Tres años después de su cierre cautelar la bodega Stratvs, del empresario lanzaroteño Juan Francisco Rosa, puede reabrir de nuevo sus instalaciones en el paisaje protegido de La Geria (Yaiza). La sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha acordado el levantamiento del cierre cautelar ordenado en diciembre de 2013 por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas por carecer de cualquier tipo de autorización desde el punto de vista administrativo y sanitario. El juzgado decretó el cierre cautelar durante cinco años.
Stratvs, que se había convertido en una de las bodegas más importantes de Canarias tras haber recibido en el año 2013, de manos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el Premio Alimentos de España al Mejor Vino por su Moscatel Licor 2006, tiene vía libre para reiniciar su actividad al menos hasta la celebración del primero de los juicios a los que se enfrenta previsto para junio de este año.
"La medida cautelar se acordó hace ya tres años, un tiempo excesivo para cualquier medida cautelar, incluso de las más gravosas, como podría ser la prisión provisional. El perjuicio que se puede irrogar al titular de la actividad, cuando de momento está asistido por el sagrado principio de presunción de inocencia, concluida ya la instrucción, debe ser valorado en sus justos términos", destaca el auto de la Audiencia, entre cuyos ponentes está el juez Salvador Alba.
Lo que comenzó como una investigación por vertidos de aguas residuales en un espacio protegido se transformó poco después en una de las 'macrocausas' más importantes de Lanzarote al estar implicados hasta 17 personas entre técnicos del Gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Yaiza, el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes (con múltiples condenas por corrupción urbanística) y la actual alcaldesa de Yaiza y parlamentaria regional del partido Unidos por Yaiza, aunque en la lista de Nueva Canarias, Gladys Acuña.
La Fiscalía de Canarias, que califica la construcción y el funcionamiento de la bodega como el "mayor atentado ecológico" que ha sufrido la isla de Lanzarote durante las dos últimas décadas, ha solicitado 15 años de cárcel para Juan Francisco Rosa, diez años para el arquitecto y copropietario de los terrenos de la bodega Miguel Ángel Armas Matallana; siete años para el exalcalde de Yaiza Juan Francisco Reyes; y tres años y diez meses para Gladys Acuña a la que se le pide también 10 años de inhabilitación para Acuña por los presuntos delitos de prevaricación urbanística y prevaricación medioambiental.
La Audiencia, que ya había denegado la reapertura de la bodega en otras dos ocasiones, destaca que "lejos de apreciar una contradicción entre lo valorado por la Sala en su día y lo que hoy se valora en esta resolución, debe complementarse con los nuevos documentos que se aportan, de los que se deducen las anteriores conclusiones. Pero lo que lleva a esta Sala a concluir la procedencia del alzamiento de la medida cautelar es que una medida cautelar del alcance de la acordada en el año 2013 no puede mantenerse en el tiempo de forma indefinida, sobre la base de unos indicios que, ahora en juicio oral, deberán convertirse en prueba pues de lo contrario, se habría causado un perjuicio a la actividad del solicitante de difícil reparación".
El auto de la Audiencia recalca que será en sede judicial donde se debe entrar a valorar "los nuevos informes aportados por el solicitante como se valoraron en su día los indicios aportados por la acusación y valorados por el juez de instrucción, esto es, la posible legalidad del sistema de depuración, los recientes análisis de muestras de tierra y la posible inexistencia de red hídrica en La Geria".
La Audiencia destaca que en la nueva solicitud "se aportan numerosos documentos, e incluso, informes periciales que evidencian, salvo prueba en contrario y cuando sean sometidos a contradicción en el plenario así se verá, la inexistencia de una red hídrica en el paraje en el que se sitúa la bodega y se aportan indicios que serán objeto de valoración en fase de prueba, de la inexistencia de vertidos contaminantes emanados de la bodega".
La Audiencia recuerda que el alzamiento de la medida cautelar no va a perjudicar la instrucción de este caso "o haría desaparecer indicios o pruebas necesarios para el enjuiciamiento, pues lo que ya está en el procedimiento está, y no puede retrotraerse el mismo para la aportación de nuevos indicios".
Asimismo, el nuevo auto de la Audiencia indica que el l Ministerio Fiscal "en el informe de solicitud de alzamiento de la medida cautelar no analiza los informes o documentos aportados por el solicitante y se limita a insistir en el mantenimiento de la medida cautelar. Por ejemplo, discute el fiscal el sistema de depuración de la bodega, cuando tal circunstancia deberá ser valorada en el acto del juicio, pues de momento no se puede concluir sobre la ilegalidad del mismo sin prejuzgar todo el material probatorio que se une a la causa y que es voluminoso".
La investigación llevada a cabo puso de manifiesto que los propietarios de Stratvs solicitaron licencia para rehabilitar una vivienda y construir un almacén-bodega de 900 metros cuadrados en el paraje protegido de La Geria, pero demolieron la vivienda, levantaron una más grande y abrieron un restaurante, una tienda, una terraza y una bodega. En total, 12.000 metros cuadrados y, parte de ellos, en terrenos ajenos.
El Plan de La Geria en la trastienda
- El empresario Juan Francisco Rosa sostiene en las alegaciones presentadas ante la Audiencia para solicitar la reapertura de la bodega que sus instalaciones pueden ser legalizables una vez se apruebe el Plan Especial del Paisaje Protegido de la Geria. Un documento que precisamente ha sido anulado por los tribunales y que deberá ser redactado de nuevo por el Cabildo. De hecho, Podemos alertó en su momento que las modificaciones planteadas en su día por el Cabildo tenían como objetivo facilitar la legalización de esta bodega. En sus alegaciones, Rosa asegura que "incluso en el caso de que se pueda concluir que las licencias concedidas para la construcción del complejo y de la actividad de la bodega no se ajustaron en su momento al ordenamiento jurídico, resulta irrefutable que dichas instalaciones han sido legalizadas o, cuando menos, resultan legalizables y por lo tanto atípicas, desde la aprobación de dicho Plan Especial". Rosa critica también que el cierre "ha provocado daños en las instalaciones por la existencia principalmente de roedores".
