Isabel Mena: «Estamos en un momento crucial en la lucha contra la violencia machista»

Esta semana se ha conocido que el Cabildo no ha pagado desde enero a las ONG que gestionan los centros de menores y que la deuda actual es de 9,1 millones de euros. ¿Por qué se ha llegado a esa incomprensible situación?

En primer lugar hay que decir que la atención a los niños y niñas en situación de desamparado en Gran Canaria está garantizada, los centros están funcionando con absoluta normalidad. Además, es una de las islas con más capacidad de acogida y, de hecho, es la que más menores en desamparo está atendiendo. Incluso en los peores momentos de crisis humanitarias que hemos vivido fuimos capaces de dar respuesta desde el Cabildo. Otra cuestión son los problemas burocráticos que han acompañado a la gestión de menores desde hace muchísimos años, por los convenios que ya caducaron en su día y que tienen que ser sustituidos por un contrato. Esto ha llevado a que los contratos estén en situación de nulidad. Ojalá la burocracia no fuera como es, pero esa nulidad hace que los pagos se retrasen en ocasiones. Es lo que ha ocurrido, pero ya se está pagando a los agentes sociales, unos han cobrado y otros están en proceso de cobro. 

El interventor del Cabildo lleva poniendo reparos desde 2016 y advirtiendo de esa situación de precariedad desde mucho antes. ¿Por qué se tarda tanto en preparar esos nuevos conciertos?

Es cierto que los problemas con el contrato de menores comenzaron hace casi dos décadas, en las que dicho contrato nunca ha estado exento de polémicas e incluso llegó a estar judicializado. Por cierto, sin ninguna base, pues todos los trabajadores públicos y políticos a los que se denunció fueron luego absueltos. En el mandato pasado se sacó en dos ocasiones el contrato a concurso público y en ambas el pliego fue impugnado. Por tanto, no se pudo adjudicar. En este momento nos encontramos trabajando en el pliego del concierto para estabilizar la relación que tenemos con las entidades del tercer sector con esta nueva figura que nos da la ley. Esperamos que antes de que acabe el año ya esté resuelto ese problema.  

¿Cómo han sobrevivido durante estos ocho meses esas asociaciones sin ánimo de lucro? 

Los menores han sido atendidos por todos los centros con absoluta normalidad. Son entidades que también trabajan con entidades bancarias y con mucho esfuerzo, y eso hay que agradecerlo, han mantenido los centros sin problemas. 

¿Cuántos menores están ahora a cargo del Cabildo? 

En estos momentos el Cabildo tiene casi a 500 menores. Siempre nos movemos entre 470 y 500. En el año 2020 lo superamos con creces debido a la crisis humanitaria. Hay todo tipo de perfiles, desde niños pequeñitos hasta adolescentes de 17 años. De hecho, por primera vez en la red están entrando bebés muy chiquititos. Y la mayor parte de ellos son de aquí, de la propia isla, y esto me parece importante destacarlo porque sobre la red de acogida de menores hay mucha mitología. Son grancanarios, o que han venido de Lanzarote y Fuerteventura porque tenemos centros especializados.

¿Por qué causas quedan esos niños en desamparo?  

Porque están en un ambiente de desestructuración familiar o porque por motivos diversos se les ha retirado la tutela a sus padres. Esos son los que atiende el Cabildo, mientras que el Gobierno de Canarias se encarga de los menores con medidas judiciales en centros juveniles como el de La Montañeta.    

Los menores migrantes también quedan a cargo del Gobierno de Canarias, ¿puede el Cabildo implicarse en su atención ante el aumento de llegadas en los últimos meses? 

Podemos y lo hemos hecho. Cuando comenzó la crisis humanitaria el Gobierno de Canarias no tenía centros de emergencia y fue el Cabildo la primera institución en dar un paso al frente y empezar a acoger a los migrantes. Nuestra red tuvo que crecer de forma urgente y una parte una parte de los menores son migrantes, sobre todo los que se puede determinar la edad. Cuando sabemos que son pequeños y que aún les quedan años de acogida es preferible que estén en la red del Cabildo, que es mucho más estable que los centros de acogida inmediata del Gobierno de Canarias.

¿Cómo evoluciona la curva de plazas necesarias en esos centros? Incluso dejando al margen que pueda haber un repunte de llagadas de menores migrantes, ¿se podrán atender las futuras demandas con los actuales recursos?

Gran Canaria es la isla que tiene mayor red de acogida, lo que garantiza que podemos seguir atendiendo. Si no fuera así, obviamente la haremos crecer a través de la apertura de centros de emergencia, como hemos hecho siempre. Todos los menores en situación de desamparo tienen la garantía de que van a estar atendidos por el Cabildo. Antes de final de año esperamos publicar el concurso público que garantice también una mayor estabilidad administrativa a la red de menores, pero también está la vía de urgencia para abrir más centros.    

El nuevo pacto de gobierno entre NC y PSOE tiene como primer eje estratégico de este mandato «la lucha contra las desigualdades y políticas de atención a las personas», pero solo se cita de forma específica la creación de 2.000 plazas de atención sociosanitaria, sin aclarar si son las ya programadas o de nueva construcción. ¿Puede concretar cuántas plazas existen actualmente, cuántas están en marcha y cuántas se necesitarían para acabar con las listas de espera? 

En los últimos cuatro años hemos pasado de atender a algo más de 5.800 usuarios en la red sociosanitaria del Cabildo a atender a día de hoy a 8.048 personas. Ha sido un crecimiento de más de 2.000 usuarios a los que se prestan servicios, no solamente en residencias de mayores, sino en centros de día o en atención a domicilio. La apuesta decidida en el último mandato fue por los centros de estancia diurna, pero también por los servicios domiciliarios, que no se prestaban antes en Gran Canaria. Ahora tenemos ayudas especializadas que se prestan en casa, para mayores dependientes y también de promoción de la autonomía personal. Y vamos a seguir explorando esa vía. 

¿Cómo?

Actualmente prestamos más de 340.000 horas anuales de servicios de ayuda a domicilio, pero nuestra intención es seguir creciendo en ayuda domiciliaria para garantizar que las personas puedan estar el mayor tiempo posible en su casa, en su entorno y con su familia. ¿Por qué hay tanta lista de espera en las residencias, históricamente y en todas las islas? Pues porque no había otra cosa. Hoy, la lista de espera en Gran Canaria para residencias es alta, pero está siempre controlada en torno a unas 1.800 personas. No ha seguido creciendo porque se han dado respuestas a través de esos servicios complementarios. Eso no implica que no queramos crecer en plazas de residencias. Ya se han terminado algunas de las estaban en el Plan de Infraestructuras, como las de La Aldea, Artenara, Gáldar o Guía. Se están finalizando las residencias de Teror, San Francisco de Paula y Tamaraceite, donde hay otra prevista. Estamos hablando de centros que ya están puestos a disposición de la ciudadanía, como también la ampliación de El Sabinal o Taliarte, o que ya están en proceso de construcción. Cualquiera puede ver los edificios ya levantados. Ahora queremos seguir haciendo ese esfuerzo en plazas de centros de día y residenciales, con obras emblemáticas como las del Psiquiátrico, el antiguo edificio de la Tesorería de la Seguridad Social en la calle León y Castillo o el colegio de los Salesianos de Guía. Estas son las que suman las 2.000 plazas de centros sociosanitarios, a las que se añaden los servicios domiciliarios, que cada vez son más demandados.     

¿Y cuál que el perfil del solicitante de ayudas a mayores?

Por suerte, lo que dice la ley en el caso de los mayores es que hay que trabajar la autonomía personal. Y muchas de las personas que pueden valerse por sí mismas o que solo necesitan un poco de apoyo ya están optando por los servicios domiciliarios, incluso para compatibilizar el trabajo de sus cuidadores, que suelen ser los familiares. La mayoría de solicitantes de residencias son personas dependientes de alto requerimiento, que necesitan una atención de 24 horas al día y, por tanto, donde mejor están es en una residencia. Lo ideal es que cada vez haya más servicios domiciliarios o de estancia diurna. Las residencias deben mantenerse, pero para cuando estar en casa ya sea imposible, en los últimos momentos de la existencia. Lo que no es de recibo es que a las personas se las meta en una residencia cuando todavía les queda mucho tiempo de vida y tienen años de autonomía para seguir en sus hogares. A eso es a lo que tienden los servicios sociales de nuestro entorno. 

¿Esa prioridad por la atención a los más necesitados se reflejará en los Presupuestos del Cabildo de 2024? Sobre el porcentaje total, los aumentos en los últimos años son pequeños. 

Hemos crecido. En el último ejercicio presupuestario esos servicios subieron en 1,7 millones. Y en el año 2024 el incremento será aún mayor por la puesta en marcha de más plazas y servicios a domicilio. 

Usted ha asumido también el área de Igualdad. ¿Qué actuaciones prevé para estos cuatro años?

Estamos en un momento crucial en el que las administraciones públicas tenemos que hacer una apuesta decidida por la igualdad de género, la lucha contra las violencias machistas y la protección de las mujeres, porque todavía tenemos que hablar de protección de las mujeres. Primero hay que hacer muchas campañas de sensibilización porque, desgraciadamente, nos encontramos en un momento histórico porque las luchas feministas y todas las políticas que se han desarrollado en este país para proteger a las mujeres y luchar contra la desigualdad se están poniendo en duda por determinadas fuerzas políticas que están representadas en las instituciones. Estamos sufriendo un ataque para intentar retroceder en todo lo conseguido por las mujeres a lo largo de las últimas décadas. Esto supone que las administraciones públicas que aún estamos en la senda del progreso tenemos que redoblar esfuerzos para garantizar que todos esos derechos que se están atacando sigan formando parte de los derechos de los ciudadanos. Hay que ir de la mano de las organizaciones feministas porque no hay que olvidar nunca que han sido esas organizaciones feministas las que han traído a la sociedad hasta aquí, hasta donde estamos ahora en la erradicación del machismo. 

¿Con qué actuaciones? 

Primero vamos a seguir reforzando la ley de atención a las víctimas de violencia de género. Y atendiendo además a otras realidades de violencia que son nuevas y que hay que frenar, como la ciberviolencia. Hemos puesto en marcha un programa especializado, hace solo unas semanas, para ayudar a las víctimas de la ciberviolencia. También hay que atender a sectores de mujeres que han estado habitualmente discriminadas, como son las mujeres prostituidas, las que son víctimas de tratas y de explotación sexual. Trabajamos con ellas con proyectos como el Daniela de Oblatas.  

La burocracia ha retrasado el pago a las ONG de los centros de menores, pero están cobrando

El caso de las jugadoras de fútbol parece que ha supuesto en España un antes y un después en la lucha contra el machismo. ¿Es ese el camino? 

El camino que se debe emprender no es solo por parte de las mujeres. No podemos pretender que Jenny Hermoso, que en este caso ha sido la víctima, y el resto de las jugadoras de fútbol sean las que lleven todo el peso de la lucha. Es el camino que debe seguir la sociedad. Desde luego, el caso de las jugadoras de fútbol, que ha demostrado el enorme machismo que hay en el deporte rey y probablemente en todo el entorno deportivo, también ha demostrado que la sociedad española está muy por delante de los discursos del retroceso. La ciudadanía, en su mayoría, se ha situado en defensa de las jugadoras, que han sido claras víctimas de ataques machistas. Toda mi admiración por ellas porque siguen en una lucha constante que las está llevando a cambiar la historia del fútbol en este país.    

En la nueva corporación del Cabildo hay 18 hombres frente a 11 mujeres. La diferencia es aún mayor en los cargos intermedios y asesores. Parece que la igualdad no ha llegado a la institución y que no son partidos políticos los primeros en dar ejemplo.

Pues esta es una prueba de que queda mucho por avanzar en igualdad. Hemos legislado en este país y tenemos listas electorales que deben ser paritarias en un 40-60%, pero el hecho de que las candidaturas no se ordenen en el llamado sistema de cremallera, como hace el PSOE al tenerlo obligado por estatutos, hace que al final sean siempre los hombres los que van por delante. No podemos olvidarnos que en este momento la mayor parte de la sociedad española son mujeres y, por tanto, las instituciones tienen que representar fielmente a la sociedad. Nos queda mucho camino en la igualdad y ojalá no tuviera que hacerse porque lo obliga la ley, sino porque la sociedad ha avanzado lo suficiente para que no ocurra esto. Esta es la prueba, pero no solo en el Cabildo, pasa en todas las instituciones. Vemos como se va conformando el Gobierno de Canarias y el Consejo es paritario, pero de ahí hacia abajo va descendiendo el número de mujeres en viceconsejerías y directores generales.   

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