La presidenta del PP de Lanzarote y diputada en el Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha calificado como "decreto de mínimos", "parche" y de "talante simplista" el proyecto de decreto que aprueba el Reglamento de las Viviendas de Uso Turístico en la comunidad autónoma, que el Ejecutivo regional sacó a información pública el pasado 23 de diciembre.
Pérez, quien ha anunciado que presentará alegaciones al texto, echa en falta una regulación basada en una idea sobre el territorio, ya que, en su opinión, "obvia el verdadero problema que no es otro sino la readaptación del modelo de desarrollo turístico y un planteamiento de una ciudad turística donde se pueda asumir el uso residencial, la creación de nuevos productos, de actividades complementarias y diversificar la oferta".
La política popular destacó la necesidad de regular la actividad turística para evitar la competencia desleal, pero a la vez criticó que la nueva normativa, "lejos de ser producto del diálogo y el consenso con las diversas asociaciones de defensa del alquiler vacacional, sigue dejando sin posibilidades de regularización a los apartamentos turísticos, los Bed&Breakfast (B&B), a las P2P (economía compartida) o a las viviendas donde puede existir posibilidad de uso compartido y a las viviendas que no tengan autorización de la comunidad de propietarios para establecer un uso turístico". Añadió que el reglamento "plantea grandes dudas sobre el procedimiento que se establece de comunicación previa de inicio de actividad con declaración responsable".
La diputada del PP considera que "existen importantes vulneraciones de derechos legales -como es la intromisión al derecho a la propiedad- y no se entra a regular actividades que ya están en marcha en otras comunidades autónomas y en el resto de Europa que están dando excelentes resultados". Entre sus propuestas, sugirió que las viviendas turísticas puedan ser cedidas a un único usuario o en régimen de alquiler por habitaciones bajo la denominación del Bed & Breakfast, "una oportunidad de diversificar la oferta turística, ya que con su regulación saldrían ganando propietarios, turistas y administración". A su vez, exigió suprimir la autorización vecinal para ejercer la actividad del alojamiento vacacional.
