y E-15 del viaducto, refiriendo las actuaciones a realizar, las cuales son de emergencia ya que tienen la función de garantizar la capacidad estructural de los viaductos y restablecer las condiciones funcionales de la actual GC-3 en el tramo en cuestión, y ello, sin perjuicio de que se estima que exis ten graves defectos de ejecución relativos a la fase de construcción de la estructura».

Los últimos informes de Obras Públicas sostienen que la «durabilidad» del puente se ha reducido

A la vista del estado de las dos estructuras y de las obras a ejecutar en ellas, se concluye que el gasto de ejecución por contrata se verá incrementado respecto a lo presupuestado previamente hasta la cantidad de 11.544.066 euros.  

Tres días más tarde, el 19 de mayo de 2023, se emite otro estudio relativo a las patologías detectadas en las estructuras E-14 y E- 15 y la previsión de incremento presupuestario resultante. En este informe «se vuelven a señalar los desperfectos del viaducto, incluyéndose el anexo del presupuesto por importe de 11.543.614 euros, IGIC excluido, y es donde se aclara que a través de los trabajos que se realizan «se pretende recuperar, en la medida de lo posible, la capacidad estructural prevista en el proyecto original» y «corregir la expectativa de durabilidad la cual se ha visto reducida». 

El 7 de junio se emitió otro informe, esta vez sobre «el incremento económico de las obras y la externalización de la dirección facultativa de las mismas». En ese documento «se señala que las actuaciones de emergencia que se realizan tienen como función garantizar la capacidad estructural de los viaductos durante un tiempo prudencial y restablecer en la medida de lo posible las condiciones funcionales de la actual GC-3».

Además, manifiesta que las actuaciones que se definen en el informe y que motivan la emergencia y el incremento presupuestario «engloban actuar sobre los tres primeros vanos de las estructuras, que son los que presentan los graves problemas expuestos, realizándose solo y exclusivamente las obras necesarias para el restablecimiento y mantenimiento de las condiciones estructurales de aquellos vanos en los que un mayor deterioro en el pretensado podría dar lugar al colapso de la estructura, para así conseguir el restablecimiento y mantenimiento de las condiciones de la carretera tal como viene recogido en el decreto de 2002 de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canaria a los Cabildos Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las Carretera de Interés Regional». 

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