El fiscal entiende que sobran prueba para condenar. Las defensas, en cambio, que el juicio nunca debió celebrarse porque se han vulnerado derechos fundamentales en la entrada y registro de la celda de Dimas Martín, la intervención de su correspondencia y la grabación de conversaciones telefónicas en las que habla con sus abogados. Sin embargo, pese a lo abrumadora de toda esa prueba, el fiscal se mostró convencido de que, en el peor de los casos, si la Audiencia de Las Palmas concede parcialmente la razón a las defensas, sigue existiendo material para condenar que no estaría contaminado por esa nulidad en cadena. Se refiere a la confesión de José Miguel Rodríguez, el concejal de Hacienda que despachaba a diario con Dimas Martín para agilizar trámites, frenar el pago de deudas u ordenar el abono de facturas. Rodríguez no solo admitió el amaño de las facturas pagadas a Batllori, sino que devolvió 16.941,18 euros. Por eso el fiscal propone una pena menor para él, de un año de cárcel y tres de inhabilitación. La defensas, sin embargo, ven un interés espurio para salir beneficiado. Manuel Reyes
